Caso Saraguro se expuso en la ONU y en el Consejo de la Judicatura

El día 17 de agosto el pueblo de Saraguro salió a protestar pacíficamente, como lo había hecho en días anteriores en el marco del Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En las calles retomaron personajes, símbolos y música típica de sus fiestas populares. El clima del Levantamiento fue festivo y pacífico, se compartieron alimentos entre la población, incluso se alimentó a los policías.

Sin embargo, haciendo uso del Estado de excepción, por la posible erupción del Volcán Cotopaxi, más de mil militares y policías llegaron a Saraguro y lo hicieron de una forma muy violenta. El territorio ancestral de Saraguro fue militarizado y como nunca antes en la historia, el país fue testigo de una brutal represión.[1]

La presencia de militares en operativos de control internos es inconstitucional y es objeto de múltiples observaciones a nivel internacional, por lo que consideramos que el operativo realizado el 17 de agosto de 2015, violó los derechos humanos y los derechos colectivos del Pueblo de Saraguro.

Los policías lanzaron gas lacrimógeno y pasaron por encima de las mujeres que eran las que estaban al frente. La gente corrió a sus casas a internarse en las comunidades, sin embargo militares y policías ingresaron a territorio comunitario, allanaron viviendas, rompieron ventanas y sacaron a la gente de las casas arrastrándolos.

Todo esto a pesar que la inviolabilidad del domicilio es un derecho que no tiene justificación alguna de ser vulnerado, menos aún en territorio comunitario.

Por estos hechos 31 personas fueron procesadas, de ellas 2 fueron sobreseídas antes de iniciar el proceso. De las 29 personas, actualmente 12 fueron llamados a juicio y 2 sentenciados a 4 años de prisión por el presunto delito de paralización de servicio público tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de 1 a 3 años de prisión.

Luisa Lozano y Amable Angamarca fueron sentenciados a 4 años de prisión, la pena máxima en este delito, es decir, 3 años más el tercio de la pena.

Detalles de la reunión con la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Ayer, 6 de junio de 2016, Jorge Herrera, presid
ente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie);   Luisa Lozano (sentenciada el 30 de mayo); Amable Angamarca (sentenciado el 30 de mayo); Luis Guamán   (abogado defensor) ; Vicente Vivanco (abogado defensor); Julio Lima  (defensor de derechos humanos y uno de los procesados); Ana Damicela (abogada defensora); Ángel Polibio Guamán (representante de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Saraguro); y Luis Saavedra (director Ejecutivo de Inredh) se reunieron con Diego Zorrilla, coordinador Residente del Sistema ONU en Ecuador, para exponer los distintos casos de criminalización en Ecuador con especial énfasis sobre los hechos ocurridos en las comunidades del pueblo Saraguro el 17 de agosto del 2015 durante el levantamiento indígena. En ese lugar, e las 29 personas procesadas injustamente tenemos el caso de Luisa Lozano y Amable Angamarca los dos únicos miembros de la comunidad Saraguro que fueron condenados a 4 años de prisión.

En la reunión se realizó las siguientes peticiones: 

– Dar seguimiento a la situación de vulneración de derechos en contra del pueblo Saraguro, en particular por los 2 compañeros sentenciados y 12 procesados.

– Transmitir a las autoridades del país nuestra exigencia para que:

– Se respete la resolución de la Justicia Indígena que declaró inocente a los 29 compañeros y compañeras. Desconocer nuestra justicia es otra violación de derechos humanos.

– Cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos Saraguro y a no emplear el poder público para hostigar y criminalizar su condición y labor como defensores de derechos.

– Se investigue y sancione a los responsables de la represión violenta del 17 de agosto del 2015 que dejó en Saraguros heridos y detenidos que han sido sentenciados injustamente.

– Que deje sin efecto la desproporcionada sentencia en contra de Luis Y Amable, que se archive la causa debido a que no existe delito.

– Se archive el proceso en contra de los 12 compañeros y compañeras procesadas porque defender los derechos no es delito.

 – Se repare a todos los procesados y al pueblo Saraguro por las violaciones a sus derechos humanos.

Por último en el marco del examen que realizará el Comité de Derechos Humanos a Ecuador sobre el cumplimiento de derechos civiles y políticos, (sesión 117 del 20 de junio al 15 de julio de 2016)  a través de su intermedio, se ponga en conocimiento del Comité la situación de vulneración de derechos y criminalizados que vive el Ecuador, en particular el caso de Saraguro.

