Miembros de la comunidad Ai Cofu00e1n al culminar la audiencia Foto: Amazon Frontlines
La Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro en Sucumbíos, sentenció el pasado 27 de julio de 2018 a favor de la comunidad Ai Cofán de Sinangoe por la vulneración a los derechos de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así mismo reconoció la vulneración a los derechos de la naturaleza ocurridos en territorio Cofán, norte de Ecuador.
Como parte de la decisión se dispuso el cese inmediato de toda actividad minera actual y de aquellas que aún se encuentran en trámite alrededor de la zona. Además, se precisó en la sentencia oral que si se reinicia las acciones de explotación o intervención que afecten a la naturaleza o vida de la comunidad AiCofán de Sinangoe estas se verían seriamente afectadas.
Mario Criollo, presidente de la comunidad AiCofán de Sinangoe, indicó que esta lucha es en defensa de su territorio y puede llegar a inspirar a otras comunidades indígenas del país que conviven a diario con este tipo de conflictos. «Todos los pueblos tenemos el derecho a la consulta previa, al agua limpia y a un ambiente sano, para garantizar esos derechos tenemos que luchar y seguir luchando siempre», señaló.
Para Inredh, el ejercicio de la consulta previa es de vital importancia para el ejercicio de los derechos colectivos en el Ecuador, ya que a través de ella se cumple con el deber primordial del Estado de defender el patrimonio natural y cultural, proteger el medio ambiente y promover la participación ciudadana”. Sin embargo, lamentablemente la inclusión de este derecho no ha conseguido su plena garantía pese a los constantes intentos de las organizaciones indígenas y la sociedad civil por garantizarlo.
Para Gabriela Flores, asesora legal de Inredh, el obtener resultados positivos en estos procesos es sumamente importante en cuanto a la protección de derechos a las comunidades indígenas afectadas por la minería y respecto a las obligaciones constitucionales e internacionales en torno a este tema.
La acción de protección y medida cautelar fue presentada por la comunidad Cofán y la Defensoría del Pueblo el pasado 16 de julio.
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