Inicio Nacional Cinco años de la presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Francisco Cajigas 

Cinco años de la presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Francisco Cajigas 

Por Yuli Gaona
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Francisco Javier Cajigas Botina nació el 11 de junio de 1982, en el Hospital de San Pedro, en la ciudad de Pasto – Colombia. Estudió la escuela y parte del colegio en su tierra natal donde jugó fútbol, hacía danza, trabajaba y viajaba. A los 18 años tuvo a su primogénito y luego una pequeña niña. Trabajaba con yeso y hacía cornisas.  En el 2014 decidió cruzar la frontera e ingresar a Ecuador. Un amigo le dijo que era una tierra tranquila y que se podía trabajar. Francisco, de 30 años, vino al país junto a su pareja Angie Pinto y su hija, mientras su familia materna se quedó en Pasto.
Su madre, doña Carmen Botina recuerda que el 16 de noviembre de 2015, recibió la última llamada telefónica de su hijo. “Me agradeció por ser una buena madre y me dijo, tú eres mi luz, mi sol, si algún día me llega a pasar algo, como tú dices, hoy somos, mañana no, tienes que ser fuerte, continuar con la vida, no te vas achicopalar, mi Carmonchita hermosa”, señala doña Carmen. Ella comenta que su hijo Francisco le contó que tenía previsto empezar un trabajo en Ipiales, en diciembre de ese mismo año y que así podía visitarla los fines de semana. Sin embargo, sus planes fueron truncados. 
La noche del 16 de noviembre de 2015, Francisco salió con Angie a una fiesta.  Ella decidió irse y Francisco se quedó hasta más tarde disfrutando. Esa fue la última vez que ella lo vió. Francisco desapareció.  Según testimonios de los vecinos, el 17 de noviembre de 2015, Francisco estaba en estado etílico y a varios metros de llegar a su casa, cuando fue interceptado por tres policías entre las calles Flores y Salinas, en el centro de la ciudad de Ibarra, en el norte del país.  Lo acusaron de romper un espejo retrovisor de un vehículo, él forcejeó con los tres agentes de la Policía hasta que llegó una patrulla con otros dos oficiales. Angie buscó a Francisco, que en ese entonces tenía 31 años de edad, en el Hospital de la Policía Judicial, en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) y en la Corte Provincial Penal, pero no tuvo ninguna respuesta o ayuda efectiva. Decidió presentar la denuncia por la desaparición de Francisco.
La investigación reveló que fue detenido por los policías José S., Miguel E., Edwin P., Jaime A. y Juan Carlos T., quienes lo llevaron a la Unidad de Flagrancia, ahí la fiscal encargada de Ibarra mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y, por lo tanto, dispuso su libertad.  Tras ello, se conoce que los policías le preguntaron su dirección de domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron afuera de la Discoteca Aqua, por la laguna de Yahuarcocha. Siete días después, el cuerpo de Francisco fue localizado sin vida en la pista «Las Garzas» de Yahuarcocha. Se lo encontró en estado enfisematosa de putrefacción, es decir, que había pasado de 3 a 5 días desde su muerte. Los resultados de la autopsia y el examen médico legal del Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses de Esmeraldas determinaron que el cuerpo tenía hematomas, equimosis y escoriaciones por fricción. La causa de muerte de Francisco fue un traumatismo en el cráneo realizado con un objeto contundente que le generó una fractura occipital.  
El 12 de diciembre de ese año, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado Ángel N. y el disector Leónidas F. se negaron rotundamente. El argumento fue que estaba empacado de tal manera que no lo podían abrir al ser un riesgo psicológico y biológico, recuerda Esmeralda Enríquez, cuñada del joven. La familia no abrió el empaque y enterró a su ser querido en el cementerio Jardines de Cristo Rey, en la ciudad de Pasto; aunque las condiciones de su muerte les generaban dudas. 
Cinco meses después, el 20 de mayo de 2016, el fiscal del caso en ese entonces, Jefferson Ibarra, por pedido de la familia y con asistencia internacional de Colombia, realizaron la exhumación del cuerpo para determinar o ratificar las causas de muerte de Francisco, pero tanto las autoridades ecuatorianas como colombianas se llevaron una sorpresa: el cuerpo del joven estaba sin cabeza. Fiscalía empezó la búsqueda del cráneo y la localizó junto a la clavícula de Francisco en una gaveta en el Centro de Investigaciones Forense de la provincia costera. El cráneo fue desprendido del cuerpo y sometido a un lavado químico.
