Con una máquina pesada, la hidroeléctrica Hidrotambo S.A trabaja en el segundo desvío del río Dulcepamba, en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar. Este trabajo alerta a las comunidades aledañas que les preocupa la llegada del invierno, pues en el 2015 el desvío del río junto a la época climática causó el desbordamiento del cauce, destrucción de casas y la muerte de tres de sus habitantes. Son 14 mil personas de Chontayacu, San Pablo Bajo, San José de Tambo, El Saltadero y Santa Rita que podrían estar en riesgo con este nuevo desvío.
Abel Albán, agricultor de San Pablo de Amalí – comunidad que se ha opuesto históricamente a la hidroeléctrica-, tiene un terreno a 200 metros de la casa de máquinas de la empresa Hidrotambo S.A. por donde se realizan los trabajos del nuevo desvío del río Dulcepamba. En ese lugar, desde inicios de este mes, la máquina remueve la tierra y piedras hacia el costado derecho del río, con el fin de reforzar al muro que resguarda la estructura de la hidroeléctrica. El nuevo desvío generará que el cauce vaya en dirección a las comunidades, carretera y sembríos.
Por ello, Albán decidió llamar al ECU 911 para informar de los trabajos que realiza la empresa. Un policía llegó para verificar la situación y conversó con la persona que operaba la maquinaria. El agente le aseguró al dueño del terreno que realizaría el parte policial y lo presentaría a las autoridades competentes, “pero nada cambió – lamenta Albán – la hidroeléctrica sigue trabajando en el río”.
Este río viene desde el norte de la provincia Bolívar, cruzando sectores como San Miguel hasta llegar a San Pablo de Amalí. Desde ahí, en temporadas de invierno, su cauce desenfrenado afecta a recintos como Dulcepamba, El Limón, El Chontayacu, San Pablo Bajo, San José de Tambo, El Saltadero, Santa Rita, entre otras. Se contabiliza al menos 140 comunidades afectadas con aproximadamente 14 mil habitantes.
Como antecedentes a este hecho se cuenta con el primer desvío que sufrió el río Dulcepamba ocurrió en el 2013 cuando la hidroeléctrica desplazó el cauce hacia su margen izquierdo para construir las obras de captación de aguas sobre el cauce original; lo cual, en el invierno de marzo de 2015, produjo un tapón que ocasionó el desbordamiento del afluente. Y debido a la nueva posición del cauce, la corriente se dirigió directamente a la comunidad San Pablo de Amalí, destruyendo 10 casas, entre ellas la de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco; la única vía de acceso, más de 10 hectáreas de tierra agrícola y causando la muerte de tres personas.
El presidente de la parroquia San José de Tambo, Luis Quevedo, afirma que en la actualidad no se ha hecho nada por mejorar esta situación que los afecta desde el 2002, cuando la empresa Hidrotambo S.A. inició el proyecto de generación eléctrica San José de Tambo. “Se ha tenido reuniones con las autoridades competentes, solo se han movido algunas piedras, pero no se ha logrado nada. La parroquia sigue sin protección ante una nueva inundación”, cuestiona el presidente.
Por otra parte, la Secretaría del Agua (Senagua), mantuvo un proceso de investigación que en julio de 2019 tuvo respuesta al trámite de revisión a la distribución de aprovechamiento de aguas de la cuenca Dulcepamba, interpuesta por habitantes de las comunidades afectadas, en la que se resuelve que Hidrotambo S.A. deberá rediseñar sus obras de captación, regulación del caudal y conducción, para lo cual, previamente, presentará al Centro de Atención al Ciudadano de Guaranda los planos que garanticen de manera permanente el cauce ecológico del río.
Además, dentro de este documento se estipula que “deberá cumplir con las medidas de mitigación propuestas y monitoreo ambiental, durante la construcción de las obras y durante su operación, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental actualizado, que debe ser aprobado por el Autoridad Ambiental Nacional”. Para esto, le concede “el plazo de seis meses para su presentación y aprobación; y, de dos años para su construcción.”
Cabe recordar que, por estos hechos, en abril de 2019, la comunidad conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, luego de agotar las dos primeras instancias, con el fin de obtener políticas vinculantes que garanticen y reparación integral a las personas y la naturaleza.
Para Cano, estos nuevos hechos ratifican la importancia de que los jueces de la Corte Constitucional agiliten el proceso y llamen a audiencia. Explica que, aunque la acción de protección haya sido inadmitida por las dos primeras instancias judiciales, “ésta es la oportunidad de considerar las nuevas vulneraciones y las nuevas pruebas para determinar la responsabilidad de las instituciones estatales, la vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza y dictar medidas de restauración para el estado natural del río y de reparación integral para las personas”.
Así como la máquina pesada sigue trabajando en el nuevo desvío del río Dulcepamba, la comunidad sigue en un posible peligro y un estado de indefensión. Mujeres, niños, hombres, adultos mayores – recalca el presidente de San José de Tambo, Luis Quevedo – “podrían ser víctimas de un nuevo desbordamiento del río y las autoridades no se preocupan”. Para él, una comisión presidida por la Secretaría de Riesgos y el Primer Mandatario debería estar trabajando en políticas públicas y un plan de contingencia para salvaguardar la vida de al menos 14 mil personas que conforman las comunidades afectadas.
El desvío del río no fue técnico
Según Rachel Conrad, analista socioambiental de la cuenca hidrográfica, el desvío del río cerca de la casa de máquina generó que la empresa en el 2016 levantara un muro de piedras y tierra de unos 2 metros para proteger dicha estructura de futuros desbordamientos; y, por ende, mantener el río en el lado de la comunidad.
Ahora la empresa trabaja en el segundo desvío para cuidar la empresa de un posible anudamiento, por eso la situación de San Pablo de Amalí y las comunidades aledañas es crítica ya que al estar situadas en una llanura fluvial son más vulnerables a las crecientes durante los meses de febrero, marzo y abril, comenta Conrad.
Además, la técnica enfatiza que hay que sumarle el cambio brusco del cauce del río en dirección a la comunidad. “Un cambio que no fue técnico, ni basado en estudios de caudales, de sedimentación y posibles erosiones; ya que, naturalmente, los ríos tienen curvas que frenan la fuerza de las corrientes, lo cual no pasa con el desvío del río Dulcepamba. Ahora su cauce es recto, amenazando constantemente a las comunidades”.
Finalmente, la analista explica que dentro del estudio inicial de impacto ambiental realizado por Hidrotambo se afirmaba que uno de los impactos más importantes sería el desvío del río Dulcepamba; sin embargo, en su Plan de Manejo Ambiental como medida de mitigación estaba el retorno del río a su cauce natural luego de culminar sus obras. Es así que la hidroeléctrica obtiene la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y, por ende, su licencia ambiental. Sin embargo, “terminaron sus obras y el curso del río nunca regresó a su estado natural. La hidroeléctrica desvió el río a metros de la comunidad, de sus casas, sus animales y sus terrenos, dejándolo como su desagüe no profesional ni técnico para momentos de altos volúmenes de agua”.
Dato:
Las comunidades del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, son un sector netamente agrícola, su población cultiva cacao, café, panela y, principalmente, naranja. Y cada invierno les toca vivir en zozobra por la posibilidad de que las crecientes se lleven sus cultivos o las vías que les permiten comercializar sus productos o transportarse a lugares de la Sierra y Costa.