El 6 de mayo de 2020, el South China Morning Post denunció el decomiso de dos contenedores llenos de aletas de tiburón procedentes de Ecuador; 26 toneladas de carga que llegaron a Hong Kong en enero de este año con marcas que la identificaban como pescado seco. Estos envíos están valorados en USD1,1 millones de dólares.
Recordemos que procedentes de Sudamérica y con rumbo a Asia y en el 2019 se incautaron 12 toneladas de aletas de tiburón. Ecuador todavía procesa en sus cortes el caso de la embarcación China que transportaba 6.226 tiburones en el 2017. Estas dolorosas cifras muestran solo los casos incautados y hallados, pero, ¿cuáles serán las verdaderas cifras de tiburones pescados o muertos en nuestros océanos tras haberles mutilados sus aletas?
El viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, reveló, el 11 de mayo, que 217.000 tiburones es la cifra oficial de capturas incidentales en el Ecuador, pero la realidad de los tiburones que anualmente mueren en nuestras costas es mucho mayor. Los responsables son arrestados y liberados bajo fianza; no obstante, se declara culpable al dueño del barco o de la empresa logística pero no logran alcanzar las altas mafias que manejan este oscuro negocio.
El mercado internacional de alimentos ha llevado a la ficción de que, en Japón, es posible y sencillo consumir aletas de tiburón provenientes de Ecuador. Esto oculta el tráfico de especies protegidas, los impactos en los ecosistemas locales e incluso la quema de combustibles fósiles, que contribuye al aumento del cambio climático que se genera al movilizar de esta manera antinatural productos de una región del mundo a otra.
Las aletas de esta última incautación provienen de unos 31.000 tiburones zorro y unos 7.500 tiburones sedoso, especies protegidas y consideradas vulnerables, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos tiburones tienen una baja fecundidad y su población mundial está agotándose gravemente. Ésta se ha reducido entre un 70 y 90% en todas las regiones, debido, especialmente, a la sobreexplotación de sus pesquerías para suplir de aletas al comercio internacional –sobre todo asiático- donde son muy apetecidas para sopas, especialmente para bodas y eventos familiares.
El Ministerio del Ambiente (MAE) como la Fiscalía General del Estado de Ecuador se han manifestado a través de sus redes, señalando que se investigará más el tema y se articularán esfuerzos entre entidades del Estado. Sin embargo, esto no es suficiente. El Gobierno nacional no tiene una clara política de protección de la fauna marina, y, por el contrario, se tapa los ojos tras la falacia de la pesca ocasional e incidental que permanece como política pública desde el gobierno de Correa.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos* Ecuador emite esta alerta a las autoridades, principalmente, a los entes de control: al Ministerio de Ambiente (MAE), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Recursos Pesqueros, la Asamblea Nacional. Pues, esta situación es muy grave y puede empeorar mientras los gobiernos están preocupados en sus esfuerzos por combatir la pandemia del covid-19. El Ecuador debe controlar el espacio de sus aguas nacionales, e incluso las aguas internacionales que separan al país continental del insular, ya que las embarcaciones piratas se aprovechan del refugio de vida que significa el Parque Nacional Galápagos para pescar estas especies.
Además, debe monitorear y controlar todos sus puertos a donde deberían llegar los cuerpos completos de una supuesta pesca incidental. Esta fiscalización es muy débil o inexistente. Se debe sancionar tanto por pesca ilegal como por delito ambiental al ser estas especies amenazadas o en peligro de extinción. Incluso actuar con más rigor ante las incautaciones de aletas de tiburón secándose en viviendas de Manta, por ejemplo. Organizaciones de la Alianza como CEDENMA han manifestado su preocupación ante la ausencia de control y protección de estas especies ante el MAE (marzo 2018), sin respuesta de la cartera de Estado. El Estado ha adquirido compromisos internacionales, mientras, nacionalmente, tiene la responsabilidad y obligación constitucional (Art.395) de garantizar el ambiente sano.
Los tiburones, como depredadores de las aguas, cumplen un rol clave en balance del ecosistema marino, por lo que esta dolorosa práctica pone en riesgo la vida misma de los océanos. Los tiburones, como todas las especies en el Ecuador, tienen derechos y estos no se están garantizando (Art. 71-74 CRE). Incluso el COA (Art.35) prevé que se protejan a las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las migratorias y las listadas por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Esta norma también se está violentando. Vemos cómo estas especies desaparecen y como la mafia de aletas de tiburón controla nuestras aguas, y el Ecuador no ha sido capaz de detenerla.
Por lo tanto, proponemos:
- La derogación de las disposiciones específicas sobre la pesca, detalladas en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica para el desarrollo de la de la Acuicultura y Pesca, que permiten la pesca incidental, incluso de especies en peligro de extinción.
- Un estricto cumplimiento y seguimiento del Estado en conjunto con las organizaciones ambientales de lo que establece el artículo 152 de la Ley Orgánica Para El Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que establece: “Tiburones y especies afines. Se prohíbe la pesca dirigida de tiburones, mantas y otros elasmobranquios que el ente rector determine, así como, la fabricación, transporte, importación, comercialización de artes de pesca utilizados para capturar estos recursos, la mutilación de las aletas de tiburón y el descarte de su cuerpo al mar, la importación, transbordo e internación de tiburones enteros o aletas de tiburón en cualquier estado de conservación o procesamiento, aun cuando hayan sido capturados en aguas internacionales”.
- Para fortalecer la protección de los tiburones, se pide la prohibición absoluta de pesca de estas especies, retirando la palabra “dirigida” del Art. 152, citado en el punto anterior.
*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:
Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Idea Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica