Biopolítica en el sistema penitenciario 2017-2023

Para comenzar con el análisis de la situación de las cárceles en el país es preciso reconocer qué es la biopolítica. Este concepto es acuñado por el filósofo francés, Michel Foucault (2007), quién explica que existen varias herramientas que el Estado ocupa para hacer posible su propia existencia al gestionar y controlar a los individuos, una de estas es la biopolítica, misma que se encarga del manejo de la vida de las personas en todos los aspectos posibles a través del ejercicio de políticas que garanticen la optimización de la vida, del bienestar en la salud, natalidad, alimentación entre otros. (pp.95-97)

Foucault no le atribuye la biopolítica a una específica agenda política, sino que indica que esta herramienta es necesaria para el gobernar del Estado. Sin embargo, la decisión de cómo emplearla sí depende del cómo ejecutar la gubernamentalidad, aspecto que, expone, sucedió en el momento de la reconstrucción en posguerra de Alemania, cuando la necesidad de bienestar y crecimiento económico impulsó a que todas las fuerzas políticas de entonces se adhieran al liberalismo/neoliberalismo y el modelo de gestión que este traía consigo.

Entendiendo esto, el manejo de la vida en las cárceles es también un asunto de biopolítica. Es así como para garantizar bienestar en la vida de las personas privadas de libertad, la Constitución de la República de Ecuador, como norma suprema, establece los derechos que deben ser garantizados para los mismos:

CRE Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. ²

Como se mencionó anteriormente, la aplicación de la biopolítica depende de cómo se ejecute la gubernamentalidad ejercida por el Estado. En el caso de Ecuador, previo al primer amotinamiento en las cárceles, se vivía un escenario político marcado por un cambio en el modelo de gobierno. Con la llegada de Lenín Moreno en 2017, el país experimentó el retorno del neoliberalismo. Los discursos de la época señalaban que, durante la década anterior, se había utilizado demasiados recursos para el crecimiento del aparato estatal, además de haberse registrado varios casos de presunta corrupción, lo que llevó al país a una grave crisis económica.

Con esto, las políticas impulsadas fueron de corte neoliberal: reducción del Estado y eliminación de inversión en el sector público, acciones que, sumada a la llegada de la pandemia de la COVID-19, golpearon fuertemente la situación de las cárceles del país. En 2018, durante el mandato de Lenín Moreno, se eliminó el Ministerio de Justicia, organismo encargado de la gestión de las cárceles, pasando estas a ser responsabilidad del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con un presupuesto de 108 millones de dólares en 2019³, que en 2020 bajó a 91 millones de dólares. (Diario El Comercio, 2021)

Como resultado, empieza una serie de amotinamientos en los distintos centros de rehabilitación, una crisis carcelaria. El primer amotinamiento se registró en la cárcel de Turi, Azuay; en la regional del Guayas, Guayaquil; en el CPL Cotopaxi, Latacunga y en la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil; todas el 23 de febrero de 2021, de estos motines se registraron 79 muertes violentas. (Primicias, 2022)

En el siguiente gobierno, de Guillermo Lasso, la situación de las cárceles no tuvo mejoría. Bajo la idea de una reestructuración del sistema penitenciario que garantice condiciones dignas de rehabilitación para las personas privadas de libertad, el presupuesto designado para las cárceles fue de 75 millones de dólares. (Roa, 2021) A pesar de ello, de julio del 2021 a noviembre de 2022, se registraron diez amotinamientos más. El 2023 finalizó con 67 muertes violentas en las cárceles del país. (Primicias, 2021)

