Después de casi 20 años de lucha, por fin la justicia llega para las 140 comunidades de la cuenca del río Dulcepamba. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) notificó el martes 30 de mayo de 2023, la REVERSIÓN a la autorización de aprovechamiento de aguas concedida a la empresa hidroeléctrica privada Hidrotambo S.A. del Ecuador.
Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que el gobierno retira la autorización de aprovechamiento de aguas otorgada a una central hidroeléctrica en operación.
En la resolución de la reversión, se señala que la compañía Hidrotambo incumplió con la resolución administrativa No. 2018-008 emitida por la Autoridad del Agua en 2019, específicamente con la presentación de estudios y rediseños requeridos; con la reconstrucción de las obras de captación, conducción y regulación de caudales; y, con la instalación de una estación hidrométrica. También, en dicha resolución se cita el informe del Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) que constata que la hidroeléctrica no ha respetado las condiciones de su autorización de agua al seguir utilizando el recurso hídrico en los meses de agosto, septiembre y octubre de cada año, meses en los cuales no tenía autorización de captar ni una sola gota de agua; y, que tampoco ha respetado el caudal ecológico mínimo requerido de 1.46 metros cúbicos por segundo.
Por todos los incumplimientos, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos, y Aprovechamiento del Agua, el MAATE REVIRTIÓ LA AUTORIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO productivo en actividades de hidroelectricidad DE LAS AGUAS superficiales DEL RÍO DULCEPAMBA otorgada a favor DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO.
La resolución señala que los caudales antes autorizados a la empresa hidroeléctrica ahora estarán disponibles para usuarios de mayor prioridad, como las comunidades campesinas e indígenas de la cuenca del río Dulcepamba, para adjudicación para consumo humano, abrevadero de animales y riego que sustenta la soberanía alimentaria.
La justicia llega por fin al río Dulcepamba y a las comunidades que habitan en su cuenca luego de 20 años de lucha, de haber sufrido múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos ante la inacción del Estado y los abusos de la empresa hidroeléctica.
Durante los últimos ocho años, cada temporada de lluvias, la comunidad de San Pablo de Amalí ha vivido en permanente peligro por el desvío del río hacia la comunidad realizado por Hidrotambo y la orientación de sus obras de evacuación de excesos de agua y escombros también hacia la comunidad. En 2019, el Estado ordenó a la empresa rediseñar sus obras de captación para evitar que se repitan las devastadoras erosiones e inundaciones que, desde 2015, ha sufrido San Pablo de Amalí casi cada año. Estos desastres han provocado la muerte de dos mujeres y un niño y han arrasado con más de una docena de viviendas y 33 fincas familiares; han provocado también la devastación de la única carretera que comunica la comunidad de San Pablo de Amalí con la parroquia San José del Tambo durante seis inviernos en los últimos ocho años.
Ante todas las violaciones a sus derechos, las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba se han opuesto a la construcción y operación de la central hidroeléctrica, lo que ha sido respondido con violencia y criminalización de parte del Estado. Las comunidades de la cuenca han interpuesto varias acciones constitucionales sin que hayan obtenido reparación integral por los derechos vulnerados. El caso se encuentra ahora en conocimiento de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese contexto de impunidad, la reversión de la autorización de aprovechamiento de agua de Hidrotambo es un hito histórico, que servirá para detener la amenaza permanente que se cierne sobre las comunidades, garantizar el acceso al agua, y permitir la restauración del río Dulcepamba.
Las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza estaremos vigilantes de que se cumpla inmediatamente con esta resolución.