Hoy se desarrolló la audiencia de apelación a la prisión preventiva de once de los trece procesados de Otavalo por el delito de terrorismo. Durante la diligencia, las defensas expusieron una serie de irregularidades cometidas durante las detenciones y la primera audiencia, además de argumentar la falta de pruebas para sostener la acusación fiscal.
Desde las primeras intervenciones, los abogados resaltaron que varios de los detenidos fueron aprehendidos mientras realizaban actividades laborales cotidianas y no durante las manifestaciones. En varios casos, los abogados no pudieron ejercer la defensa técnica en la audiencia de formulación de cargos, pues se les impidió el acceso al lugar donde se encontraban sus defendidos.
Entre los testimonios, se expusieron casos como el de Diego Armando López, albañil que salió a retirar herramientas de trabajo y padece epilepsia; Luis Moreta, detenido arbitrariamente en un restaurante junto a sus familiares; Elvis Lanchimba, trabajador florícola que fue arrestado cuando iba a retirar una moto para su trabajo; y Luis Tituaña, quien no recibió información en su lengua materna y fue obligado a firmar documentos sin comprensión.
También se destacaron situaciones de especial vulnerabilidad, como la de Berny Anchundia, quien tiene discapacidad intelectual del 40 %, y la de William Rojas, cuya única familiar es su hija de tres años. En otros casos, como el de Jeremy Lita y José Amaguaña, la defensa sostuvo que no existen indicios materiales ni identificación clara de los supuestos actos cometidos, y que no se aplicó el principio de interculturalidad.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado argumentó que las personas procesadas habrían ingresado a Otavalo causando daños materiales y agrediendo a miembros de la Policía Nacional, quienes habrían identificado a varios ciudadanos “participando de manera violenta” y sustrayendo evidencia policial.
Al cierre de la audiencia, la Sala resolvió dar lugar a un diálogo de interculturalidad, disponiendo que en la próxima convocatoria el SNAI traslade a las personas procesadas para su presencia física, así como la participación de miembros de las comunidades, la Fiscalía y un perito antropológico. También ordenó la realización de una pericia intercultural, que deberá efectuarse en un plazo máximo de ocho días, con la designación de un perito perteneciente a comunidades. Se realizará además una consulta para evaluar la posibilidad de llevar a cabo la audiencia in situ, en territorio. La Sala dispuso de manera inmediata la práctica de una experticia médica para dos de los acusados que presentan discapacidades.
Una vez cumplidas estas disposiciones, se fijará una nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia.
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