Caso Saraguro: audiencia por las movilizaciones del levantamiento indígena

“Vi que a una señora le arrastraban, le maltrataban y era una compañera de la comunidad ella estaba embrazada. Yo sabía que estaba embarazada porque su hija estudia en la escuela donde yo trabajo, entonces me acerque a decirles a los policías que son inhumanos que porque hacen eso con la señora. A lo cual un policía gritó: “cójanlas a todas” y nos fueron llevando sin respetar. Una señora que se acercó a defenderme que es mi vecina también le fueron llevando”, dice María Luisa Lozano que fue detenida el 17 de agosto del año pasado en la comunidad Las Lagunas, en el cantón Saraguro de la provincia Loja. Esto  mientras se desarrollaba el levantamiento indígena y paro nacional.

Mañana, 21 de marzo de 2016,  María Luisa junto a José Manuel Cartuche, Atahualpa Yupanki Macas, Julio Aurelio Sarango, Julio Aurelio Lima, Servio Amable Angamarca, Asunción Zhunaula, Ángel Polivio Medina, Delfín Reinaldo Japón y Karina Montero irán a la audiencia de llamamiento a juicio por el presunto delito de paralización de servicio público tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona este delito con una pena de 1 a 3 años de prisión.

La audiencia se instalará a las 08:30 en el Tribunal de Garantías Penales de Loja para las 10 personas del caso #29deSaraguro. La audiencia será del 21 de marzo al 8 de abril.

Según Luis Guamán, abogado de los #29deSaraguro, en este caso 31 personas fueron procesadas. De ellas, dos mujeres fueron absueltas y las restantes continúan el proceso que se divide en dos.

Uno, son las 10 personas que mañana van a juicio, de ellas cuatro fueron vinculados al proceso, es decir, que no fueron detenidas en contexto del levantamiento: José Cartuche, Atahualpa Macas, Julio Lima y Julio Sarango. Ellos fueron vinculados el 21 de septiembre de 2015, es decir, 34 días después de las movilizaciones del 17 de agosto.  Los 6 restantes fueron detenidos cuando se realizaba el levantamiento y pasaron 16 horas incomunicados. Excepto Delfín Japón que fue detenido es día pero lo dejaron libre porque sufre una discapacidad. Mañana irá audiencia junto a los demás.

En el segundo proceso están las 19 personas, que tras ser detenidas el 17 de agosto en Saraguro fueron investigadas  y recibieron un dictamen abstentivo por parte de la Fiscalía de Saraguro, con ello se les liberó del delito de paralización de servicio público. Sin embargo, la Fiscalía de Loja emitió un dictamen revocatorio al dictamen abstentivo y las 19 personas serán  llamadas  nuevamente a la audiencia preparatoria de juicio.   Al momento, se espera la notificación para la diligencia, dijo Guamán.

El ingreso de la Policía y militares al pueblo Saraguro, y las detenciones ocurridas fueron calificadas como acciones viola
toria de derechos humanos. Así lo denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Mediante un boletín señalaron que:

 “Las personas fueron golpeadas, esposadas, detenidas y llevadas en un bus que iba custodiado por cientos de policías. Estuvieron 16 horas incomunicados. Sus familiares no fueron informados del lugar al que fueron llevados. Al ir al batallón de Loja a buscarlos se les negó la información”.

Además, aseguran que hubo decenas de personas golpeadas, maltratadas y muchas de ellas estaban en sus casas cuando la Policía ingresó a sus hogares a detenerlos.

 Según  Darwin J. “En el sector de San Vicente se realizaba una medida de hecho del pueblo Saraguro de manera pacífica, se dio la represión brutal por la fuerza pública sin respetar a personas mayores, mujeres y niños que estaban en el sector. Lo más preocupante es que la fuerza pública, militares y policía ingresaron a territorios comunitarios de Lagunas, Ilincho y Gunudel donde ingresaron a las casas y habitaciones maltratando sin compasión a la gente que se encontraba en la casa, que ni siquiera había salido a la movilización y tomando presos a muchos de ellos. Se les llevaron esposados y no se tiene información. De igual manera en el centro de Saraguro, existe un ataque brutal a la población incluso atentando contra la propiedad privada donde están bombas lacrimógenas que son alimentadas desde un helicóptero que sobrevuela la ciudad”.

La presencia de policías y militares en el cantón Saraguro y sus comunidades indígenas fue justificada en su momento  con la figura de estado de excepción a nivel nacional que fue emitida el 15 de agosto por el Ejecutivo ante la posible erupción del volcán Cotopaxi.

Esta disposición se dio en medio de las movilizaciones sociales que se desarrollaron en varias provincias del país.

Según Jorge Herrera, presidente de la Conaie, los #29deSaraguro son un ejemplo de la criminalización de la protesta social que existe en el país, pues ellos son parte de los más de 100 personas procesadas durante el año anterior por ejercer su derecho a la resistencia.

Dato:

Para visibilizar la criminalización de la protesta social, la Conaie junto a otras organizaciones presentaron la campaña #ResistirEsMiDerecho que registra en su página web los casos de criminalización durante el año 2015 en 8 provincias del país.