El discurso de los gobiernos de Moreno y Lasso reiteró en que se hacía lo posible por garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, pese a la reducción de recursos, el ejercicio de gobierno fue de garantizar la vida de los PPL. Se reflejó esto cuando Moreno lamentó los asesinatos y expresó sus condolencias a familias de los fallecidos en los amotinamientos, declaró zonas de máxima alerta a los centros penitenciaros y el restablecimiento del control en su interior, sin intervención militar más que en los exteriores de las cárceles controlando el ingreso de armas (El Comercio, 2021) Mientras que, en el gobierno de Guillermo Lasso, el plan de reestructuración del sistema penitenciario se presentó con relación a la seguridad ciudadana y manejo de derechos. La entonces secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró que el manejo de los centros penitenciarios sería integral y garantizaría los derechos humanos de las personas privadas de libertad. (Roa, 2021)

En ambos casos existe un discurso, desde el Estado, de velar por la vida de las PPL y hacer cumplir los derechos de estos establecidos en la constituyente del Ecuador. Pese a ello, el manejo y garantía de derechos humanos fue ineficiente durante estos gobiernos, hubo un abandono de la gestión de las cárceles y las masacres continuaron. El ejercicio de gubernamentalidad tenía, aunque fuese solo de manera discursiva, la intención de garantizar la vida de los PPL, sin embargo, en el actuar del Estado se evidenció un proceso de abandono y de dejar morir a estas personas.

El implemento de la necropolítica

La situación actual de las cárceles en el Ecuador sigue siendo crítica, la crisis continúa, pero hay un cambio en la dinámica de esta, un cambio que es la expresión clara de necropolítca. La necropolítica es un término empleado por el filósofo Achille Mbembe, donde expone, desde las reflexiones sobre la gubernamentalidad de Foucault, el cómo el Estado en su ejercicio de control de los individuos tiene la capacidad de decidir quién muere mediante una serie de medidas para cumplir con este objetivo, incluyendo necesariamente la formación de una subjetividad común en la población.

Para entender el cómo está funcionando la necropolítica en los centros penitenciarios ecuatorianos, es necesario hacer un recorrido de varios acontecimientos vitales que dieron paso a esta. El 2024 inició con un nuevo gobierno a cargo de Daniel Noboa, y con él se han dado escenarios violentos en el país, por lo que su respuesta fue declarar un estado de excepción a nivel nacional. Sin embargo, la conmoción continuó y tras la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito” y líder de “Los Choneros”, ocurrida el 8 de enero de 2024, y la toma del canal público TC Televisión por parte de antisociales al siguiente día, se emitió el decreto ejecutivo 111, declarando un Conflicto Armado Interno; además se resolvió que 22 grupos de delincuencia organizada sean considerados como grupos armados no estatales beligerantes.

En consecuencia, el gobierno dio paso a una acción necesaria para la legitimación de la necropolítica: crear una subjetividad común. Esta subjetividad hace que la población ecuatoriana reconozca como enemigo común a estos grupos de delincuencia organizada, los cuales no solo se encuentran en las calles, sino también en los centros penitenciarios. Mbembe explica que:

La percepción de la existencia del Otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial y de seguridad; […] la idea de que la racionalidad propia a la vida pase necesariamente por muerte del Otro, o que la soberanía consista en la voluntad y capacidad de matar para vivir. (Mbembe, 2006, p.24-25)

Entonces, la necropolítica además de valerse de la soberanía del Estado para la declaración de guerra, necesita fomentar la idea de un “otro” peligroso, es decir, fomentar terror y eliminación hacia el otro. Esto se logró en el Ecuador, los medios de comunicación reportaron casos de violencia como asesinatos, extorsiones, secuestros, y el gobierno expuso la necesidad de actuar con “mano dura” ejecutando una serie de medidas como el dar paso a la militarización de las cárceles del país.

Las expresiones más evidentes de la necropolítica se manifiestan en la eliminación de presupuestos y en la autorización a las fuerzas militares para ejercer control sobre la vida de las personas privadas de libertad, sin garantizar su bienestar, salud y alimentación. Se han denunciado numerosos abusos dentro de las cárceles, tales como el hacinamiento en celdas, la restricción del acceso a medicamentos para personas con enfermedades catastróficas o que requieren intervenciones quirúrgicas, la falta de servicios básicos y materiales de higiene personal, la limitación del acceso a alimentos, así como torturas físicas, incluidas agresiones con palos y cables metálicos, y violaciones sexuales, entre otros abusos (CDH, 2021).

