La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional escuchará este miércoles 29 de abril de 2020, a las 09h00, los criterios técnicos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) sobre la solicitud de amnistía para los 23 líderes y lideresas criminalizados por ejercer justicia indígena en San Pedro de Cañar, presentada hace dos años.
De las 23 autoridades procesadas por administrar justicia indígena, 15 aún se encuentran con procesos legales en marcha y de ellas cuatro están privadas de la libertad José Sarmiento, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla.
Para Michelle Erazo, coordinadora del área jurídica de Inredh, es importante que se reciba en Comisión General porque los asambleístas podrán resolver cualquier inquietud sobre el pedido de amnistía. “Es la oportunidad que tienen los legisladores de la Comisión de Justicia para poder resolver cualquier inquietud o hacer preguntas a la Fundación que ha estado acompañando de cerca a los compañeros indígenas – dice Erazo- pero sobre todo es para tener la claridad que no se está solicitando amnistía para un delito común, sino por una persecución política que ha existido al administrar justicia indígena en un Estado que no respeta el pluralismo jurídico”.
En la sesión virtual No. 071 de la Comisión de Justicia precedida por la asambleísta y presidenta de la comisión, Ximena Peña, que se desarrollará mañana se espera la aprobación del Plan y Cronograma de Trabajo para el tratamiento de los casos de Amnistías e Indulto.
Contexto
El 2 de septiembre de 2015, habitantes de la comunidad de San Pedro de Cañar mostraron su inconformidad con un abogado, que denunció indebidamente a autoridades indígenas, e impidieron la salida de su despacho. Posteriormente, José Sarmiento (presidente del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar) y otros líderes de la comunidad fueron sentenciados a prisión por los hechos suscitados pese a no haber participado ese día. Este es uno de los casos por los que se criminalizó a líderes que administraban justicia indígena, a partir de 2015 existieron otros procesos en contra de quienes pertenecieron al Consorcio de Justicia en Cañar.
Más información sobre justicia indígena en San Pedro de Cañar:
En la reunión del 24 de abril de 2020, la Comisión de Justicia aprobó la creación de las subcomisiones para el análisis técnico de las amnistías. Luego de la presentación de todos resultados sobre el caso, la comisión conformada por 12 asambleístas será la encargada de otorgar o no las amnistías tras la votación.
La administración de justicia indígena está reconocida y garantizada por la Constitución del Ecuador desde 1998 y se determina de manera expresa en los artículos 171 y 57, inciso 10 de la Constitución del 2008, señalando que “las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas (…).