El 9 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 111 que declaró por primera vez la existencia de conflicto armado interno en el país, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo los centros de privación de libertad¹. En este contexto, se promovió el uso de la fuerza letal para “neutralizar grupos terroristas”².

La declaratoria de “conflicto armado interno” fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, quienes advirtieron que dicha medida pone en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía. Asimismo, señalaron que la situación en Ecuador y la justificación del Ejecutivo no cumplía -ni cumple- con los requisitos establecidos para tal declaratoria.

Estas organizaciones alertaron que la movilización de las Fuerzas Armadas, entrenadas para combatir al “enemigo”, es una medida mediática que refuerza un enfoque securitista y punitivista y pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales.³ y que, en su lugar, lo que el país necesita es una política pública integral, con medidas efectivas, integrales, estratégicas, técnicas y profesionales, de mediano y largo plazo que aborde los factores que inciden en el aumento y proliferación del crimen organizado⁴.

Es en este contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de las y los habitantes del Ecuador, se han denunciado graves violaciones de derechos humanos.

Antecedentes:

Uno de los primeros casos documentados de graves violaciones a los derechos humanos como resultado de la militarización fue el de Carlos Javier Vega Ipanaqué, un joven de 19 años, quien fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes de las Fuerzas Armadas en marzo de 2024 en la ciudad de Guayaquil.⁵ Ante la noticia, la respuesta corporativa de los militares fue estigmatizar a Carlos Javier afirmando que se trataba de «un terrorista abatido»⁶, cuando en realidad,⁷ era un joven alegre, músico emprendedor, con tres trabajos que se dirigía a vender un cachorro junto a su primo Eduardo Velasco, quien sobrevivió al ataque.

La ejecución de Carlos Javier Vega Ipanaqué, perpetrada por miembros de la Armada ecuatoriana, marcó el camino para toda una cronología de hechos y casos de más víctimas que han demostrado los verdaderos resultados de la militarización:

• El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) dio a conocer un informe preliminar en febrero de 2024, sobre la situación de las personas privadas de libertad en contexto de ocupación militar, en el que expuso las prácticas de tortura a las que estaban sometidas las personas detenidas, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentaban sus familiares⁸. Como respuesta se logró un Habeas Corpus que declaró a las Fuerzas Armadas responsables de las prácticas de tortura. Ante esto, el Presidente Daniel Noboa, respondió públicamente: «Que ningún antipatria nos venga a decir que violamos los derechos de nadie»⁹.
• La Pastoral Social Cáritas Esmeraldas alertó este año sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales y muertes por inanición desde el primer día de la ocupación militar en la cárcel de Esmeraldas —visibilizadas en medios internacionales— y que actualmente siguen ocurriendo. Así, se ha denunciado el asesinato de Bryan Villares¹⁰, que habitaba el ala C de esa cárcel, así como Juan Roberto Rodríguez Chalá y Hairo Antonio Perdomo. Por otra parte, Xavier Gustavo García Torres es el rostro de las personas privadas de la libertad que han muerto por desnutrición y anemia crónica en la prisión de Esmeraldas y en el resto del país. Otros nombres no pueden ser expuestos por el temor de las familias a ser vulneradas.
• Ante el incremento de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos cometidos por las Fuerzas Armadas en el marco de los Estados de Excepción, la organización internacional Human Rights Watch envió una carta al presidente Daniel Noboa en mayo de 2024, alertando sobre la ineficacia de las medidas de seguridad adoptadas y el aumento de las violaciones a los derechos humanos derivadas de las mismas¹¹.

• De igual forma, tres comités de las Naciones Unidas alertaron a Ecuador en agosto de 2024 sobre el incremento de graves violaciones a los derechos humanos derivadas de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana sin control ni fiscalización. El Comité contra la Tortura¹², el Comité de Derechos Humanos¹³ y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial¹⁴ de las Naciones Unidas, advirtieron sobre la necesidad urgente de establecer un proceso de fiscalización y control en la movilización de militares para tareas de seguridad ciudadana, debido a los casos reportados.

