En el marco del Día de los Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentaron el informe situacional de derechos humanos donde se registran 9 personas fallecieron en contexto del paro nacional de 2022, 318 personas heridas y 199 detenciones.
En el escrito se evidencia que durante el paro nacional hubo un uso abusivo de la fuerza y que ninguna persona víctima de violaciones a DDHH en octubre de 2019 y en junio de 2022 ha recibido justicia ni reparación integral.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, inició la rueda de prensa con un mensaje de conmemoración a las víctimas dentro de las protestas sociales de los últimos años y recalcó que «nos sorprende que la respuesta del gobierno es militarizar a la sociedad, con eso no se resuelve nada».
Los derechos humanos -mencionó Viviana Idrovo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, son límites al poder. Asimismo, destacó la labor de los defensores de los derechos humanos, la cual consiste en decir qué debe hacer, qué no debe hacer y en qué se está equivocando el poder.
Bajo la misma línea, Jorge Acero, coordinador jurídico de Amazon FrontLines y parte de la Alianza, recalcó que “las organizaciones de derechos humanos durante el Paro Nacional 2020 realizaron acciones de monitoreo, documentación, registro y denuncia de violación de derechos humanos por parte del Estado”.
Una de las conclusiones del informe resalta que la respuesta del gobierno frente a la movilización social estuvo enmarcada en prácticas y políticas estigmatizadas, las cuales se enfocaron en criminalizar no solo a la protesta, sino también a sus participantes.
Además, se menciona que los mecanismos institucionales dialógicos, administrativos y judiciales del estado fracasaron, y que los resultados de este fracaso se manifestaron en diversos aspectos como la nula accesibilidad y eficacia de las garantías judiciales, falta de políticas públicas para garantizar la protesta social y discursos estatales que acrecentaron la violencia.
El estado ecuatoriano tuvo un llamado de atención por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la CIDH con respecto a la discriminación histórica y permanente contra los pueblos indígenas durante el paro en 2019; a pesar de esto, en el Paro Nacional 2022 dicha problemática salió a la luz de nuevo.
CONTEXTO:
El Paro Nacional 2020 liderado por CONAIE, FIENE y FENOCIN consistió en un evento político y legítimo por el reclamo de decisiones realizadas por el gobierno a partir de 2019. Dichas decisiones vulneraron los derechos colectivos de pueblos y nacionales en el territorio ecuatoriano.
Es así como los reclamos fueron sintetizados en diez demandas sociales que cuestionan diversos aspectos tales como las políticas de austeridad en gasto e inversión social, reducción de talento humano en salud y educación, incremento de la actividad extractiva petrolera y minera, venta de activos públicos mientras se incrementan las reservas internacionales para garantizar el pago de la deuda, flexibilización de políticas laborales y precarización de condiciones laborales, falta de control de precios a productores industrializados, falta de medidas focalizadas de subsidios, entre otras.