Consejo de la Judicatura 

 En horas de la tarde, 6 de  junio, Luisa y Amable junto a dirigentes  de la Conaie, Luis Macas, dirigentes histórico del movimiento indígena; activistas ambientalistas y colectivos de mujeres realizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito. El objetivo: exigir el respeto a la juridiscción indígena. 

«Somos indígenas y queremos que se respete nuestra justicia indígena» fueron las palabras de familiares, amigos y colectivos que acudieron a solidarizarse y apoyar al plantón en ?#?SolidaridadSaraguro?.

Durante el plantón que se realizo ayer, a las 15:00, en las afueras del Consejo de la Judicatura familiares, amigos y colectivos de derechos humanos acudieron parar exigir libertad y justicia para Luisa y Amable y más de 100 procesados en Ecuador.

Mientras tanto en el interior del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, director de esta entidad, sostuvo que no pueden pronunciarse sobre las decisiones jurisdiccionales. Por ello los sentenciados expusieron sus reclamos, Luisa y Amble le manifestaron que son del pueblo indígenas de Saraguro y que deben ser juzgados por la justicia indígena mas no por la justicia ordinaria, tal como lo manda la Constitución.

 En la cita se entregó una carta abierta que hace un llamado a los diferentes niveles de la estructura de justicia de este país para que revisen los diferentes procesos de criminalización que se están dando en Ecuador. Por ello, Katty Betancourt, dirigente de la mujer y la familia de la Conaie, expresó que se respete el proceso con veedurías, que actúen con imparcialidad. «No queremos la intromisión del Ejecutivo, queremos una verdadera justicia para Luisa y Amable y más de 100 procesados en todo el país».

Finalizada la reunión con Tomas Alvear,  Luisa Lozano, expresó que  las mujeres de Saraguro han sido las más  violentadas en sus derechos por ser mujeres indígenas. «Nosotras estamos orgullosas de ser lo que somos, no queremos retroceder a las época colonial. Me siento muy orgullosa de ser del pueblo Saraguro. He sido sentenciada a 4 años, pero quiero que sepan que no me da miedo, aquí estoy con la frente en alto, no he hecho nada de malo. Aquí estoy en la representación del mi pueblo».  «Ese día que nos detuvieron éramos 12 mujeres, nos golpearon y nos maltrataron – relata Luisa – .Violentaron nuestros derechos, pero aquí estamos exigiendo justicia a los señores jueces».  Para concluir su intervención expresa ¡Abajo la violencia machista!.

Amable Angamarca, «estamos sentenciados a 4 años de prisión injustamente, por lo cual quiero dejar en claro que nuestro delito ha sido exigir nuestros derechos y por defenderlo nos mandan a prisión. Esta sentencia no la merecemos nosotros, no la merece el pueblo Saraguro, no la merece el pueblo ecuatoriano ni el mundo, no es justo que por defender y expresar nuestros derechos nos sentencien injustamente a 4 años de cárcel y déjamos bien en claro que estamos y seguiremos en pie de lucha. Pedimos que se respete al Pueblo de Saraguro, a nuestro cultura y nuestras costumbres».

En la carta entregada al director d
el Consejo de Judicatura se exige que todos los servidores judiciales y públicos a respetar el derecho a defender los derechos que esta reconocido en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales de derechos humanos. 

Cronología de los hechos

– 17 de agosto de 2015: 35 personas aprehendidas. De estas, 27 personas procesada, de las cuales 26 con prisión preventiva.

El Juez Dr. Alex Damian Torres Robalino de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro avoca conocimiento del proceso, el mismo que inicia por el presunto delito de paralización de servicio público[2].

 – 22 de agosto de 2015: negación de la acción de hábeas corpus por la Corte Provincial de Loja.

– 21 de septiembre de 2015: 4 personas son vinculadas más al proceso dando un total de 31 personas procesadas.

– 28 de noviembre de 2015: El Consejo de Ayllus conformado por tres comunidades (Chukidel Ayllu llakta, Ilincho y Gunudel) emitió su resolución absolviendo a los procesados “porque ellos no son culpables, más bien han sido perseguidos y por eso es necesario continuar un proceso de investigación con la finalidad de determinar quiénes son los responsables por las violaciones que ocurrieron el 17 de agosto”.