¿Quiénes son las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los grupos particularmente perjudicados por los contextos de alta violencia e inseguridad son los niños, niñas, adolescentes (NNA) y las personas jóvenes, asunto denunciado por las Coaliciones de Defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en febrero 2024, quienes también alertaron al Comité Derechos de los Niños a través del Informe Alternativo donde se enfatizó el reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado y del altísimo número asesinatos cometidos contra ellos. La CIDH enfatiza que son múltiples y diversas las formas de violencia a las que los NNA y jóvenes se ven sometidos en tales entornos, además de las sucesivas vulneraciones a sus derechos humanos y de su victimización, fenómenos que se interrelacionan y superponen, provocando una espiral que se extiende en el tiempo y que puede ser difícil de frenar¹⁵.

La crisis de inseguridad e incremento de la violencia armada en Ecuador, marcada por la presencia del crimen organizado y una violenta represión estatal disfrazada de una política de seguridad con resultados ineficientes, ha exacerbado esta situación. Las organizaciones criminales han implementado estrategias sistemáticas para reclutar forzosamente a NNA, explotando su vulnerabilidad, falta de oportunidades y condición de personas en desarrollo. Por otro lado, el Estado, bajo el fuerte y difundido discurso de la guerra interna, ha reforzado estereotipos que criminalizan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes empobrecidos, excluidos y racializados, en lugar de garantizarles protección y desarrollo integral.

Perfilamiento y criminalización racial

Existe una infinidad de casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros que afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la Costa ecuatoriana. Cada niño, niña y adolescente negro criminalizado es el resultado de la naturalización del racismo, y el costo de esta necropolítica de Estado es sobre la

vida de las corporalidades negras. Pero no es solo esto, pues además se conjuga la criminalización de la pobreza.

No son casos aislados, es intencional y planificado crear las fronteras a partir de categorías raciales, a las personas negras nos están matando de muchas formas: sin acceso al agua, salud, educación y los cuidados. Es evidente que las infancias negras empobrecidas no les importan.Cada caso es una cifra más para el sistema, pero para sus familias son niñas, niños y adolescentes víctimas de un Estado que les ha fallado, les ha olvidado y el cual usa sus lugares de opresión para colocarles en el lugar del desecho.

El ejercicio del poder coercitivo del Estado se ve reflejado en el perfilamiento racial, marcando diferencias de cómo los agentes de control tratan a grupos étnicos. El acercamiento que realizan los militares y policías a cuerpos racializados (afroecuatorianos, montubios e indígenas) es producto del racismo estructural, ya que una de las partes ostenta una posición jerarquizada y desigual respecto a la otra, en la que pueden existir escenarios con presencia de uso excesivo y brutal de la fuerza¹⁶.

Las políticas de los gobiernos no han sido pensadas desde la justicia social ni el antirracismo, sino en mantener el ejercicio de violencia hacia cuerpos racializados. El racismo y uso brutal de la fuerza sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes se visibiliza en la cantidad de casos reportados en provincias como Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, entre otras donde existe mayor concentración de población afroecuatoriana.

Por ello no es coincidencia que los cuerpos racializados sean víctimas de perfilamiento étnico-racial en barrios y sectores abandonados por el propio Estado, entendiéndose que son prácticas policiales/militares que se basan en estereotipos étnicos o raciales como fundamento para tomar decisiones sobre a quién detener, requisar, investigar o arrestar ¹⁷. A pesar de que no haya evidencia de que miembros de poblaciones racializadas sean asociadas con algo ilegal, las autoridades buscan justificar la brutalidad militar y el uso excesivo de la fuerza criminalizando mayoritariamente a niños, adolescentes y jóvenes, vulnerando sus derechos.

