Defensoría del Pueblo pide que se respete el derecho a la defensa de la comunidad Cascomi en la audiencia de protección por actividad minera

Francisco Hurtado, defensor adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, dijo  ayer 8 de agosto de 2018, mediante una rueda de prensa que se respete el derecho a la defensa de los habitantes de Tundayme, lugar donde se ejecuta el proyecto minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe.
 

“Consideramos que la justicia debe actuar de forma inmediata, que no retarde más está acción y admita el proceso –dice Francisco -, reconozca el derecho a la autodeterminación de la comunidad indígena Cascomi (…) Durante la audiencia se garantice el debido proceso, se garantice la igualdad en la defensa, hay ocho abogados que representan al Estado y se les da un tiempo considerablemente mayor al tiempo que tienen la comunidad y sus representantes por lo cual pedimos que en esta audiencia se respete el derecho a la defensa”.
 Estas declaraciones la dio junto a los representes de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam) que organizaron ayer una rueda de prensa con el fin de hacer público la resolución del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega, quien ordenó -de forma inmediata- que la compañía Ecuacorriente S.A. (Ecsa), encargada de ejecutar el proyecto minero ‘Mirador’ suspenda cualquier acto de desalojo previsto y se abstenga de realizar acciones intimidatorias en contra de los miembros de la comunidad.
 En la cita con los medios, los habitantes del barrio San Marcos de la parroquia Tundayme que viajaron hasta Quito denunciaron nuevas amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera Ecuacorriente. Luis Sánchez, miembro de la comunidad de Cascomi, señaló que como pueblo de la Amazonía es indignante que mientras se está llevando el proceso de acción de protección, la empresa minera transnacional esté hostigando a la comunidad y sobre todo impidiendo la libre circulación en el territorio. “Pido a todas las entidades responsables como a la Asamblea Nacional y al Estado que controle y que no siga permitiendo que nuevamente se nos violente nuestros derechos colectivos y se garantice nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de violencia”.
 Un ejemplo de esto,es la situación que vive la familia Salinas que fue desalojada en el 2015 y ahora para ingresar a su casa debe cruzar por la concesión minera que cierra sus puertas para evitar el paso de los comuneros.
 Similar situación vive  Rosa Elvira, quien recibe amenazas constantes de desalojo por parte de las autoridades estatales y personal de la empresa minera. Otra estrategia utilizada es inducir para que la gente venda sus propiedades. La familia Salberia Pizarro, “está siendo inducida a que venda la propiedad poniéndole temores, diciendo que ellos vienen a nombre del Estado y que tienen una concesión minera y que están autorizados para entrar en la tierra y hacer lo que quieran”, relata Sánchez.
 También hace una semana la familia Uyuguarique ya fue desalojada en el año 2015 recibió la visita de los  trabajadores de la empresa China Ecsacon el fin de exigirles que deben desalojar su territorio porque tiene que sacar el material pétreo que está en sus tierras a las orillas del río Quimi. “Siempre nos están persiguiendo queriendo sacarnos de nuestras tierras –dice WillianUyuguari, presidente de Cascomi – de esta manera quiero que esto se visibilice y que sapan lo que está y sigue pasando en Tundayme, las cosas no son como lo cuenta la empresa Ecsani el mismo Estado”.
 En  enero de este año se presentó la acción de protección con el objetivo de proteger y exigir reparación a la comunidad de Cascomi,lo cual generó un ambiente de hostigamiento en contra de los comuneros, dice Gabriela Flores, asesora legal de Inreh.
 Flores aclara que este recurso no solicitó la suspensión del proyecto minero, sino que denunció dos hechos: uno, que la instalación de la empresa Ecsa en estos territorios y la ejecución de minería a gran escala se lo realiza si haber ejercido con anterioridad el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas, así como lo manda la Constitución y el derecho internacional.
 Y la segunda parte de la acción está relacionada con los tres desalojos de forma violenta y sin notificación de los cuales fueron víctimas los habitantes de Tundayme en 2015. “Es necesario que el Estado comience a cambiar su línea de acción con respecto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y limité la actividad minera en el país”.
  Para Francis Andrade asesora de Repam, en el proceso de acción de protección se ha interpuesto, además el recurso de medidas cautelares, debido a los incidentes del pasado mes de junio y fines de julio por los actos de hostigamiento que viven de dos familias que son hostigadas por miembros de la empresa.
 Las medidas cautelares resolvieron que la empresa Ecsa se limite de realizar intimidaciones y acciones de hostigamiento, mientras que el Ministerio de Minería, Interior, Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debe limitarse de realizar cualquier tipo de desalojo, intimidaciones y hostigamientos a la comunidad.
 Para Francisco Hurtado, la Defensoría del Pueblo presentó un amicuscuriepor las posibles vulneraciones a los derechos humanos por los desalojos del pasado 2015 y 2016. También se pronunció acerca de la correspondencia que tuvo con la empresa Ecsa después de la audiencia de acción de protección, quien solicitó reunirse con la Defensoría para tratar el proceso judicial.