Reconociendo la agenda de gobierno del presidente Daniel Noboa, este ha implementado ajustes económicos destinados a frenar la crisis financiera del país, entre ellos, el recorte de presupuestos para la educación, el aumento del IVA, intentos de flexibilización laboral, la eliminación de subsidios a la gasolina, la condonación de deudas al sector empresarial, y la promulgación de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno y la Crisis Social y Económica, la cual propone medidas recaudatorias para fortalecer a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la inteligencia estratégica.

Estas acciones son representativas de una agenda neoliberal, lo que indica que, al igual que en los dos gobiernos anteriores, la gobernabilidad se orientará en favor del neoliberalismo. Como resultado, se ha reducido el presupuesto destinado a las cárceles, dejando a las personas privadas de libertad sin acceso a la alimentación. A principios de este año, la empresa La Fattoria, responsable del suministro de alimentos a los reclusos, denunció la falta de pago de sus servicios durante más de cinco meses, además de irregularidades en la liquidación de pagos desde 2017 (García, 2024).

La respuesta del gobierno fue que la falta de pago se debía a que se sospechaba, sin fundamentos, que esta empresa cometió actos de corrupción y estaba vinculada al crimen organizado, ante esto la empresa decidió retirarse de las cárceles. (Voz de América, 2024) Desde entonces, los familiares de las personas privadas de libertad se han encargado de recolectar donaciones de alimentos, sin embargo, la respuesta del SNAI fue no permitir el acceso de estas donaciones a los centros penitenciarios. (Mujeres de Frente, 2024)

En el presente, la situación de las cárceles continúa con las mismas condiciones: las familias de las personas privadas de libertad no han podido contactarse con su familiar, las denuncias de tratos degradantes, torturas y falta de alimentación siguen presentes. Distintos defensores de derechos humanos han intentado frenar la situación sin respuesta del Estado y con la sociedad civil en su contra, pues la vida de estas personas resulta una amenaza para el bien común.

Conclusiones

La situación de las cárceles en el país ha pasado por un proceso de abandono sistemático. En este contexto, aunque se reconoce, en un principio (2017-2023) la aplicación de la biopolítica al buscar proteger la vida de las personas privadas de libertad, hay una evidente tendencia hacia dejarlas morir. A pesar de los discursos de los gobiernos, que al

retomar la agenda neoliberal prometieron la gestión de la vida de las personas en contextos de encierro y el respeto a sus derechos humanos, las acciones contradijeron estas promesas. La reducción del presupuesto penitenciario y la transferencia de la gestión carcelaria a un organismo con menos recursos (SNAI) durante el gobierno de Moreno, seguida de una disminución adicional de recursos bajo el gobierno de Lasso, provocaron una profunda crisis carcelaria, matando a muchas PPL.

Con el gobierno de Daniel Noboa, que también mantiene una agenda neoliberal, la situación ha evolucionado hacia una clara expresión de lo que Achille Mbembe denomina «necropolítica». El Estado ha adoptado medidas que no solo fallan en garantizar la vida y el bienestar de las personas privadas de libertad, sino que parecen promover activamente su deterioro y muerte. Esto se manifiesta en el abandono de la gestión carcelaria, la militarización de los centros penitenciarios y la restricción de servicios básicos como la alimentación, generando una situación de sufrimiento y violencia en las prisiones. Todo esto ha sido posible gracias a la creación de una subjetividad común que estigmatiza a los privados de libertad.

En resumen, en los últimos años se ha evidenciado una política de abandono y desprotección hacia las PPL, revelando un patrón de gobernabilidad que prioriza los intereses económicos sobre sus derechos humanos y su bienestar. Mientras que entre 2017 y 2023 la biopolítica permitió que los PPL murieran por falta de atención, en el presente año, con la implementación de la necropolítica, se les ha condenado directamente a la muerte.