Cárcel Turi

El día martes, 31 de mayo de 2016 aproximadamente a las 10h00 ingresaron los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO),  policías de camuflaje y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) en un número aproximado de 80 individuos al Pabellón de Mediana Seguridad “JC”, sin haber explicado o motivado dicho ingreso. De pronto, empezaron a golpear a la gente que deambulaba por los pasillos y gritaban“salgan todos al patio”, razón por la cual, presumimos se trataba de una requisa. 

Posteriormente, se dirigieron al tercer piso, en donde ingresaron a nuestras celdas y nos sacaron de ellas mediante golpes con tolete y propagación de gas pimienta. Nos hicieron colocar boca abajo en el piso y nos pegaron en la nalga. Ahí nos dijeron que no nos atreviésemos a mirarlos, que no teníamos ningún derecho y que tenían“autoridad de desaparecernos”, aseguraron que lo que estaban haciendo tenía luz verde del Director del Centro de Rehabilitación Social (CRS) -TURI, de la Ministra de Justicia y del Ministro de Interior, que ese era el trato que nos merecíamos que los derechos humanos no son aplicables a nosotros. 

Acto seguido, empezaron a decir “esta es la presentación  de  UMO, no somos sus amigos, así les va a ir si se portan bien y si se portan mal les va peor, ustedes son escoria, el desecho de la sociedad y quien manda aquí somos nosotros, están en el infierno”. Vale la pena indicar que todo esto ocurría mientras nos seguían golpeando. En la aparente requisa destruyeron todo cuanto pudieron, instalaciones eléctricas, colchones indispensables para nuestro vivir, artesanías, etc. 

Cámara de vídeo del CRS Turi captó los hechos. Foto: captura de pantalla 

No hubo consideración a las personas enfermas, o de la tercera edad, apenas tres se salvaron, alegando que tenían una enfermedad terminal, una que estaba operado de la pierna, y otra persona que padecía de asma. Todos los demás fuimos agredidos, incluyendo a los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP). Al ASP de apellido B. lo agarraron del cuello y lo amenazaron por considerar que era nuestro amigo, trataron de esposarlo y le quitaron las llaves para tener acceso a todas las áreas.

Mientras todo esto sucedía el personal administrativo del CRS, se encontraba dentro del pabellón cumpliendo con sus labores diarias, entre ellos: el trabajador social, licenciado Hugo A., la licenciada Merci C. y la psicóloga del Ministerio de Justicia cuyo nombre desconozco, quienes ante el pedido de auxilio de los internos, por los gritos que provenían desde el tercer piso donde empezó la golpiza, intentaron subir a socorrernos. En el momento que la psicóloga del Ministerio y el licenciado Hugo A. intentaron subir al tercer piso, la Policía lanzó gas lacrimógeno, lo que les impidió llegar hasta su destino, amenazando incluso la vida de los funcionarios antes mencionados. 

Ante esta situación, los internos que se encontraban en el patio, intentaron subir a auxiliar a los compañeros, pero las puertas del patio estaban cerradas. Inmediatamente los agentes de seguridad penitenciaria procedieron a evacuar a los funcionarios, porque la situación se convirtió en un caos. Los miembros del “UMO” al ver tal cuadro, respondieron con amenazas, tales como: “ya bajamos por ustedes”, “a ustedes les va a ir peor”, “van a aprender a respetarnos”. 

Inmediatamente estos bajaron al segundo piso dejando encerrados a las personas adultas en conflicto con la ley penal en el tercer piso, después de propinarnos un trato cruel, inhumano y degradante; pues antes de hacernos ingresar a las celdas los policías caminaron sobre nosotros, presionándonos la cabeza y las coyunturas de las extremidades, nos exigieron que nos desnudáramos y saltáramos haciendo sapitos, que nos coloquemos en cuatro para observar nuestros anos, ante esto nos decían: “mujercitas, este es el trato que van a recibir de parte de nosotros siempre”, hacían que gritáramos en conjunto y en contra de nuestra voluntad las cosas que ellos nos instruían, como: “¿Quieren al grupo UMO?”, nuestra respuesta debía ser “Sí”, de no responder afirmativamente éramos golpeados. 