En aquel entonces, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga aseguró que el cráneo de Francisco Cajigas fue sometido a un procedimiento químico “que no es común en las prácticas de los Centros Forenses” y que por esta razón, los peritos que investigan la identidad de un cráneo hallado en el Centro Forense de Esmeraldas recomendaron que no se tomen muestras de los huesos ni se realice el análisis de ADN, “ya que pudieran arrojar valores alterados”. Pero las pericias se hicieron en Colombia y Ecuador, dos años después, el 27 de abril de 2018, la familia Cajigas Botina pudo enterrar completamente el cuerpo de Francisco, pero aún les quedan preguntas ¿Qué le pasó exactamente a Francisco antes de morir? ¿Por qué lo desaparecieron y luego lo mataron? ¿Por qué ocultaron la cabeza? ¿Quiénes están implicados?
Según la Fiscalía General del Estado, al momento hay dos investigaciones abiertas: una, por el presunto delito de alteración de evidencia y elementos de prueba contra tres funcionarios públicos; y dos, por presunta desaparición forzada de Francisco en contra de cinco policías.  
El juicio por alteración de evidencia 
 “La persona o la o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, así lo establece el artículo 292 del COIP. Por este delito están siendo procesados Ángel N., médico forense, y sus dos auxiliares Sergio R. y Leónidas F., que participaron en la autopsia y embalaje del cuerpo de Francisco. El 7 de junio de 2017 inicia el proceso por este delito. 
El 12 de octubre de 2018, en la ciudad de Esmeraldas arrancó el juicio contra los tres funcionarios. Se escuchó a peritos, médicos, familiares y procesados. Ángel N., médico legal, que realizó la autopsia al cuerpo de Francisco junto a la médica Sandra Andrade, un odontólogo y antropólogo forense y 15 miembros de criminalística de la Policía Nacional,  dijo en la audiencia pública que el cuerpo de Francisco estaba en avanzada descomposición y que se encontraba casi desarticulado de la columna cervical por lo que ordenó “al disector que termine de desarticular el cráneo, una vez desarticulado el cráneo se procedió a la limpieza, es decir, quitarle los cabellos, piel y músculos para proceder a un examen minucioso”. 
Por su parte, la médica de la Policía Nacional, Sandra Andrade, dijo que durante la autopsia, el cuerpo de Francisco, “se encontraba con cabeza, tórax, abdomen y extremidades articuladas. Precisó que la cabeza, “sí se encontraba pegada al cuerpo” y que éste “quedó completo”, aclarando que le desarticularon la cabeza por maniobras de la autopsia del médico legal y para observar con mayor claridad la fractura que presentaba el cráneo, quedó bajo custodia del Centro.
El antropólogo Miguel Ángel Rojas que también fue citado en la audiencia como perito, enfatizó que pudo “constatar que el cuerpo se encontraba en la mesa completo en todas sus partes y en descomposición. Sí se encontraba articulada la cabeza”. Además, agregó “desde mi experiencia como antropólogo, las razones por las cuales podrían desprender el cráneo, serían razones meramente científicas, pero en este caso el estudio antropológico no necesitaba, pues estaba íntegro el cráneo, no hay razón científica para desprender el cráneo de las vértebras cervicales”, concluyó el profesional. 
Para la familia Cajigas Botina, las causas de la desarticulación de la cabeza del cuerpo aún están en dudas, mientras tanto, el médico legal Ángel N., aseguró en la audiencia que tras realizar la autopsia era responsabilidad de los disectores, ayudante del departamento, embalar el cuerpo.  Sergio R., dijo al Tribunal de Garantías Penales, que él lavó y formalizó los restos de Francisco, pero aclaró que su cuerpo no estaba completo. Enfatizó a los magistrados que por órdenes del doctor Ángel guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador para exámenes de ADN. “La gaveta no registraba una rotulación porque eso era responsabilidad de quien tenía la cadena de custodia, es decir, bajo la responsabilidad del médico legal”, explicó. Cinco meses pasó la cabeza y la clavícula en la gaveta del Centro Forense sin que la familia lo conozca.
Sergio R. aseguró que en sus 30 años de experiencia, ha lavado los cuerpos con agua de llave, fría, caliente o a presión. Así lo hizo también con el cráneo de Francisco. No obstante, no fue solo agua. Según la perita toxicológica, Milagro Marcano Quintini, que realizó un tercer examen del cráneo, determinó que luego de hacer el análisis químico multi elemental se detectó la presencia de “cloro total en los fragmentos del hueso del cráneo”. 
También el antropólogo Miguel Ángel Rojas dejó en duda el testimonio de Sergio R. El funcionario público realizó la pericia sobre el cráneo encontrado en la gaveta y dijo: 

