Este jueves 22 de febrero de 2024, a partir de las 14:00, se instalará de forma telemática la audiencia oral y pública donde se tratarán los puntos expuestos en la acción de incumplimiento que se presentó el pasado diciembre de 2023, por no respetar a cabalidad las medidas de reparación integral que garantiza el acceso al agua a las y los habitantes del reasentamiento Canoa.
Entre los puntos que se citan en el escrito, a través de testimonios, es la falta de dotación de agua; de control en precios por los tanqueros y desconocimiento de la procedencia del agua; las formas poco convencionales de recolección de agua; el monopolio del agua por parte de los tanqueros; y las amenazas en contra de personas de la urbanización.
En esta audiencia, además, “se resaltará un aspecto importante no dialogado, sobre las afectaciones a la piel y a la salud en general por el consumo de agua de pozo, lluvia, de tanqueros e incluso de las tuberías”, explica Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Asimismo, Bolaños resalta que el desarrollo de esta audiencia es importante, pues se espera que, en caso de seguir perpetuándose el incumplimiento de las medidas de reparación integral dispuesto en sentencia, el último paso sea llegar a la Corte Constitucional del Ecuador. “Para lograr esto es primordial que el juez tenga acceso directo a la información del caso, tanto de forma oral como escrita”.
Contexto
En mayo de 2020, debido a la pandemia y cuarentena, la población de Canoa denuncia que no tiene agua potable a causa de la mala administración de las autoridades locales que no lograban superar las secuelas que dejó el terremoto de 2016.
Tras presentar en el Complejo Judicial de Sucre una acción de protección para exigir que se garantice su derecho al agua, el tribunal emitió su sentencia a favor de la Urbanización Miduvi. Sin embargo, no se cumplieron a cabalidad todas las medidas de reparación de la sentencia.
Han transcurrido 3 años y 5 meses aproximadamente desde la emisión de la sentencia, y se han llevado a cabo dos audiencias de seguimiento, el seguimiento de la Defensoría del Pueblo y la ratificación del Tribunal. Lejos de cumplir con todas las medidas de reparación, se han evidenciado algunas vulneraciones.
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