Los 4 niños de Las Malvinas, Guayaquil: el rostro de las desapariciones forzadas resultado de la política ejecutiva de seguridad

El 8 de diciembre de 2024, 16 integrantes de las Fuerzas Armadas detuvieron ilegalmente a los niños Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11 años), y los hermanos Josué (14 años) e Ismael Arroyo (15 años) en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Guayaquil. Sin seguir los procedimientos establecidos, los trasladaron fuera de la ciudad hacia una base militar, negándoles la comunicación con sus familias.. En el camino fueron maltratados, desnudados y abandonados en la carretera de la parroquia de Taura del cantón Naranjal, a varios kilómetros de sus hogares. Hasta la fecha, no se conoce del paradero de #LosCuatroDeGuayaquilEcuador. Este hecho constituye un claro caso de desaparición forzada como lo sentenció la jueza constitucional Tanya Loor Zambrano el 24 de diciembre de 2024, 15 días después de la desaparición de los niños , quien además destacó el grave riesgo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en un contexto de Estado de Excepción.

El reconocimiento de la jueza constitucional Zambrano tiene importantes consecuencias legales porque establece la responsabilidad del Estado Ecuatoriano en la desaparición de los cuatro de Guayaquil. Este caso ha demostrado que la movilización de las Fuerzas Armadas no se enmarca en las normas legales y constitucionales de protección de los derechos humanos de las personas y que no cuentan con los protocolos y procedimientos para esas actuaciones. Esta movilización, llevada a cabo sin control, ni con el debido seguimiento y sin procesos de fiscalización adecuados, ha puesto en riesgo la integridad personal de toda la población ecuatoriana.

Sin embargo, #LosCuatroDeGuayaquilEcuador no es el único caso. En los últimos tres meses, según CDH Guayaquil, se han reportado desapariciones similares en operativos realizados por las Fuerzas Armadas en la región Costa. Entre las víctimas se encuentran Oswaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años; Justin Elian Álvarez Chávez, de 17 años; Dave Robin Loor Roca, de 20 años; Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, de 35 años; Maicol Jeampier Castañeda Solís, de 16 años; Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años; Kleiner Pisco de 15 años , Carlos Pisco de 17 años y Miguel Moran de 21 años.

En la provincia de Esmeraldas, los casos de desapariciones forzosas se han replicado desde la declaración del conflicto armado interno en enero de 2024. Se han documentado las desapariciones de Nevil Mina Quiñónez, de 18 años; Ariel Cheme Franco, de 19 años, Jackson Cortez Lara, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo Mina y Karil Josué Chérrez Reina. Los dos últimos

—licenciado en enfermería y taxista, respectivamente— fueron detenidos presuntamente por militares.

En esta provincia además hay una agravante.La Pastoral Social Cáritas Esmeraldas conoce de otros casos que, debido al temor de las familias a ser violentadas, no han podido ser denunciados en el sistema de justicia, pues los familiares temen ser asesinados. La imposibilidad de denunciar es, también, otro efecto gravísimo de la impunidad estatal y la militarización.

Estas desapariciones forzadas evidencian las graves fallas del Estado en garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos, demostrando que su política de seguridad no solo es ineficaz, sino que además viola derechos fundamentales, arrebatando vidas y destruyendo familias.

La respuesta del Ejecutivo frente a la desaparición forzada

La primera y única respuesta que el Estado debió dictar era ofrecer toda la colaboración posible con la investigación en curso y mostrar solidaridad con las familias de las víctimas de desapariciones. Sin embargo, esto no ocurrió. El 21 de diciembre de 2024, el «Bloque de Seguridad», encabezado por el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, emitió un comunicado donde posicionó dos puntos: i) que no hubo participación de las Fuerzas Armadas y ii) que hablar de desapariciones forzadas era «hacerle juego al crimen organizado»¹⁸.

El 23 de diciembre de 2024, en la Asamblea Nacional se reprodujo un video del ECU911 donde se identifica a 16 uniformados que detuvieron a los 4 niños de las Malvinas¹⁹, a pesar de que el ministro de Defensa había señalado que las FFAA no eran responsables. Ese mismo día, al conocer que se iba a hacer público el video que evidenciaba la participación de militares, el Ministro de Defensa cambió su narrativa y posicionó en medios de comunicación que a los niños se los detuvo mientras “estaban robando”²⁰.

