Por Karol Jaramillo Ayala *
Nos adentramos en la Ruta del Spondylus, esa carretera donde el océano aparece y desaparece entre curvas, como si guiara el camino. Desde allí, con el horizonte extendiéndose frente a mí, supe que me acercaba a un lugar atravesado por siglos de historia y por una lucha que aún no termina.
Salango proviene del señorío precolombino de Salangome, parte del linaje Manteño-Huancavilca. Hoy, esta comunidad costera en Manabí está habitada por alrededor de 3.500 personas, distribuidas en 500 familias que viven sobre los mismos suelos donde hace más de 5.500 años sus antepasados pescaban, navegaban y enterraban a sus muertos. La arqueología, la tradición oral y las prácticas de subsistencia lo demuestran. Pero desde hace dos décadas, ese legado ha estado bajo amenaza.
La comunidad nos recibió en asamblea. Allí trazamos la agenda para los siguientes días. La primera entrevista fue con Jorge Salazar, un hombre que lleva en su memoria y en sus manos el peso de la criminalización. Al llamarlo, Jorge colocó sobre la mesa un cuaderno anillado hecho a su manera con cincuenta páginas: denuncias, sentencias y cartas. Contó cómo Patrick B., ciudadano suizo, se había apropiado fraudulentamente de 34,32 hectáreas de territorio ancestral —playas, caminos comunales y senderos de pesca— con el silencio cómplice del Estado y la firma de notarios. «Me acusaron de terrorismo, perdí mi hogar y tuve que huir. Mi madre me acogió a mí y a otros comuneros perseguidos en su casa en Quito. Gasté cada centavo en mi defensa, pero aquí seguimos, resistiendo», relató con voz firme. En sus ojos se reflejaba una resistencia fatigada, pero nunca vencida.
Esa misma noche, me envió un mensaje de WhatsApp agradeciendo mi presencia y mi interés en su historia. Adjunto al mensaje venían seis documentos escaneados con más información del caso. Sus palabras quedaron resonando en mi mente:
“Buenas noches, estimada Karol, muchas gracias por sus gestiones en favor de los comuneros de la Comunidad Ancestral Salango, así como por las entrevistas y el recorrido. Con ustedes, INREDH y la Universidad Católica, ya estamos viendo una luz al final del túnel. Hemos trabajado por más de 20 años, y creo que es justo, por fin, tener justicia…”
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso. En 2022, emitió un informe de fondo responsabilizando al Estado ecuatoriano por múltiples violaciones. Pero el incumplimiento fue constante. Por eso, ahora el caso llega ante la Corte IDH este 20 de mayo de 2025 en la Ciudad de Guatemala.
El sol del mediodía brillaba con intensidad al llegar a la Playa de Río Chico. Un portón metálico custodiado por cámaras, guardias armados y seis perros rottweiler vigilaba el paso que una vez fue libre. Avanzamos por un angosto sendero, alerta a cada paso. Carlos Asencio, con el rostro serio y la mirada firme, nos guió hasta el manglar donde antes sus ancestros recolectaban para subsistir. «Aquí rellenaron esto, metieron arena y demás cosas, ya no es como antes. Este manglar era un sustento de vida: cuando había ‘luna’ nos beneficiábamos del manglar cogiendo crustáceos. Hoy, ni un paso sin permiso», explicó, justo antes de que los guardias nos exigieran retirarnos. El ambiente era tenso; la vigilancia, amenazante. Ese camino, único acceso a la playa, es ahora propiedad privada de Patrick B. Mientras caminábamos, la comunidad me contaba que ya han existido varios incidentes en donde estos perros han atacado a personas o incluso niñas de la comunidad, y por eso ahora consideran peligroso entrar a Río Chico.