Cuando otros internos tosían o estornudaban por la asfixia del gas, los miembros de la Policía burlándose decían:“eso es bueno la gripe”, y nos lanzaban más gas. Debido a la presencia de dicho gas, algunos internos quemaron los colchones y los cartones, ya que el humo ayudaba a apaciguar los efectos del mismo. Dos personas privadas de la libertad provenientes de Otavalo, fueron amenazados con que se les iba a cortar su cabello, pues a criterio de los policías parecían mujeres, sin respetar su identidad cultural. No sentían consideración alguna ante el pedido de los compañeros de que no se los golpeara más. 

Una vez terminado el maltrato en el tercer piso, encerraron a todos y bajaron a la segunda planta, con la misma consigna de que ellos eran la autoridad y repitiendo el mismo trato los agredieron. Los miembros de la Policía gritaban a viva voz, en forma de represalia para los supuestos líderes del pabellón: “Donde están los representantes, los que hablan por ustedes”, asumiendo que tenían algo en contra de nosotros quienes representan al pabellón.

 Después de la paliza en el segundo piso cuyas características son similares a las relatadas en líneas anteriores, procedieron bajar a la primera planta. Intentando ingresar al patio, los internos que estábamos encerrados en este lugar, nos acercamos a hablar con ellos detrás de las rejas, exigiendo explicaciones del porqué de los golpes a las personas, pues dichos tratos no tienen justificación alguna, peor aún por fines disciplinarios. 

Aseguraron que nosotros no fuimos su blanco porque estaban cansados, sin embargo, es necesario indicar que en ese momento en el patio se encontraba con nosotros un compañero de nombre John Q. quien ante las circunstancias del maltrato del que estaban siendo víctimas nuestro compañeros optó por recolectar el excremento que se encontraba en fundas de basura debido a la falta de agua potable del fin de semana, ya que las baterías sanitarias no se podían utilizar y los internos prefirieron hacer sus necesidades en fundas plásticas a fin de no contaminar los sanitarios. El compañero en mención mezcló los excrementos con agua y se embarró en estos y les decía a los miembros de la Policía que a él no lo van a golpear sin ningún motivo. Que aquel que se atrevía a acercarse lo iba a hacer comer excremento. Ante estas amenazas, y al observar que tenía un balde en la mano lleno de excremento decidieron retirarse. Hasta esta circunstancia extrema tuvo que llegar el compañero para no ser golpeado como un animal. 

Cabe recalcar que, en la supuesta requisa los miembros del “UMO” se llevaron toda clase de objetos: artesanías elaboradas con el sacrificio de nuestros compañeros, material de trabajo de los talleres, objetos autorizados por el mismo Director del Centro de Rehabilitación Social como son zapatos especiales para personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad. Las secuelas de este altercado son realmente graves por el maltrato físico propinado, las huellas de golpes y heridas se notan en las manos, brazos, espalda, piernas, tórax, nalgas, inclusive algunos compañeros quedaron inhabilitados de bajar a recibir sus alimentos. 

Ante esta situación los miembros de seguridad penitenciaria, después que la policía abandonó el pabellón, como un acto de misericordia permitieron la salida de 3 internos para que denunciaran ante las autoridades del CRS. Todo este acontecimiento duró alrededor de 4:30. 
Inmediatamente el Director ingresó al pabellón para hablar con nosotros, sin resguardo policial. En el patio de mediana seguridad (JC), el Director del CRS-TURI se dirigió hacia nosotros explicando que él no tenía nada que ver con dicha autorización de golpear a los internos como la policía aseguraba. Dijo que tomaría las medidas pertinentes del caso y se retiró. Nuestra preocupación va en razón que con el paso del tiempo las evidencias físicas desaparezcan y esto quede en la impunidad, lo ideal es tener una respuesta inmediata en protección de nuestros derechos y sentar un precedente en el sentido de que a diferencia de lo que piensan algunos funcionarios, si tenemos derechos, y al igual que al resto de la sociedad, estos hechos no pueden quedar en la impunidad, pues evidentemente, este tipo de tratos viola tanto los compromisos asumidos por Ecuador a nivel internacional, como nuestro propio ordenamiento constitucional y legal.