El cráneo para fecha 30 de mayo del 2016 que yo lo recibí, debía encontrarse primero con un olor pútrido con textura grasosa, con presencia de tejido en agujeros nasales y en órbitas del cráneo, sin embargo, el cráneo retirado de Esmeraldas el día 30, presentaba unas características diferentes, no emanaba olor pútrido, al tacto no existía textura grasosa, no existían tejidos adheridos al mismo, por lo que, en el informe que emitió a la Fiscalía, determinó por qué el cráneo se presume fue sujeto de limpieza química y metálica (…) lo que quiero decir es que fue sometido a algún tipo de sustancia desengrasante líquida que eliminó toda característica de descomposición de los tejidos asociados al cráneo y cuando hablo de mecánica, indica que fue manipulado por algún tipo de objeto que retira ese tejido, algún objeto que pueda limpiar manualmente el cráneo.

Así las posibles evidencias que podrían haber existido en el cráneo de Francisco, principal pieza anatómica para esclarecer las causas de muerte, han sido alteradas, pero antes de avanzar con la resolución del juez, se hablará del tercer procesado en este caso. 
Leónidas F., ingeniero en Sistema Informático, que trabaja como disector en el Centro de Investigaciones Forenses de Esmeraldas, fue el encargado de recibir y entregar el cuerpo a la familia Cajigas Botina. Él advirtió a la familia que no puede abrir el embalaje para ver a Francisco por el impacto que éste podría ocasionar. Leónidas, dijo a los jueces que él no participó en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, sino que el 15 de diciembre, cuando estaba embalado y en fundas de color negro y sin verificar que esté completo el cuerpo, realizó la entrega del mismo a los familiares; pero está versión fue refutada por Sergio R., quien asegura que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a Leónidas, “ya que es imposible que una persona lo haga sola”.  
El 7 de noviembre de 2018, tras varios días de audiencia y luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, presidido por el juez Juan José Chele Villamar, ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco. El argumento de los magistrados fue que el cráneo “no fue sustituido por otro” y que, en virtud de que “era el mismo cráneo”, no existió delito. El juez ponente, dijo que la Fiscalía no logró determinar la materialidad ni el nexo causal de responsabilidad con los procesados y que los hechos simplemente pudieron construir una «omisión administrativa», lo cual no puede ser juzgado por ese Tribunal Penal. Esta resolución fue objetada por el fiscal del caso, Jefferson Ibarra, quien señaló que los peritajes, así como los testimonios de los peritos y los procesados y las pruebas documentales demostraron la materialidad y responsabilidad del delito cometido por Ángel N. como autor directo, y Sergio R.; y Leónidas F, como cómplices. 
Para Juan Pablo Albán, uno de los abogados del caso, los argumentos presentados por los procesados acerca del extravío de la cabeza y del lavado, son discutibles. Él asegura que desde una mirada técnica científica se comprobó que no hacía falta separar anatómicamente la cabeza del cuerpo y que no hay explicación razonable para que el cráneo haya sido sometido al lavado de productos químicos. El jurista considera que está práctica se hizo “justamente para tratar de borrar las líneas de la fractura a nivel craneal, es decir, borrar la evidencia de que se había producido fisuras a nivel del cráneo compatibles con la muerte violenta de Francisco”. 
Ahora, este caso será analizado en segunda instancia, esto siempre y cuando el Tribunal emita la sentencia escrita que lleva más de dos años en espera; pero no es el único proceso que se encuentra parado. 
***
Actualmente, la desaparición y muerte de Francisco aún se encuentra en investigación previa en la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado en Quito.
Para Andrés Ruiz Botina, hermano de Francisco, después de cinco años, la familia aún no tiene verdad ni justicia. 