Antes de la tarde, ascendimos al Mirador de Salango. Bajo un cielo despejado que deslumbraba con su azul, la vista era majestuosa: el mar infinito, salpicado de barcas de pescadores y el perfil de la isla. Allí había funcionado el comedor comunitario, epicentro de encuentros y turismo. Hoy, los muros nuevos y los árboles plantados por manos del extranjero lo habían cercado. Jorge Núñez, con voz pausada, resumió la pérdida: «Sembraron árboles para tapar la vista, hicieron linderos donde nuestra comunidad compartía. Nos arrebataron ese espacio colectivo, donde varias familias trabajaban».
Ahí mismo, dialogamos con Sabino Pincay, el joven presidente de la comunidad. Sabino aún practica buceo a pulmón, pesca artesanal, recoge ostras, habilidades que aprendió de sus ancestros. «Los ancestros bajaban más profundo porque se amarraban en la cintura una piedra para bajar a recoger la concha spondylus», explicó. Recordó la importancia de la libertad del mar para su sustento: refugio de supervivencia desde las culturas antiguas.
Bajando del Mirador, encontramos el “punto cero”: el sitio donde en 2004 más de 150 policías lanzaron gases lacrimógenos sobre niños, ancianos y mujeres en una protesta pacífica de la Comunidad. Los laberintos de concreto aún guardan cicatrices. «Nosotros nos reuníamos en este lugar para cuidar nuestro territorio porque Patrick Bredthauer se quiso adueñar de nuestro territorio, nos reuníamos todas las noches. Un día llegaron un piquete de policías. Pensamos que venían a protegernos, pero nos emboscaron», narró Luis Ostaiza. Aquí hubo claramente represión policial.
Salango está lleno de murales. Diez, quizá más. Colores vibrantes, figuras ancestrales, pescadores, spondylus, atardeceres eternos pintados sobre las paredes. Cada mural es una ventana al pasado, pero también un grito de identidad en el presente.
Al amanecer del segundo día, entrevistamos a madre e hija: Rosario y Angie Marcay. El sol daba directo al rostro de Rosario mientras, con manos temblorosas, contaba: «Nos demolieron la casa; sicarios armados venían a amenazarnos. Todo lo que construimos, desapareció». Angie, ahora madre, acunaba a su pequeño hijo dormido, recordando cómo, niña, vio derrumbarse su hogar. «Empezamos de cero, acogidos por vecinos, con miedo y sin nada», susurró.
El testimonio de Rosario y Angie Marcay fue devastador. Angie era una niña cuando vivió esto y ahora que ya es madre, siente con más fuerza lo que su familia tuvo que atravesar. El despojo no fue solo físico, fue emocional, fue una fractura en la historia familiar.
Desde los años 90 la Comunidad Ancestral de Salango también es parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) que a su vez es parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Salango es parte de una población costera donde el mar es fundamental para su supervivencia. Cada 12 de octubre, realizan un ritual simbólico con la balsa manteña alrededor de la Isla Salango para recordar a sus ancestros.
La comunidad ofreció llevarnos a conocer Playa Dorada desde el mar, llegando en lanchas. El mar se abría ante nosotros, vasto, brillante, libre… y sin embargo, inaccesible. “La verdad, yo solo he venido acá cuatro veces y nunca me he metido a la playa. Solo la he visto desde lejos”, confesó uno de los comuneros. Esa frase me empujó. Me lancé al agua, sentí la sal, la historia, la ausencia. Pensé en lo que implica que un mar ancestral sea cercado como si tuviera un único dueño. Playa Dorada no es solo un punto en el mapa ni una postal turística: fue y es un espacio ancestral, parte vital del tejido cultural y espiritual del pueblo de Salango.
De regreso, conocí a Policarpio Carvajal. Había sido torturado. Había perdido el acceso a los caminos de su infancia. Amanda Mosquera, la asesora legal de INREDH, le pidió unos documentos de su testimonio escrito. Él respondió con honestidad: “Verá, niña, la verdad, yo no sé leer ni escribir”. Policarpio lo ha contado con su cuerpo, con su valentía. Su esposa también compartió su historia: amenazas y pobreza, pero nunca silencio. Su relato no necesitó papeles: cada hilo de su memoria corporal contaba la herida abierta de la impunidad. Policarpio contó cómo desde que su caso empezó, comenzó toda la historia de represión en Salango. Él no tenía miedo de morir por defender los caminos. Nos contó su esposa Flor: “Yo tenía miedo, pero él no. Él decía que, si hay que morir por defender los caminos, así será, porque los caminos han sido toda una vida de la comunidad”.