Antes estos hechos, de evidente vulneración al derecho a la integridad física de las personas privadas de libertad, presentamos una acción constitucional de habeas corpus con el objeto que el juez constitucional verifique que existió una vulneración del derecho a la integridad física, y consecuentemente solicitar el traslado de las personas privadas de libertad a otros centros de rehabilitación social que sean más cercanos a su entorno familiar y social, y sobre todo para que no existan represalias en contra de las personas que se atrevieron a denunciar estos casos, que muchas veces quedan en la impunidad.

Por estos hechos se abrieron dos procesos: Habeas corpus y un juicio penal.

Se realiza el “Operativo de Control de Requisa en las diferentes celdas del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del CDP del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur -Turi-, según la orden de servicio No. 2016-062-UCP-CRSRSCSZA-1. Dicho operativo tenía la finalidad de decomisar objetos prohibidos para las personas privadas de libertad y fue realizado por el Grupo de Intervenciones y Rescate -GIR- y la Unidad del Mantenimiento del Orden -UMO- a cargo del Mayor Rene Cañar Romero. Aquel 31 de mayo, las personas privadas de libertad fueron torturadas por los agentes del Estado.

En este operativo, varios internos fueron siendo golpeados, pateados, rociados con gas pimienta en sus rostros e inclusive expuestos a descargas eléctricas sobre sus cuerpos. Los  internos fueron sometidos boca abajo y los agentes policiales dieron la orden de uno a uno levantarse, pegarse a la pared, desnudarse totalmente, realizar sentadillas y volver a acostarse boca abajo.  

“ Nos dijeron que no nos atreviésemos a mirarlos, que no teníamos ningún derecho y que tenían “autoridad de desaparecernos”, aseguraron que lo que estaban haciendo tenía luz verde del Director del CRS-TURI, de la Ministra de Justicia y del Ministro de Interior, que ese era el trato que nos merecíamos que los derechos humanos no son aplicables a nosotros”. 

El operativo inició a partir de las 10:00 y se extendió hasta aproximadamente las 14:00, tiempo en el cual cerca de 200 de personas privadas de libertad sufrieron tortura. 

Junio de 2016: Inicia de la investigación previa por los hechos del 31 de mayo 

22 de junio de 2016: Presentación del habeas corpus a favor de 13 privados de libertad

Los defensores públicos David Ayala y Ana María Ordoñez presentan la acción constitucional de habeas corpus solicitando la reparación integral por la violación al derecho a la integridad de las víctimas del 31 de mayo. A pesar de que el número de agredidos asciende 200 personas aproximadamente, solo 13 privados de libertad firmaron fueron peticionarios el habeas corpus, el resto se abstuvo por temor a represalias.

23 de junio de 2016: Audiencia de habeas corpus

El juez Esteban Eugenio Vélez Pesantez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia instaló la audiencia pública de habeas corpus donde fueron reproducidos por primera los videos de las cámaras de seguridad del centro penitenciario que registraron como los policías los golpearon sometieron a torturas y tratos denigrantes a las personas privadas de libertad mientras realizaban la presunta requisa. En el video no se observa que los internos hayan tenido una conducta agresiva o se hayan amotinado frente a los policías como alegó en su defensa.

Pese a la contundencia de la evidencia, el Juez difirió la audiencia a solicitud de las carteras de Estado presentes como el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Procuraduría General del Estado que instaron a que se compruebe la no manipulación de los vídeos.

28 de junio de 2016: Suspensión de la audiencia de habeas corpus

Mediante providencia se notifica a las partes el nuevo diferimiento de la audiencia debido a que la defensa del Ministerio del Interior solicitará la designación de un perito para que verifique la existencia de más videos de seguridad sobre los hechos ocurridos en mayo.

30 de junio de 2016: Juez falla a favor de los 13 internos y emite medidas de reparación

El juez Esteban Vélez Pesantez aceptó el 30 de junio el habeas corpus  a favor de los internos, del Pabellón “JC” de Mediana Seguridad del Centro de Rehabilitación Social Turi, en la ciudad de Cuenca, y ordenó disculpas públicas de la Policía Nacional a las víctimas, que se traslade a los 13 accionantes a otros centros de rehabilitación cercanos a sus familias, y se ordenó que para las futuras requisas se cuente con las autoridades que la ley exige.

