En el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado este 9 de marzo en Guatemala, se convocó a una audiencia temática para abordar el “Impacto de las políticas de seguridad en el Ecuador”. Sin embargo, la audiencia tuvo que ser suspendida debido a la ausencia de los representantes del Estado ecuatoriano.
Ante esta situación, las organizaciones sociales INREDH, Fundación Nía Kali de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Guayas y el Colectivo Mujeres de Asfalto mantuvieron una reunión privada con las comisionadas y comisionados de la CIDH para exponer información sobre los impactos de las políticas de seguridad en el país.
La sesión inició con las palabras del comisionado Edgar Stuardo Ralón, quien dio apertura a la reunión privada para que las organizaciones convocadas presentaran sus preocupaciones y evidencias sobre el impacto de las políticas de seguridad en Ecuador.
Durante la reunión, las organizaciones expusieron cómo determinadas políticas de seguridad, en el contexto de la crisis de violencia que atraviesa el país, han generado impactos diferenciados en territorios históricamente racializados y empobrecidos, donde las comunidades afrodescendientes enfrentan prácticas sistemáticas de estigmatización, criminalización y violencia institucional.
Luego de ello, intervino la abogada Diana Salomé León, coordinadora del área legal de la Fundación INREDH, quien expuso: “El perfilamiento racial es uno de los efectos directos de las políticas de seguridad aplicadas por el Estado. Casos como Jimmy Ocles, Christopher Santacruz, Andrés Padilla, 4 niños de las Malvinas y Carlos Méndez son casos que siguen esperando una reparación real. La falta de acceso a la justicia en los casos de racismo y perfilamiento racial es otro de los factores que afectan a personas afrodescendiantes”.
En su intervención, León también recalcó ante los comisionados el uso desproporcionado del poder que ejercen la policía y los agentes de control contra las infancias negras en sectores racializados donde el Estado es ausente. Subrayó la necesidad de incorporar un enfoque étnico-racial en la investigación, el debido proceso penal, la judicialización y la reparación integral de las víctimas. Asimismo, advirtió que existe un proceso de deshumanización que desborda las prácticas de racismo.
Las organizaciones señalaron además que muchas de estas denuncias de perfilamiento racial han podido documentarse gracias a registros de cámaras de videovigilancia; de lo contrario, estos hechos habrían permanecido en la invisibilidad y la impunidad, como ocurre en numerosos casos que no llegan a conocerse públicamente.
Por su parte, Inés Santos, presidenta de la Fundación Nía Kali (Trinipuerto – Guayas), manifestó: “Vengo desde uno de los territorios más estigmatizados del Ecuador, el Trinipuerto; un territorio al que el Estado no llega con derechos, pero sí llega con botas, con fusiles y con sospecha. No negamos que existe una crisis de seguridad, pero si decimos que la seguridad no puede construirse sobre el racismo en las personas afrodescendiente”.
Posteriormente, Carlos Méndez, víctima de perfilamiento racial cuyo caso penal ha sido archivado, presentó su testimonio ante los comisionados: “Me tiraron al suelo, me golpearon mientras mi cabeza se abría y mi sangre manchaba sus toletes y sus botas; mientras lo hacían, me gritaban insultos por el color de mi piel”.
A pesar de la gravedad de los hechos, denunció que los jueces han negado en reiteradas ocasiones la audiencia para su reparación, negándole el derecho a la verdad y a la memoria. “Hoy mi voz es también la de todas las personas que han sufrido perfilamiento racial”, concluyó.
Por otro lado, Juana Bone, del Colectivo Mujeres de Asfalto, expresó su inconformidad por la ausencia del Estado ecuatoriano. Señaló que dicha inasistencia refleja un problema más profundo vinculado al racismo estructural, la invisibilización estadística y la falta de levantamiento de información por parte del Estado.
Según el último censo, la población afroecuatoriana representa el 4,8 %, frente al 7,2 % registrado en 2010, lo que genera cuestionamientos sobre posibles fallas metodológicas que dificultan dimensionar la magnitud real de fenómenos como el perfilamiento racial.
“Hablar de perfilamiento racial en condiciones de violencia como tenemos en la actualidad en el estado ecuatoriano, no es hablar de un problema aislado, ni de errores individuales. El racismo estructural también se ve reflejado en el acceso a la educación, salud y y demás. Estas desigualdades materiales nos profundizan en alejarnos cada vez más de las posibilidades a un acceso igualitario de derechos”, mencionó Bone.
Durante la reunión también participó de manera telemática Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Representante expresó que: “En Ecuador, la violencia se ha identificado considerablemente en los últimos años, abordando al mismo tiempo las causas estructurales de la violencia hacia personas afrodescendientes. Sin embargo, la normalización de estos actos es preocupante. Llama la atención que en apenas dos años se ha detectado 21 estados de excepción y renovado 7, sin que la haya disminuido el tema de seguridad.”
Para el Comisionado, las medidas extraordinarias de seguridad no pueden sustituir las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Asimismo, recordó que: «Durante 2024, diversos comités de derechos humanos de la ONU exhortaron al Estado ecuatoriano a restringir la intervención militar en el orden público. Los organismos señalaron que dicha participación debe estar limitada en tiempo y forma para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales.»
Finalmente señaló que: «Es importante que se den estos espacios de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que permiten dar a conocer la realidad en la que vive la población afrodescendiente.»
Las organizaciones concluyeron que el perfilamiento racial y la violencia estatal representan una deuda histórica con las víctimas. Los casos expuestos ante la CIDH no son hechos aislados, sino expresiones de un problema estructural que continúa afectando de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes en Ecuador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que emitirá un comunicado oficial en los próximos días sobre la reunión mantenida con las organizaciones sociales y la información presentada durante este espacio.
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