“Nosotros los familiares de quien en vida fue Francisco, lo seguimos extrañando. Nos hace falta a cada uno de nosotros, es una ausencia muy dolorosa para sus hijos, su esposa y su madre principalmente. Ante los hechos que acabaron con la vida de Francisco solo ha crecido la frustración, la impotencia de no poder lograr una verdadera justicia y respuesta del Estado ecuatoriano ante un homicidio donde se ven involucrados cinco  miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Centro de Medicina Forense en la ciudad de Esmeraldas. 

Nosotros siempre hemos tenido desconfianza de la falta de gestión y celeridad por parte de los encargados en el proceso, de la Fiscalía y de la policía en la cuidad de Ibarra, consideramos que hubo manipulación desde el principio de los hechos en aspectos importantes lo cual ha dificultado el acceso a justicia y reparación que el Estado debe a nuestra familia por la desaparición y la muerte violenta que sufrió nuestro familiar. 

Son cinco años de espera, de incertidumbre, de lucha por saber la verdad y que los responsables paguen por sus actos. Creemos que, lastimosamente por ser miembros del Estado y porque toda las responsabilidad está en ellos nos han retrasado los procesos, han manipulado para así seguir dando largas a unos hechos que son claros y quieren seguir evadiendo su responsabilidad de la muerte de Francisco, pero pese a ello, nosotros seguiremos exigiendo al Estado, a la Fiscalía y a la Policía que respondan por lo que le hicieron a Francisco y a nuestra familia. Los responsables deben ser sancionados  y así evitar  futuros atropellos y muertes por parte de policías que solo abusan del poder para actuar de manera indebida en muchos casos más. Es hora que el Estado y la Fiscalía resuelvan de la mejor manera este proceso y a nosotros como familia nos den al menos una solución después de tanto tiempo. Esperamos una verdadera justicia y reparación por la muerte de mi hermano.» 

La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de una persona es una grave violación de derechos humanos. Además, para la Corte Superior de Justicia de Lima, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son delitos autónomos y de distinta naturaleza y que por consecuencia ambos delitos deben ser objeto de investigación y los autores de ambos ilícitos deben ser procesados y sancionados. “El no investigar ambos delitos genera graves consecuencias en la investigación, en particular en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los presuntos responsables y su grado de participación con relación a la desaparición forzada y a la ejecución extrajudicial. (…) Cuando las autoridades no investigan todos los hechos criminales y/o no procesan a los responsables por la totalidad de los delitos cometidos, la doctrina ha considerado que se configura de facto la impunidad”. (Comisión Internacional de Juristas , 2015)
* Este relato es una actualización del capítulo Justicia a cuentagotas del libro Liberalización de la violencia policial ¿Ejecuciones extrajudiciales en Ecuador 2014 – 2019? publicado en diciembre 2019.  


1 Versión del antropólogo Miguel Ángel Rojas citado en la audiencia pública de juzgamiento por el delito de alteración de evidencias del cráneo de Francisco Cajigas.
2 Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, Sentencia de 8 de abril de 2008, Exp. 03-2003-1° SPE/CSJLI, proceso c. Julio Rolando Salazar y otros /Homicidio calificado, Secuestro agravado y desaparición forzada, párr. 135, pág. 111
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