A pesar de las múltiples acusaciones contra líderes comunitarios, la comunidad resistió. Organizaron mingas, rifas, y donaciones de víveres para apoyar a quienes fueron criminalizados. No dejaron que nadie luchara solo.
En el Centro de Investigaciones y Museo de Salango, Franklin Toro nos mostró piezas arqueológicas únicas: figurines silbato, osamentas guardadas minuciosamente en una habitación, cerámicas realizadas por varias culturas costeras. Cada objeto guarda una historia milenaria, una prueba viva de que este territorio ha sido habitado desde siempre. «La arqueología es identidad», dijo Franklin. Y lo entendí con total claridad.
En una de las conversaciones con Florencio Delgado, antropólogo, nos contaba que la toponimia en Salango —los nombres de ríos, cerros y caseríos— revela la profunda vinculación de la comunidad con sus propios nombres originarios. Y esa misma conexión se refleja en la antroponimia: los apellidos locales no son meros distintivos personales, sino faros de pertenencia ancestral. Apellidos como Pincay, Quimi, Marcay, Pin, Choes, Wale e incluso Chilan evocan linajes vinculados a clanes pescadores, artesanos de concha y custodios de sitios sagrados. Cada vez que un comunero se presenta como “José Quimi” o “Mario Pincay”, está pronunciando no solo su nombre de pila, sino también el eco de generaciones que guardaron el legado Manteño‑Huancavilca. En esas palabras vive la historia de sus ancestros y la resistencia cultural de un pueblo que se nombra a sí mismo desde el territorio que habita.
Después de más de 20 años de lucha, la comunidad de Salango se encuentra ahora frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigirle justicia al Estado ecuatoriano. Esta audiencia podría marcar un precedente histórico no solo para Salango, sino para muchas otras comunidades ancestrales que resisten al despojo territorial, a la privatización de espacios sagrados, a la criminalización por defender lo suyo.
Para la última entrevista, fuimos hacia la casa de Robinson Arcos. Nos recibió en su hogar, que también funciona como espacio de turismo comunitario. Empezamos las grabaciones con el fondo del atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Robinson nos contó que perdió muchos años por estar en la lucha.
Fue presidente de Salango durante los años más duros, cuando Patrick Bredthauer persiguió a los comuneros acusándolos de sabotaje y terrorismo. «Me acusaron de terrorismo y tuve que huir. Mi madre murió en ese tiempo y no pude despedirme». Su voz se quebró por un instante, pero siguió. Nos habló de los días de miedo, del exilio interno, de lo que significaba volver y seguir resistiendo.
Salango no solo ha resistido en las calles o en las audiencias; también ha resistido desde sus hogares, desde la cocina comunitaria, desde el trabajo en el mar y el arte en los muros. Cada rostro que fotografié, cada palabra que grabé me habló de una comunidad que no olvida, que transforma el dolor en fuerza colectiva. Hay una herencia viva que no se ha dejado arrebatar: la de quienes defienden con el cuerpo y la palabra un territorio que les pertenece por derecho y por historia.
En el viaje de regreso, mientras la Ruta del Spondylus se desplegaba nuevamente frente a mí, no dejaba de pensar en todo lo que había escuchado y sentido. El mar, que días antes me pareció inmenso y sereno, ahora cargaba un eco distinto: el de voces que claman justicia desde hace décadas. Entendí que no se trata solo de acompañar, sino de amplificar, de no permitir que el olvido avance donde aún hay memoria viva. Salango resiste. Y mientras resista, su historia seguirá siendo contada.
Karol Jaramillo Ayala
Comunicadora social con enfoque en derechos humanos y justicia climática. Se especializa en producción audiovisual y generación de estrategias de comunicación con perspectiva intercultural. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).