– 26 de noviembre de 2015.– Audiencia preparatoria de juicio. De los 29 procesados, 10 son llamados a juicio y el fiscal se abstiene de acusar a los 21 restantes.

Conforme a la normativa nacional[3], dicha abstención fue elevada a consulta al Fiscal Provincial, quien ratifica la resolución de sobreseimiento pero únicamente de 2 personas. Se revoca el dictamen abstentivo de los 19 procesados restantes y se ordena que otro fiscal comparezca a una nueva audiencia de llamamiento a juicio y continúe la causa en contra de estos últimos. A partir de este momento, el proceso en contra de los 29 compañeros se divide en dos causas.

– 12 de enero de 2016. El Tribunal del Garantías Penales de Loja avoca conocimiento en contra de los 10 procesados.

– 18 de enero de 2016.El Tribunal del Garantías Penales de Loja señala fecha para la audiencia de juicio (21 de marzo).

– 18 de marzo: El Consejo de Ayllus a fin de hacer efectivo el principio de contradicción se dispone correr traslado a las partes con el pedido de la misma, para que conozcan que la solicitud pretendida por ésta, sobre el archivo de la causa para los señores: Servio Amable Angamarca Morocho, Asunción Zhunaula Sarango, Ángel Polivio Medina Quizhpe, María Luisa Lozano Quizhpe y Karina Fernanda Monteros Paguay, personas de las que argumenta, que cuentan con sentencia ejecutoriada en la jurisdicción indígena; así como, el pedido de declinación de competencia de los señores: José Manuel Cartuche Quizhpe, Julio Aurelio Lima Quizhpe, Atahualpa Yupanki Macas Ambuludí y Delfín Reinaldo Japón Suquilanda.

– 21 de marzo de 2016. El Tribunal fija la instalación de la audiencia para el 28 de marzo de 2016, previo al despacho de varias solicitudes.

-28 de marzo de 2016 Se instala la audiencia de juzgamiento y el Tribunal del Garantías Penales de Lojarechaza los pedidos de declinación de competencia y suspenden la audiencia por falta de la actuación de un intérprete kichwa.

– 1 de abril de 2016: el Tribunal del Garantías Penales de Loja señala nueva fecha para reinstalar la audiencia de juzgamiento en contra de los 10 procesados (del 11 al 15 de mayo y del 25 al 6 de junio).

– 5 de abril de 2016: El Consejo de Ayllus se reúne de nuevo cuando se rechaza la solicitud de declinación de competencia, ratifican la sentencia de justicia indígena e incluyen a otros procesados.

11-13 y 25-27 de mayo de 2016: Se reinstala la audiencia de juzgamiento en contra de 10 de los 29 enjuiciados en el Tribunal del Garantías Penales de Loja. En el transcurso de esta audiencia se receptó la prueba testimonial, documental y alegatos de las partes.

– 20 de mayo 2016: Se realiza la audiencia de llamamiento y preparatoria de juicio en contra de los otros 19 procesados. El nuevo fiscal emite dictamen acusatorio contra 12 de los procesados y se abstiene de acusar a 7.

– 30 de mayo de 2016: Concluye los alegatos de las partes en la audiencia de juzgamiento en contra de los 10 procesado por el Tribunal de Garantías Penales de Loja. Los 10 procesados: 2 mujeres y 8 hombres.

El Tribunal de Garantías Penales de Loja resuelve ratificar la inocencia de 8 de los 10 procesados, no obstante, declaró la culpabilidad de Servio Amable Angamarca Morocho -comunicador comunitario- y Maria Luisa Lozano Quizhpe.- conserje en la escuela de lagunas- y los condenó a 4 años de prisión -un año más de la pena estipulada en el código- por encontrar, en base a las pruebas presentadas por Fiscalía, conductas agravantes de la infracción penal.[4] 

^[1]       http://resistiresmiderecho.org/wp-content/uploads/2016/03/Boletin-Saraguro-detenidos-y-represion.pdf

^[2]      Idem

[3] Art. 600 COIP

 [4]  http://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/160066-tribunal-loja-sentencia-4-anos-prision-2-indigenas-saraguros