Carlos Reyes, un joven artesano de 29 años, morador del cantón Muisne sufrió actos de tortura y discriminación por estereotipos raciales por parte de las Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió el domingo 18 de diciembre del 2022 en los exteriores del colegio Alfredo Pérez Guerrero ubicado en la Av. Manabí.
Carlos observó cómo un grupo de militares estaban golpeando a dos jóvenes, siendo uno de ellos menor de edad. Rápidamente sacó el celular para grabar lo que sucedía; fue entonces que los militares al percatarse que están siendo grabados, le quitaron el teléfono de manera agresiva.
Esta acción vino acompañada de golpes en todo el cuerpo, estrangulamiento y secuestro, puesto que Carlos fue retenido y transportado en una camioneta hasta “El basurero”, lugar ubicado vía al Salto. Durante este trayecto, Carlos recibió golpes, insultos e incluso fue humillado, ya que los agentes de las Fuerzas Armadas cortaron sus rastas y cuero cabelludo con una navaja afectando directamente a su identidad afrodescendiente. Tras las agresiones Carlos Reyes quedó inconsciente y despertó solo al filo de la carretera vía al Salto, donde fue auxiliado por un amigo.
Ante este hecho, el joven presentó la denuncia a Fiscalía por el delito de tortura con los respectivos exámenes médicos que demostraban las lesiones ocasionadas por los golpes. Así también rindió su testimonio ante las autoridades y en medios de comunicación de la zona.
No obstante, en un comunicado, la gobernación de Esmeraldas negó que el hecho sea verdad. Y cabe señalar que dicho comunicado que fue publicado por la cuenta de Facebook de la gobernación de Esmeraldas, el cual estaba firmado por la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, es decir, con la intervención directa de las Fuerzas Armadas.
Para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) es fundamental que se garantice el debido proceso y el derecho a una justicia independiente, autónoma y célere, sobre todo, en la coyuntura nacional, donde los discursos que se han construido históricamente sobre personas afrodescendientes conllevan en muchas ocasiones a que la fuerza pública presuma que esta población por su origen racial tiene más tendencia a delinquir y a ser “sospechosos”.
Solo recordemos que, en 2008, en un operativo realizado en La Carolina, se detuvo a personas afroecuatorianas que según la Policía Nacional eran quienes cumplían con el perfil de «sospechosas», pese a la diversidad que había ahí.
En 2011, Michel Arce renunció a convertirse en un oficial de las Fuerzas Armadas debido a que fue discriminado y torturado por su color de piel. Este fue el primer caso por delito de odio racial que fue judicializado en el país, pero, lamentablemente, no es el único.
También podemos mencionar a Andrés Padilla, quien murió tras un impactado de bala de dotación policial, hecho ocurrido el 23 de agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, en la provincia de Imbabura. Y hasta el momento, no hay una respuesta al proceso.
Hace un año, el 10 diciembre 2021, justamente en el día de los derechos humanos, Jimmy Ocles fue golpeado y lanzado al piso por policías «vestidos de civil» mientras era insultado por ser afrodescendiente. Lo detuvieron y lo llevaron a una UPC de La Carolina, sin respetar ningún procedimiento del debido proceso.