4 de julio de 2016: Sentencia escrita de habeas corpus

El Juez de la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia, Esteban Vélez Pesantez,  con competencia en materia Constitucional emitió el 4 de julio de 2016,  la sentencia escrita que declara con lugar la acción de habeas corpus a favor de las 13 personas privadas de libertad de la cárcel Turi.

11 de julio de 2016: Ministerio del Interior apela sentencia

Diego Torres Saldaña, coordinador General de Asesoría Jurídica y Delegado del Ministro del Interior,  y  Paúl Tobar Quezada,  director del Centro de Rehabilitación Social Turi, presentaron el recurso de apelación a la sentencia de habeas corpus.

22 de julio de 2016: Audiencia de apelación

El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay instaló la audiencia de apelación y escuchó a las partes (Por un lado, los defensores públicos en representación de los privados de libertad, y, por otro, al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, el Centro de Rehabilitación Social del Turi, la Procuraduría general del Estado y  la defensa particular de varios policías) y el amicus curiae de Inredh.

El tribunal en la audiencia resolvió que en ocho días emitiría su veredicto si acepta o no la apelación a la sentencia emitida por el Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que concedió el  hábeas corpus.

26 de julio de 2016: Corte provincial anula el proceso de habeas corpus  

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, conformada por  Juan Pacheco Barros (ponente), Edgar Morocho Illescas; y, José Vicente Andrade Vélez (s), declaró la nulidad del proceso de habeas corpus, bajo el argumento de que el juez de primera instancia era incompetente para resolver esta garantía constitucional. Ver análisis: aquí

28 de julio de 2016: Los internos son trasladados a Guayas y Cotopaxi

Los 13 internos que presentaron la acción de hábeas corpus fueron trasladados a otros centros penitenciarios. De ellos, seis  al centro de Guayaquil y los otros 7 a Cotopaxi. Esta acción no está dentro del proceso del hábeas corpus ni responde exactamente a la medida de reparación solicitada por los internos.

4 de agosto de 2016: Respuesta de Corte Provincial sobre el recurso de ampliación y aclaración presentado

Los defensores públicos que representaron a los 13 privados de libertad que solicitaron el habeas corpus, interpusieron recurso de aclaración y ampliación a la sentencia que anulo y dejó sin efecto la sentencia favorable de primera instancia.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay respondió y señaló que no tiene nada que aclarar ni ampliar sobre su sentencia.

22 de agosto de 2016: La Corte Provincial ordena que se vuelva a sortear la acción de habeas corpus

 La Sala de lo Civil de la Corte Provincial ordena que se remita la acción de habeas corpus presentada por los 13 privados de libertad a la oficina de sorteos, para que otra vez se radique la competencia, pero ahora entre  los jueces de garantías penales, para que conozca de nuevo el habeas corpus.

5 de septiembre de 2016: Un nuevo juez conoce el habeas corpus presentado a favor de los internos 

El juez encargado de garantías penitenciarias, Guzmán Muñoz Carlos Julio,  avoca conocimiento del habeas corpus y sustanció la audiencia pública y oral que duro cerca de cuatro horas.  En esta audiencia estuvieron presentes los 13 internos, los abogados del Estado y de la defensa, los 10 policías que custodiaban a los internos y el público presente.

Además, para esta audiencia se presentaron amicus curiae por parte del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el Programa Andino de Derechos Humanos de la universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el consultorio gratuito de la Universidad San Francisco de Quito, la fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la  Asociación de Derechos Humanos de Azuay.

20 de septiembre de 2016: Organizaciones de Derechos Humanos denuncian tortura en Ecuador como una práctica recurrente

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, CDH-PUCE, informamos a la opinión pública sobre la situación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido denunciados a través de los años y que no han encontrado respuesta ante el sistema de justicia, convirtiendo a este tipo de graves violaciones en prácticas impunes. 

En audiencia intervinieron: por una parte, los accionantes a través de la Defensoría Pública; y por otra, los representantes de Centro de Rehabilitación Social Turi, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Policía Nacional y Procuraduría General del Estado. Como amicus curiae, intervinieron representantes de Inredh y la Puce.

