CIDH incluye en su informe temático la situación de mujeres desaparecidas y trans en Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó ayer, 22 de enero de 2019, su informe temático sobre «Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe» que recoge la información de 12 Estados partes y de 20 organizaciones de la sociedad civil.

En su informe temático de 233 hojas, la CIDH analiza los patrones de violencia que afectan especialmente a las mujeres y las niñas. Entre estos se destaca la prevalencia de asesinatos por motivos de género, las preocupantes cifras de desapariciones y los elevados niveles de violencia sexual. Sumado a ello hace énfasis en las falencias del Estado para investigar estas problemáticas, prevenirlas y ofrecer atención médica oportuna a las víctimas, tales como la prevalencia de asesinatos por motivos de género y la profunda brecha entre el desarrollo de marcos regulatorios y tipos penales; las preocupantes cifras de casos de desapariciones de mujeres y niñas, y las fallas en investigarlas adecuadamente; así como los elevados niveles de violencia sexual y las fallas para prevenirla, investigarla y ofrecer atención médica adecuada a las víctimas.
También informa que dentro de las formas de violencia se encuentran: la violencia obstétrica, una práctica común en toda la región que resulta de una relación asimétrica entre el personal de salud y las mujeres; los efectos de la criminalización total del aborto sobre los derechos de las mujeres y adolescentes; así como el impacto del crimen organizado en los derechos de las mujeres, entre otros.
En relación a los casos de mujeres desaparecidas, la Comisión muestra datos alarmantes de la situación en la Región mediante recogida por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México registró más de 9.000 mujeres desaparecidas en este país; en Guatemala durante el 2017 se reportaron 1,180 mujeres desaparecidas y 5,531 alertas de desaparición o sustracciones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, las denuncias de mujeres desaparecidas han ido aumentando considerablemente en Honduras, “pasando de 91 casos en 2008 a 415 en el año 2016; en Perú, durante el año 2017 la Policía recibió 4.454 denuncias de desapariciones de las cuales 2.654 están relacionadas a menores de edad y 1.914 a niñas; y en Ecuador se reportan anualmente 10.,000 personas desaparecidas, de las cuales 67% son mujeres.
Frente a esta situación, la CIDH «considera crucial que existan procedimientos adecuados para recibir denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas guiadas con la presunción que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido. El deber de debida diligencia estricta exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda: es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima».
«…La Comisión ha identificado falencias en el abordaje de los casos de mujeres desaparecidas. En primer lugar, la Comisión observa que ante denuncias de mujeres desaparecidas subsiste la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias por parte de autoridades estatales, en virtud de las cuales se demuestra una falta de seriedad ante la denuncia y una ausencia de acciones concretas e inmediatas que, en distintos casos, pudiesen marcar la diferencia en respecto a la integridad personal de la mujer en riesgo.
Estas actitudes o prácticas se pueden observar no solo por parte de los agentes investigadores sino también, entre otros, en servidores públicos como trabajadores sociales e autoridades gubernamentales. Mismo si algunos países han eliminado, por ejemplo, la necesidad de esperar determinadas horas para aceptar una denuncia o iniciar la investigación en el caso de una persona desaparecida, en la práctica se observa que los agentes estatales suelen encaminar sus respuestas así como guiar las líneas de investigación sobre la base del modo de vida de la víctima y sus relaciones resultando en investigaciones que no son ni diligentes ni imparciales.
La Comisión insiste que estas respuestas perjudican las investigaciones, retardan los procesos judiciales e invisibilizan los casos de mujeres desaparecidas y el riesgo que conlleva en tanto restan importancia y/o culpabilizan o descalificación a la víctima como tal».
Por otro lado, también la CIDH recoge en su informe la situación de las personas trans en la región. Señala que la Comisión ha tenido conocimiento de actos de violencia contra mujeres defensoras de los derechos de las mujeres la población LBTIQ+ como el acoso, hostigamiento y amenazas que han enfrentado diferentes defensoras, entre ellas: las defensoras Karla Avelar en El Salvador y Erin Greene en de las Bahamas, mientras que los asesinatos fueron perpetrados contra las defensoras Shery Montoya, de Honduras, Marielle Franco, en de Brasil; y de la defensora conocida como ‘La Verito’ de Ecuador quien fue dirigente trans del colectivo Coccinelle que luchó por la despenalización de la homosexualidad en el país.
Ante esta situación, la Comisión advirtió que «…las defensoras comprometidas en el ámbito de los derechos de las mujeres y en especial, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex (LBTI) son especialmente deslegitimadas, atacadas y agredidas por el hecho de ser mujeres como por los derechos mismos que defienden».
Tras analizar la situación de las mujeres a nivel regional y conocer las buenas prácticas de los Estados partes en la adopción de nuevas normativas para erradicar la violencia contra la mujer, la CIDH emitió 16 recomendaciones.
Para la Fundación Inredh, la inclusión de la situación de mujeres en Ecuador dentro del Informe temático de la CIDH muestra que el Estado debe adoptar un papel proactivo en la implementación de políticas eficaces y con enfoque de género que permitan una búsqueda de las víctimas. A la par, el Estado debe cumplir cabalmente su deber de debida diligencia en cuanto a investigar estos hechos, y en el caso de la presunción de un delito, que las personas responsables puedan ser llevadas ante la justicia.
El Estado ecuatoriano, por la ratificación de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer(Convención Belem do Pará), tiene obligaciones específicas para precautelar la vida de mujeres y niñas, lo cual incluye también a las mujeres trans. De tal forma, el informe de la CIDH, al visibilizar esta problemática, reitera que los Estados, incluyendo el Ecuador, deben tomar acciones urgentes para la garantía efectiva de los derechos de las mujeres bajo su jurisdicción.
Es importante destacar que para implementar políticas públicas dirigidas a la población trans es necesario tomar en consideración su diversidad sexo genérica, así como la clase, la etnia y demás categorías sociales que las atraviesan, es decir, que las políticas o diferentes medidas a implementarse por el Estado para prevenir, investigar y reparar a las víctimas de violencia transfóbica deben contar con un enfoque de género y de interseccionalidad.
Dato:
En febrero de 2018, organizaciones de mujeres y derechos humanos participaron en la audiencia temática «Acceso a la justicia de las mujeres en Ecuador» para denunciar que en Ecuador las mujeres son víctimas de desaparición, violencia de género, sexual y obstetra, son discriminadas, encerradas en centros de des homosexualización y criminalizadas por abortar. El Estado ecuatoriano no acudió a la audiencia.