Este lunes 14 de abril a las 8h30 en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes (Mariscal Sucre) se instalará la audiencia de Acción de Protección contra la Policía Nacional, por la detención ilegal y arbitraria de dos defensores de derechos humanos, Miguel P. y Jafet G., durante una movilización social llevada a cabo en noviembre de 2024.
Ariadne Celi, asesora legal de Inredh, comenta al respecto:
“Además de las graves vulneraciones a los derechos humanos de nuestros dos compañeros cometidas por los agentes policiales el 21 de noviembre de 2024, los hechos de este caso implican un precedente de criminalización a la labor de los defensores de derechos humanos, sea cual sea su línea de trabajo. Inclusive, deja en estado de vulnerabilidad a otros actores que no participan directamente de las protestas, pero que están presentes para registrar los acontecimientos, tales como periodistas u otros veedores de procesos sociales. En ese contexto, la decisión de los jueces constitucionales en el presente caso es de suma importancia para sentar, en su lugar, un precedente de protección, respeto y garantías para los defensores de derechos humanos en el Ecuador”
Se espera que en la audiencia comparezcan el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zarate; el comandante del Distrito Manuela Sáenz, German León de la Torre; el ministro del Interior, John Reimberg Oviedo y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante 7 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
Comunicación Inredh
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