Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.
Domingo Ankuash, dirigente histórico del pueblo shuar, dijo que el pasado 29 de junio de 2018, en la sede de la Federación se generó un enfrentamiento entre dirigentes shuar de las diferentes comunidades y la dirigencia de la organización acompañados de trabajadores mineros y personas afines a la minería, que agredieron con palos, varillas de hierro y machetes a los dirigentes, dejando a dos personas heridas de gravedad.
Esto luego, de que la dirigencia de Ficsh, firmará el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”, que se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de 93.945,60 dólares
Según el convenio, la organización indígena tiene la obligación de incluir en sus actividades talleres de socialización sobre la minería a gran escala. Además, de permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades y presentar las listas de participantes con sus firmas, memorias y fotografías de todos los talleres.
Esta actividad por ninguna forma se podría contemplar como un proceso de consulta previa, libre e informada. Para Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que los programas de socialización pueden ser elementos para la consulta previa, pero no es la consulta, estos elemento no agotan este derecho. “Debe haber un proceso de participación real y consenso de las comunidades con la empresa – dice Flores. Además, es una tarea indelegable que tiene el Estado”.
También la Corte Constitucional del Ecuador en el 2010 se señaló, que el Estado debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en las comunidades y pueblos indígenas.
Para Ankuash la firma de estos convenios genera conflictos internos y divide a la comunidad. “No es bueno firmar estos convenios, porque divide a la gente y se soborna a los dirigentes. Además, es solo para socializar. Por eso, las comunidades de Taisha, el pueblo Arutam y Centro Bomboiza hemos rechazado esta firma y empezamos a organizarnos”.
Un convenio pendiente a firmarse, es la alianza de cooperación entre la Federación y Aurania, que renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de $2 millones con el presidente”.
Desalojos y criminalización
El 11 de agosto de 2016, militares y policías ingresaron a la comunidad shuar Nankints, parroquia San Carlos Panantza, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago para desalojar a sus habitantes. En ese entonces, Luis Tiwiram, indígena shuar, dijo que alrededor de 2000 militares llegaron, a la 10:00, a la comunidad de Nankints, para desalojar a los comuneros que se oponen a la minería en la zona.
Luego del desalojo en Nankints, sus habitantes intentaron recuperar su territorio, sin embargo, no lo lograron de forma permanente. Las comunidades fueron militarizadas y sus dirigentes hostigados, perseguidos y criminalizados.
Según Domingo Ankuash, más de 70 líderes sociales fueron criminalizados por defender su territorio y oponerse al proyecto minero. Ahora se espera que los casos sean archivados.