Comunidades del río Dulcepamba solicitaron la reversión del aprovechamiento excesivo de agua otorgado a Hidrotambo; el titular del MAATE dará su respuesta el próximo miércoles 20 de julio

Después de escuchar a los habitantes de la Cuenca del Río Dulcepamba, en la reunión que se realizó en el el Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ayer, 12 de julio de 2022, el ministro Gustavo Manrique dispuso a su equipo de trabajo que prepare un informe jurídico, político y técnico que sería presentado en una nueva reunión el próximo miércoles 20 de julio para dar una respuesta al pedido de reversión.
En este encuentro, habitantes de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba, que llegaron desde Chillanes, provincia de Bolívar, a Quito para reunirse con el titular de esta cartera de Estado, solicitaron que se inicie el proceso de reversión a la autorización de aprovechamiento de agua concedida a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A., tal como lo dispone la ley.
Esta petición de reversión se realiza por el incumplimiento y omisión de la empresa Hidrotambo S.A a la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008, emitida por el mismo MAATE, el pasado 7 de octubre de 2019. Así también por los informes de control de cumplimiento de obligaciones que realizó la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), en los cuales se demuestra que Hidrotambo no cumple con las condiciones mínimas establecidas en este proceso administrativo: 1) obliga a la empresa hidroeléctrica a dejar de captar las aguas del río Dulcepamba durante la época seca; 2) dispone a la empresa dejar un caudal mínimo de 1.460 litros por segundo en el caudal ecológico, y 3) obliga a rediseñar y reconstruir sus obras para evitar la provocación de erosiones e inundaciones en la comunidad San Pablo de Amalí.
Durante la rueda de prensa, las personas de las comunidades aseguraron estar afectadas por los constantes desbordamientos del río Dulcepamba, los problemas provocados por  la construcción de la hidroeléctrica a sus territorios y la masiva oposición a las autorizaciones de uso de agua que solicitan las comunidades de la parte media y alta de la cuenca hidrográfica. 
Además, Hilda Morales, habitante de la zona, recalcó los peligrosos desbordamientos en época de invierno, que atentan contra la vida de los habitantes y también afectan a las viviendas aledañas y a los sembríos.
Plantón en la Corte Constitucional 
Posteriormente, los comuneros avanzaron por las calles de la capital en dirección a la Corte Constitucional, donde realizaron la entrega de un escrito por parte de las víctimas en el proceso 502-19-JP, impulsando la resolución del caso, que generará jurisprudencia vinculante por los derechos de la naturaleza y derechos colectivos.
También entregaron un amicus curiae en el mismo proceso por parte de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia de los EE.UU. Mientras tanto, a las afueras, una parte de la comitiva exigía la instalación de una audiencia para tratar el caso de manera urgente y prioritaria. La delegación no fue recibida por los magistrados o asesores de la Corte.
Reunión en la Defensoría del Pueblo
De acuerdo con la agenda planteada, a las 13:00 se reunieron con autoridades delegadas por el Defensor del Pueblo (e) para exigir que se realicen acciones concretas de seguimiento a la sentencia que emitió la Corte Provincial de Tungurahua en febrero de 2022, sentencia que protege la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión.
Luego de varias insistencias de pedido de información acordaron solicitar a la Corte Constitucional el salto de orden cronológico en las causas  502-19-JP y 1180-19-EP, en las cuales la propia Defensoría del Pueblo es parte de la legitimación activa. Además  emitirá  un  informe en el caso de hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que lleva años abierto en la Defensoría del Pueblo. 
Avance del proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional por accionar de Hidrotambo y MAATE
La reunión fue solicitada por los habitantes de la Cuenca del Río Dulcepamba para conocer el avance del informe de fiscalización que la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional inició en septiembre del 2021 en contra del MAATE por el accionar de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A. En esta reunión, Fernando Cabascango, presidente de dicha Comisión, señaló que mientras no se apruebe en el pleno de la Comisión el iniciar un proceso de fiscalización no pueden convocar a las autoridades. 
“No podemos presentar los informes para que los comisionados los revisen y en base a esos informes poder solicitar información a las autoridades”, explicó Cabascango.
Por su parte, Mireya Pazmiño, asambleísta por la provincia de Bolívar, presentó un “Proyecto de ley orgánica para reparar a la provincia de Bolívar por los efectos derivados de la explotación de recursos naturales por venta de energía eléctrica”, la misma que generó preocupación, ya que uno de los puntos expuestos es contradictorio con el pedido expreso de las comunidades que la empresa Hidrotambo salga de sus comunidades. 
“Esto pone en evidencia la falta de entendimiento de la voluntad de las comunidades, la voluntad política y el incumplimiento de las obligaciones de la Comisión de fiscalizar las actuaciones del MAATE que pone en riesgo la seguridad y vida de los habitantes de la cuenca, la reparación integral por la violación de derechos humanos, y los derechos de la naturaleza en particular del río Dulcepamba”, recalcó Yasmín Calva, abogada de las comunidades. 
Las organizaciones que acompañamos el caso miramos con preocupación la posición de las entidades y autoridades visitadas frente a las exigencias de las comunidades para que se respeten sus derechos y del río Dulcepamba, pues sus acciones deben responder al cumplimiento de su mandato legal y constitucional y no considerarse un favor hacia las comunidades, mucho menos tratar de justificar su inacción y omisiones en este caso. Estaremos vigilantes al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades y seguiremos exigiendo que cumplan con sus obligaciones, hasta conseguir justicia y reparación para las personas afectadas.   
 
Contacto de prensa: 
Acción Ecológica – 099 274 7727
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) –  099 902 9381
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) – 099 205 8210
Proyecto Dulcepamba- 099 931 1384 
Yasmín Calva, abogada de las comunidades – 0989849212