Familiares califican como persecución y criminalización al proceso seguido a integrantes del movimiento Guevarista

Mediante una rueda de prensa, desarrollada en la mañana de hoy, 8 de septiembre de 2022, el Comité de Familiares y Amigos de los Hijos del 8 de Mayo junto a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) exigieron la revocatoria de la prisión preventiva para las personas detenidas del movimiento Guevarista y denunciaron las irregularidades en el debido proceso.
Luego de que, el 19 de mayo de 2022, ocho militantes del Movimiento fueran detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el presunto cargo de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares, la defensa técnica solicitó una acción de habeas corpus para que puedan recuperar su libertad en el marco de las vulneraciones a derechos fundamentales.
Actualmente, de las ochos personas detenidas tres personas recibieron el habeas corpus y cumplen medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En los demás casos, la defensa técnica presentó el recurso de apelación en la Corte Nacional de Justicia.
El proceso penal se encuentra en instrucción fiscal se han identificado ciertas irregularidades en cuanto al debido proceso y derecho  a la defensa puesto que no se han garantizado aspectos de interculturalidad, individualización de la participación en las presuntas actividades delictivas, además de la notificación a los procesados sobre las actuaciones fiscales.
Entre las personas detenidas está  Ernesto Flores, un reconocido activista social y catedrático que desde hace 20 años se ha vinculado a las comunidades a través de la Psicología Popular, justicia social y Educación Intercultural. Su familiar y representante del Comité, Natalia Sierra, rechazó la criminalización por parte del gobierno de turno a la lucha social, la disidencia política e ideológica y al trabajo social que realiza el movimiento por más de una década en el Ecuador.
En ese sentido, Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de Inredh, enfatizó que el Gobierno persigue “la línea de construcción de un enemigo interno”, con el fin de evitar sus responsabilidades en el tema de seguridad del país.
“La peor forma de activar la violencia social es inventarse este tipo de discursos para rehuir a un diálogo honesto y transparente”, recalcó Saavedra. Para el director de la ONG “el Gobierno pretende legitimar otros discursos como el uso legítimo de la fuerza para la represión de este tipo de activistas sociales”.
Por su parte, Patricio Almeida, abogado del caso, relató las violaciones al debido proceso que se han dado en el caso. “Durante este tiempo la Fiscalía empezó a ponernos diligencias, unas tras otras”, aclara Almeida. Lo cual viola el derecho de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa.
Asimismo, en la rueda de prensa, mencionaron que varios de los integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad tienen razones constitutivas para no estar en la cárcel, descritas en la Constitución. “Esto representa un grave quebrantamiento de los derechos para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas; además, de los casos de detención de las personas con alguna condición de vulnerabilidad como enfermedades catastróficas”, explicó Aquiles Hervas, parte de la defensa técnica.
Hervas también responsabilizó al Estado ecuatoriano por la integridad física y psicológica de las seis personas detenidas. Esto con el fin de que puedan demostrar su inocencia y no sean sometidos a la peligrosa situación al interior de las cárceles, que puede atentar contra su integridad.
Al evento asistieron Natalia Sierra, miembro del Comité de Familiares y Amigos de los Hijos del 8 de Mayo; Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Inredh; Patricio Almeida y Aquiles Hervas, abogados del caso.
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