22 de septiembre de 2016: Rueda de prensa: ministerios del Interior y Justicia

 José Serrano, ministro del Interior; y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia informan que se están investigando los hechos y no quedará impune. 

28 de septiembre de 2016: Se reinstala a la audiencia y el Juez acepta recurso de habeas corpus.

El juez encargado de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, Carlos Guzmán Muñoz, aceptó el recurso de habeas corpus y ordenó varias medidas de reparación. Entre ellas, que el próximo el 31  mayo de 2017 los ministerios de Justicia e Interior capaciten a los trabajadores de los Centros de Rehabilitación Social del país en materia de derechos humanos. 

El 1 de octubre de 2016: Se notifica la sentencia escrita de 30 de septiembre.

13 de octubre de 2016: El juez realiza una aclaración a la sentencia que acepta el habeas corpus

Por solicitud de los defensores, el juez aclara entre otros puntos que el “…el 31 de mayo del 2.017 la fecha en la cual se impartirán las charlas dispuestas y consta del audio aquella decisión con fecha expresa, guardando concordancia entre el fallo oral y el escrito y que serán para funcionarios e internos”

17 de octubre de 2016: Sociedad civil informa delitos de tortura ante Comité de la ONU

El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; el Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron un informe  alternativo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que examinará a Ecuador el próximo mes de noviembre, cuando el Estado presente su septenio informe periódico.  El Comité es el órgano supervisor del Art. 19 de la Convención contra la tortura y otros tratos, penas, crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas (ONU). 

7 de diciembre de 2016: Comité contra la tortura de la ONU hizo 25 observaciones al Ecuador

El Comité toma nota de la información proporcionada sobre la investigación en curso relativa a los presuntos abusos cometidos contra los internos del Centro Regional Sierra Sur Turi, en Cuenca, el 31 de mayo de 2016. Sin embargo, dice no haber recibido información sobre la investigación de presuntos casos de malos tratos a menores internados en centros para adolescentes infractores en Quito, Machala y Ambato (arts. 2, 12, 13 y 16). Se recomienda: “El Comité solicita al Estado parte la presentación de información completa sobre los resultados de la investigación de presuntos abusos cometidos en el Centro Regional Sierra Sur Turi. 

26 de enero de 2017: Inicia la Instrucción Fiscal 

La Fiscalía de Azuay formula cargos en contra de 46 policías por el delito de tortura por los hechos del 31 de mayo de 2017. 

23 y 24 marzo de 2017: Primer intento de reconstrucción de los hechos 

En el primer intento, los policías involucrados objetaron indicando que tenían una prohibición de entrar al pabellón por el juez que resolvió el habeas corpus, por lo que no podían atender a la reconstrucción de los hechos. Fiscalía remitió un oficio al Juez Guzmán que, mediante providencia el 30 de marzo de 2017, concedió el permiso para que Fiscalía pueda realizar la reconstrucción de los hechos.

10 y 11 de abril de 2017:  Segundo intento Reconstrucción de los hechos 

El fiscal llamó a la reconstrucción de los hechos para el lunes 10 y 11 de abril de 2017. Se suspende por alegato de las partes defensoras indicando que no habían sido notificadas con el plazo mínimo establecido por ley (72 horas). Cabe destacar que el COIP refiere sobre este plazo para la notificación para señalar audiencias.

Fiscalía fijó fecha y hora en consenso con todas las partes involucradas, solicitó el traslado de los 13 peticionarios del habeas corpus al Director de CRS-TURI y demás facilidades a Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia.  Aquel día, Fiscal reportó haber tenido la presencia de 43 policías, es decir, solo con cinco menos de los procesados, pero considerando la envergadura y magnitud de la diligencia, estaba dispuesto a llevarla a cabo, no obstante, las carteras de Estado objetaron la diligencia pese a haber llegado a un consenso con anterioridad.

21 de abril: Tercer Intento de reconstrucción de los hechos

Fiscalía difiere ella reconstrucción ante el pedido de la defensa de uno los policías involucrados, quién no podría estar presente el día señalado para la diligencia.

