La jueza Paulina Sarzosa determinó la libertad de las 72 personas debido a que la Fiscalía no calificó la flagrancia para los manifestantes arrestados el día de ayer, 8 de octubre de 2019, cuando protestaban en la Asamblea Nacional.
Esto, luego que Fiscalía calificara como ilegal la detención de las persona porque fueron llevadas a un centro de detención ilegal y no la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía.
«Las personas fueron arrestadas a eso de las 13:00, en la Asamblea Nacional y debían ser trasladadas a la Unidad de Flagrancia, sin embargo fueron retenidas en las bodegas del Palacio Legislativo hasta la noche para luego ser trasladarlos al cuartel del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), vía a la Mitad del Mundo, norte de Quito», informó Ana Vera, abogada de Surkuna.
[#Actualización de detenidos]
3 buses llegaron a #CasaDeLaJusticia en #Carcelen
Dos buses con detenidos hombres y un bus solo con mujeres. Los detenidos esperan a que se instale la audiencia en el lugar. pic.twitter.com/Uub34G20WQ— INREDH (@inredh1) October 9, 2019
Para hoy, 9 de octubre de 2019, a las 09:00, se tenía previsto que se instale la audiencia de calificación de flagrancia en las instalaciones del GIR, no obstante, tras varias horas nuevamente los detenidos fueron trasladados a la casa judicial del norte. A las 14:10 se instaló la audiencia de calificación de flagrancia en la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito.
Hasta este lugar llegaron la Defensoría Pública, los familiares y amigos de las personas detenidas, así como organizaciones de derechos humanos que al principio fueron impedidos de ingresar a la audiencia. Más tarde se permitió el ingreso de los abogados de los detenidos, pero se impidió el ingreso a las familias. La razón: falta de espacio físico. Al haber transcurrido más de 24 horas de la detención abogados y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la jueza de turno una acción de habeas corpus la misma que no fue recibido por la jueza.
En la audiencia, los abogados de las personas detenidas argumentaron que era una detención ilegal y que se le mantuvo incomunicado más de 20 horas por lo cual era imposible calificar la flagrancia, más aún cuando esta se basa en un solo parte policial, donde se asegura que las 72 personas fueron detenidas a las 15:00 en un mismo lugar.
Tras dos horas y 30 de audiencia, la jueza dio la libertad a los 72 personas y calificó de ilegal la detención debido a que no podían arrestarlos en una instalación que no era la adecuada, porque un cuartel policial no es para eso. Al final la Fiscalía solicitó abrir una investigación previa por los hechos ocurridos.
Para las organizaciones de derechos humanos si bien este dictamen fue favorable para los compañeros indígenas también demuestra la persecución y criminalización a la protestas social por el parte del gobierno. Además pone en evidencia la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.