Tras esa declaración, se inició una campaña de estigmatización y desinformación en redes sociales, impulsada por cuentas trolls y difundida en chats de WhatsApp vinculados a funcionarios públicos. Estas acciones promovieron discursos violentos y criminalización contra los niños desaparecidos y manifestaban apoyo al gobierno, buscando deslegitimar las denuncias y desviar la atención pública.

Toda esta respuesta institucional de impunidad y de espíritu de cuerpo se ha visto en todos los casos que se ha intentado judicializar, influyendo en las víctimas a desistir de continuar con procesos de denuncia.

Frente a todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, nos pronunciamos en los siguientes términos:

1. Denunciamos la desaparición forzada de los cuatro niños del barrio las Malvinas de la ciudad de Guayaquil como hechos sistemáticos que están ocurriendo en todo el país en contra de la población jóven, empobrecida y racializada. Esto como resultado de una política ejecutiva de militarización sin control ni fiscalización.
2. Exigimos a la Corte Constitucional hacer respetar sus dictámenes y asegurar que la movilización de las FFAA para tareas de seguridad ciudadana sea temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
3. Exigimos que todos los casos de graves violaciones a Derechos Humanos ocurridos en el 2024 sean investigados, acompañados y resueltos conforme a la naturaleza de los casos y a la normativa vigente.
4. Demandamos que la Fiscalía y todos los organismos de la Administración de Justicia cumplan de manera rigurosa y ágil con la investigación judicial para establecer las responsabilidades correspondientes a todos los casos existentes
5. Responsabilizamos al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024. La persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, rechazada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Esto ha desvirtuado la misión institucional de las Fuerzas Armadas e instaurado un clima de terror contra la ciudadanía.
6. Denunciamos la inacción del Sr. César Córdoba, Defensor del Pueblo (e), ante la la falta de respuesta efectiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos en un contexto de graves violaciones a Derechos Humanos. La posición pasiva y silenciosa de dicha institución la hace cómplice de los hechos ocurridos en todo el país.
7. Responsabilizamos al Sr. Ministro Gian Carlos Loffredo por los ataques que han estado recibiendo las familias de los cuatro niños de las Malvinas en redes sociales por medio de campañas de estigmatización y desinformación.
8. Exigimos a la Asamblea Nacional del Ecuador, que por justicia a todos los casos de graves violaciones de Derechos Humanos reconocida por sociedad civil y organismos internacionales, se enjuicie políticamente al Sr. Ministro Gian Carlos Loffredo por no garantizar que la movilización de FFAA cumpla con los estándares internacionales, por ser responsable político de la desaparición forzada de los cuatro niños de Guayaquil y por promover discursos de estigmatización y hostigamiento contra ellos.
9. Demandamos la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos que han estado denunciando los casos de graves violaciones a Derechos Humanos en el transcurso del 2024.
10. Exigimos a los medios de comunicación evitar la estigmatización por razones raciales de los #LosCuatroDeGuayaquilEcuador. Esperamos que la prensa realice su trabajo verificando la información de fuentes confirmadas, con una narrativa que avale la protección a las infancias y adolescencias de los estereotipos racistas y evite la revictimización en los familiares de niños, niñas, adolescentes y adultos víctimas de violencia y de desaparición
11. Hacemos un llamado a los organismos internacionales de Derechos Humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Derechos Humanos a hacer una visita al Ecuador a fin de constatar los hechos ocurridos durante el 2024 que ha vivido más de 250 días bajo estado de excepción.
12. Agradecemos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las universidades, a los sectores de la Iglesia y a los comunicadores que se han sumado a denunciar y a exigir verdad, reparación y justicia lo que ha permitido que el pedido de que “vuelvan con vida” tenga una resonancia nacional y que las autoridades comiencen a actuar. Esperamos que continúen con la misma energía y firmeza en las siguientes semanas.

¡Verdad, Justicia y Reparación!