 20 de abril de 2017: Juez emite nuevos plazos para que Ministerios de Estado cumplan con la sentencia

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Alejandro Peralta Parra, dictaminó el  20 de abril de 2017, plazos de 30 a 60 días para que los ministerios de Justicia, Interior y  Salud cumplan con las medidas de reparación establecidas en la sentencia de hábeas corpus.

19 y 20 de abril 

24 y 25 de abril de 2017: Cuarto Intento de reconstrucción 

Después de tres intentos fallidos por reconstruir los hechos del 31 de mayo de 2016, las autoridades del centro penitenciario se comunicaron con el Fiscal para indicarle que no iba a ser posible llevar a cabo la diligencia ya que habrían encontrado un arma dentro del pabellón en señal de amenaza al Fiscal. Luego de investigar dicha arma, efectivamente se encontró una en el centro de rehabilitación social, sin embargo, en las afueras de la cárcel.

 Además, el Fiscal Arpi extrañado sostuvo que los internos no tendrían por qué amenazarlo a él ya que como Fiscalía buscaba sancionar a los responsables de las agresiones a los privados de libertad. La versión de las autoridades de la cárcel entonces, cambio a que dicha amenaza recaería sobre los policías. Sorprendidos con esta noticia, los privados de libertad realizaron un comunicado para Fiscalía garantizándole que ellos prestarían todas las facilidades para la investigación.

 3 de mayo de 2017: Fiscalía vincula a tres personas más por el delito de tortura en la cárcel el Turi 

La Fiscalía de Cuenca  vinculó este 3 de mayo de 2017, al coordinador del Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi; a una policía y al guía penitenciario por el delito de tortura cometido contra las personas privadas de la libertad del Pabellón JC, el pasado 31 de mayo de 2016. Los dos primeros fueron vinculados como autores del delito y el guía como cómplice.

17 y 18 de mayo de 2017: Quinto intento de reconstrucción de los hechos

Se suspende por quinta vez la reconstrucción de los hechos. Fiscalía se vio forzada a diferir la audiencia por quinta vez debido a una notificación del Tribunal de Garantías Penales de Azuay indicándole que el día señalado para la reconstrucción, el Fiscal Arpi debería acudir a una audiencia de juzgamiento por otro caso. 

24 y 25 de mayo de 2017: En el sexto intento de reconstrucción de los hechos el delito de tortura en la cárcel Turi fue recreado durante 15 horas

Tras cinco intentos, la Fiscalía de  Garantías y Personas de Azuay  logró realizar la reconstrucción de los hechos por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016 cuando los internos del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Social Turi- Cuenca fueron víctimas de golpes, gas lacrimógeno y descargas eléctricas por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional. 

Desde las 09:00  del 24 de mayo de 2017,  se inició la recreación de los hechos en la cárcel con la presencia de 30 policías, aproximadamente; 3 equipos de criminalística, las personas privadas de la libertad trasladadas desde Cotopaxi y Guayas, así como los internos del Turi.

 30 de mayo de 2017: Fiscalía solicita audiencia de reformulación de cargos para cambiar el delito que sustenta su acusación (de tortura a extralimitación en la ejecución de un Acto de Servicio) 

Fiscalía señala en notificación de 30 de mayo de 2017 su solicitud al William Sangolquí, Jjez Penal designado para este caso, para que señale día y hora para audiencia de formulación de cargos.  Es decir, que el juez señale audiencia para cambiar el delito por el cual se acusó en un inicio a los 49 procesados. 

En principio el Fiscal acusó e impulsó su investigación por el delito de tortura, contemplado en el Art. 151 del COIP, y ahora solicita reemplazar su acusación por el delito de Extralimitación en la Ejecución de un Acto de Servicio tipificado en el Art. 293 del COIP, bajo el argumento de que “en la tramitación de la presente instrucción fiscal sus resultados han hecho variar justificadamente la calificación de la imputación provisional efectuada en la audiencia de formulación de cargos y vinculación realizados en contra de las personas procesadas”.

 31 de mayo de 2017: Concluye el plazo para el cumplimiento de las medidas de reparación en el caso Turi 

Después de un año de los hechos de tortura a los que fueron sometidos  más de 200 privados de libertad del pabellón de Mediana seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi los responsables continúan sin sanción.

Cronología completa: aquí

Más noticias de Turi: aquí