Esta mañana, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia y varias académicas y catedráticos presentaron un amicus curiae, tercero interesado, ante la Corte Constitucional para el control constitucional del Decreto 884 que declaró estado de excepción en todo el territorio nacional.
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Según el catedrático David Cordero Heredia, este recurso busca proporcionar elementos del Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que serán que son indispensables para analizar el delicado asunto que recayó en el juez ponente Enrique Herrería.
«A nuestro criterio las preguntas jurídicas que deberá responder esta honorable Corte en el presente caso son: ¿Es adecuada la expedición de un estado de excepción para enfrentar un escenario de protesta social?¿Pueden ser calificadas las protestas sociales como “grave conmoción interna” en los términos del artículo 164 de la Constitución?, ¿El derecho internacional y la Constitución permiten el uso de fuerzas militares para contener protestas sociales?».
#ParoNacionalEC| Organizaciones de ddhh: @inredh1, @cedhu, @AFrontlines, @ODJEcuador y académicas/os presentan #AmicusCuriae ante @CorteConstEcu para el control de constitucionalidad del decreto 884, mediante el cual se declaró #EstadoDeExcepcion pic.twitter.com/qLHBIGjAlI
— INREDH (@inredh1) October 7, 2019
En el amicus, las organizaciones de derechos humanos sustentan los argumentos jurídicos sobre el régimen constitucional y convencional del estado de excepción, la movilización de las Fuerzas Armadas, los efectos del Estado de Excepción ysolicitan a la Corte Constitucional remitir la información sobre los hechos de violencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a la Fiscalía General del Estado, así como al Ministerio de Gobierno de manera que se realicen las investigaciones penales y administrativa; se declare la responsabilidad de los funcionarios y se establezcan las reparaciones materiales e inmateriales a las víctimas de la violencia policial y militar.
Además se ingresó a la Corte, el Informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador durante el estado de excepción (3 al 7 de octubre de 2019) con los reportes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y el colectivo Yasunidos Cuenca que han monitoreado desde el 3 de octubre hasta la fecha la situación de derechos humanos a nivel nacional, en especial a partir de la declaratoria de estado de excepción que ahora está bajo control constitucional.
Este informe contiene cinco ítems: el informe de Fondo Monetario Internacional, el anuncio de medidas y el estado de excepción; las protestas, represión y el abuso de autoridad; la integridad personal y el debido proceso; agresiones a periodistas; el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de las y los detenidos y militarización de territorios indígenas y campesinos a nivel nacional.
Para las organizaciones de derechos humanos es importante que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta medida al no encontrarse acorde a los requisitos formales y de fondo que debe cumplir las declaratorias de estado de excepción, más aun cuando el Estado ecuatoriano ya ha sido observado por los organismos internacionales por utilizar los estados de excepción para reprimir la protesta social.
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