Organizaciones suscriptoras:

¹CNN, “¿En qué consiste el «conflicto armado interno» que Noboa decretó en Ecuador y qué implica?”,                                    10                      de                      enero                      de                             2024.https://cnnespanol.cnn.com/2024/01/10/que-es-conflicto-armado-interno-noboa-ecuador-orix

² Ecuavisa, “La declaración de conflicto armado interno en Ecuador permite a las FF.AA. usar armas letales contra terroristas” 9 de enero de 2024.“https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/conflicto-armado-interno-ecuador-ff-aa-usan-armas-leta les-terroristas-EA6604521

³ INREDH, “Ante el reconocimiento de conflicto armado no internacional y los hechos de violencia en el país”. 15 de enero de 2024 https://inredh.org/ante-el-reconocimiento-de-conflicto-armado-interno-y-los-hechos-de-violencia-en-el- pais/

4 La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, alertó que “Los conflictos armados incrementan la violencia hacia la población civil más vulnerable, mujeres, niños, niñas, adolescentes y diversidades sexo genéricas así como su reclutamiento, la exacerbación de la xenofobia, etc”https://alianzaddhh.org/nos-solidarizamos-con-las-victimas-de-la-violencia-desatada-en-el-ecuado r-y-exigimos-al-estado-abordar-de-forma-estructural-la-problematica-del-crimen-organizado-2/ .

⁵      CDH,     “Ejecución      extrajudicial      en     Barrio      Cuba”,      19      de     marzo      de     2024, https://www.cdh.org.ec/testimonios/625-ejecucion-extrajudicial-en-barrio-cuba.html?responsivizer_te mplate=desktop

⁶ Notimundo, “Terroristas fueron aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”, 3 de febrero de 2024.

https://notimundo.com.ec/terroristas-fueron-aprehendidos-ante-intento-de-ataque-a-reten-militar/

⁷ Karol E. Noroña, “Disparos de la Armada: la doble muerte de Carlos Javier Vega”, 6 de septiembre de 2024. La doble muerte de Carlos Javier Vega

⁸ CDH, “Monitoreo de cárceles ocupadas por militares”, 27 de enero de 2024. https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/622-monitoreo-de-carceles-ocupadas-por-milita res-21-22-enero-2023.html

⁹ Primicias, “Que ningún antipatria nos venga a decir que violamos los derechos de Nadie”, 15 de febrero de 2024. https://www.primicias.ec/noticias/politica/noboa-agenda-obras-gabinete-manabi/ ¹⁰ Karol E. Noroña, France 24, “Hemos sido humilladas y golpeadas: ¿qué está pasando con las personas privadas de la libertad en Ecuador?”, 30 de enero de 2024.“Hemos sido humilladas y golpeadas”: ¿qué ha pasado con las personas presas en Ecuador?

¹¹ HRW, “Carta al Presidente Noboa sobre “Conflicto armado interno” y violaciones de derechos humanos                           en             Ecuador”,              22             de             mayo             de                 2024.

https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/carta-al-presidente-noboa-sobre-conflicto-armado-interno-y- violaciones-de-derechos

¹⁶Ilex Acción Jurídica” Abuso policial y discriminación racial hacia afrodescendientes: estudio de caso en las localidades de Usme y Kennedy de Bogotá, D.C” (Bogotá; Editorial Cuatro Ojos) Pàg, 21

¹⁷ Idem

¹⁸ Ecuavisa, “El Bloque de Seguridad responsabiliza a grupos delictivos de la desaparición de cuatro menores en Guayaquil”, 22 de diciembre de 2024. “https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/bloque-seguridad-responsabiliza-grupos-delictivos-des aparicion-menores-KF8513408

¹⁹ Ecuador en Directo TV, “Este lunes 23 de diciembre, durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, se expuso un vídeo en el que se muestra, el momento de la detención militar a los cuatro menores de edad que aún se encuentran desaparecidos”, 23 de diciembre de 2024. https://www.facebook.com/watch/?v=2048719698894523

²⁰Programa           radio-digital           “Así           amaneció”,           (Red           Social          X) https://x.com/AsiAmanecio/status/1871196087396032722