La audiencia de juicio contra siete activistas del Movimiento Guevaristas y dos dirigentes indígenas acusados de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares, convocada para la mañana de este viernes, 23 de diciembre de 2022, no se instaló debido a una solicitud de declinación de competencia por parte de un procesado.
La diligencia había sido convocada para las 08:30, sin embargo, dos de los tres jueces que conformaban el Tribunal llegaron pasadas las 10:00 y el tercero se incorporó unos minutos más tarde. Cuando el Tribunal estuvo completo se escucharon los argumentos de la defensa técnica de las personas procesadas y posteriormente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Aquí, las partes se refirieron al pedido de declinación de competencia planteado por las autoridades de la comunidad de San Juan de Tipín de la provincia de Chimborazo, a favor de Carlos C., quien es oriundo de la comunidad.
La jueza ponente Fanny Altamirano aseguró que es posible instalar la audiencia y resolver la solicitud de declinación de competencia como un procedimiento aparte, pero a la par de la audiencia convocada para esta mañana.
Finalmente, con un voto salvado, el Tribunal decidió no instalar la audiencia y dispuso realizar una pericia antropológica con el afán de verificar si en la comunidad del procesado se practica el derecho propio de acuerdo a las costumbres ancestrales, si el presunto delito que se investiga afectó a la comunidad e indagar sobre los aspectos pertinentes.
Además, se señaló que luego de realzar la pericia antropológica se coordine la instalación de la audiencia de juicio.
Para Sofía Llerena, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), es preocupante cómo “se sigue manteniendo la idea hegemónica de que una justicia va sobre la otra, esto se puede evidenciar en la insistencia de la jueza por instalar la audiencia sin antes resolver la solicitud de declinación de competencia”. La jurista recalcó que no se ve a la autoridad de la justicia indígena como una autoridad a la par que coexiste junto al sistema de justicia ordinario.
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