A través del conversatorio online sobre Salud Mental como un Derecho Humano, realizado en la mañana de hoy, jueves 20 de octubre de 2022, Beatriz Villareal, trabajadora social de Inredh; Alba Jalón, directora de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, y Ernesto Flores, docente universitario y psicólogo en el Centro de Psicología Aplicada (PUCE) analizaron las necesidades de apoyo psicológico y psiquiátrico en Ecuador.
Las distintas problemáticas socioeconómicas, políticas y culturales que atraviesa el país omiten otras realidades dentro de la salud, como ha sucedido con la salud mental. Para Ernesto Flores, en el país donde existe una «crisis permanente” la atención a los estilos saludables no es una prioridad. Por otro lado, Alba Jalón considera que las instituciones (públicas) “carecen de programas, proyectos y servicios que garanticen la salud mental para su personal y para sus usuarios”.
Mientras que, desde la perspectiva de organizaciones como Inredh, -menciona Villareal- se identificó, en distintos acompañamientos a personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, que “terminábamos también siendo afectados cuando teníamos que oír testimonios bien desgarradores” por lo que a partir de este análisis se le da una importancia psicológica, no solo a quienes son víctimas o familiares de víctimas, sino también a quienes conforman el equipo de acompañamiento.
Jalón refiere en general que la política sobre salud mental es “una política de Estado que puede estar diseñada, pero depende mucho de quienes la operan”. La Defensoría del Pueblo es responsable de gestionar procesos de reparación inmaterial a personas familias de víctimas de violencia, además que dispone de convenios con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con una Fundación Tierra Nueva para garantizar atención psicosocial de “reparación, elaboración y suscripción”.
En ambos casos, las organizaciones disponen de espacios para solventar la situación psicológica de las personas que tienen han sido víctimas de graves violaciones, sin embargo, “el interés por parte del Estado sobre la salud mental es ausente, puesto que no existen programas de salud mental, ni procesos de promoción, prevención e integración, como parte de políticas públicas en salud mental”, aseguran Jalón y Flores durante el conversatorio.
Flores afirmó que la crisis existente del Ecuador se debe a la inoperancia y a la injusticia social y que el Estado debería “reducir la vulnerabilidad” como primera tarea de prevención de la salud mental puesto que esto podría “ahorrar gastos económicos” y no se violarían derechos. Por otro lado, considera que es necesario un proceso de “integración de la comunidad de la salud y de la familia en un tratamiento” argumentando que esto se encuentra incluso dentro de normativas de organismo internacionales.
Finalmente, otros puntos que coincidieron las personas invitadas como ponentes fueron en que se debería tomar en cuenta el desgaste profesional que implica el seguimiento. También, la inversión insuficiente, el cuidado de la salud comunitaria, los debates profesionales en esta área, la participación de la sociedad civil dentro de los mismos procesos de integración y finalmente la promoción de cuidados existentes.