Organizaciones de DDHH envían contestación de fondo en torno al caso Angostura

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddhh) ratificaron sus argumentos sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a la protección judicial y garantías judiciales de los cuatro jóvenes mexicanos que fueron asesinados hace 13 años en el bombardeo en Angostura, Sucumbíos. 
En la contestación de fondo enviada este 3 de agosto de 2021, a la CIDH, los familiares de Juan González, Fernando Franco, Verónica Velázquez y Soren Avilés recalcaron que una vez que los estudiantes fueron ejecutados en el bombardeo “Operativo Fénix” en Ecuador, por parte del Estado colombiano, solicitaron a las instituciones mexicanas que realicen las debidas investigaciones para saber la verdad de los hechos en relación de la muerte de sus hijos.
Cuentan que acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se contacte con su par ecuatoriano y colombiano y solicite información sobre qué pasó en Angostura, y a la Procuraduría General de la República del Estado mexicano para que realice la debida investigación de los hechos y que se sancione a los perpetradores del delito. 
Además, a la Embajada de Ecuador y Colombia en México solicitaron que se les conceda la información pertinente sobre los hechos del caso.
La petición fue presentada el 25 de marzo del 2014 en contra de los Estado colombiano, ecuatoriano y mexicano por la vulneración a la vida, a la integridad personal y la tutela judicial efectiva, por los familiares de los estudiantes asesinados, con el apoyo de Inredh en Ecuador y por Limeddhh en México. 
En diciembre de 2020, la CIDH informó a los peticionarios que resolvió unir fase de admisibilidad y fondo en relación al Estado mexicano, debido a su incumplimiento sobre la presentación de respuestas a la admisibilidad y observaciones sobre la fase de fondo. De esta manera, la CIDH decidió activar medidas para reducir el retraso procesal. 
Entre las peticiones de las familias de los afectados, está el reconocimiento público de México de la calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del gobierno mexicano ante las omisiones y retrasos en las investigaciones.
“Al Estado le corresponde investigar a si sea de oficio los hechos ocurridos respecto de las víctimas y sus familiares, pero podemos indicar que aquí no se ha investigado ni de oficio, ni a petición de parte los actos violatorios de derechos humanos ocurridos en Angostura, recalcando que a los tres países les corresponde investigar los hechos, Colombia por el cometimiento de los hechos, Ecuador en razón de su territorio y México teniendo en cuenta que las víctimas son ciudadanos mexicanos”, explican las organizaciones. 
A la fecha, ni el Estado ecuatoriano, colombiano ni mexicano han logrado garantizar el derecho a justicia de las familias de los cuatro estudiantes mexicanos que fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad condenado por tratados internacionales y contemplado en la legislación ecuatoriana.
En esta etapa, la CIDH decidirá si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso. La etapa de Fondo culmina con la aprobación de un “informe de fondo”. Si el informe de fondo concluye que los hechos del caso configuran violaciones a los derechos humanos, el mismo incluye también recomendaciones al Estado.
Conoce los detalles del caso aquí.