Inicio Nacional Organizaciones de la sociedad civil cuestionan limitaciones de participación en la ejecución de la Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador

Organizaciones de la sociedad civil cuestionan limitaciones de participación en la ejecución de la Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador

Por Yuli Gaona
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Representantes de organizaciones que conforman la “Alianza contra las prisiones” mantuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador. En el encuentro, realizado el miércoles 31 de agosto de 2022, se cuestionó la limitada invitación -por parte de la entidad pública- a organizaciones de la sociedad civil para la participación en el desarrollo de las acciones enmarcadas dentro de la ejecución de la Política Pública de Rehabilitación Social 2022 – 2025.
El reclamo de la Alianza se argumenta en algunos informes de organismos nacionales e internacionales y sentencias de la Corte Constitucional que realizaron recomendaciones para la búsqueda de soluciones a la crisis carcelaria que vive el país. Uno de ellos es el informe «Situación de personas privadas de libertad en Ecuador», presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -el 17 de marzo de 2022– y diseñado tras su visita de trabajo realizada del 1 al 3 de diciembre de 2021.
En las conclusiones y recomendaciones del Informe se incluyen las acciones de tipo transversal como la “Participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural”. El Estado ecuatoriano debería generar mecanismos que garanticen la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas carcelarias, esto según el numeral 8.7 del Informe (pág. 101).
Según la Alianza, el Censo Penitenciario 2022 es una de las acciones donde se evidenció la falta de interés -por parte del Estado- para incluir la participación de la sociedad civil. El Censo se desarrollará hasta noviembre de 2022 y las personas que integran la Alianza explican que habría sido importante que las preguntas y la metodología sean construidas participativamente y compartidas previamente, esto con el objetivo de realizar observaciones que permitan el desarrollo de un mejor proceso de recolección de información, que a su vez permita dar una respuesta más integral al conflicto que se vive en las cárceles del país.
Los funcionarios de la Secretaría de DDHH aseguraron que este tipo de proceso se realizará de forma más participativa a futuro y que no se realizó así -en esta ocasión- debido a la urgencia que tienen por cumplir con los plazos de ejecución de la política pública penitenciaria. Recalcaron que otras acciones urgentes con las que continúan para reducir el hacinamiento en las cárceles son la ejecución de beneficios penitenciarios y el otorgamiento de indultos a personas privadas de la libertad. Además, aseguraron que este proceso se lleva a cabo mediante criterios técnicos. El porcentaje de hacinamiento en el sistema penitenciario ecuatoriano fue de más de 7,7% hasta julio de 2022, según información del medio digital Primicias.
La Alianza también expresó su preocupación por la situación de los familiares de las más de 372 víctimas mortales registradas oficialmente, durante las seis masacres carcelarias suscitadas entre 2021 y mayo de 2022. Los representantes de la Alianza indicaron que es importante mantener la memoria de las personas privadas de la libertad, que fallecieron bajo la custodia y responsabilidad del Estado.
Al respecto,  se sugirió medidas simbólicas de duelo nacional y celeridad en la entrega de la información a familiares. Fernando Bastias, representante del CDH – Guayaquil que forma parte de la Alianza contra las prisiones, indicó que es necesario generar una reparación integral oportuna a las y los familiares de las víctimas mortales. “Se deben generar las respectivas disculpas públicas en este momento y no esperar un plazo de tiempo mayor porque esto es revictimizante y se perdería la oportunidad de evidenciar la realidad del sistema carcelario”. Ante el pedido, los funcionarios de la Secretaría de DDHH señalaron que el proceso de reparación integral en este caso le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que está en desarrollo.
Desde la Alianza se exige que se garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de la política pública de rehabilitación social. Además, se sugiere la realización de una rendición de cuentas exclusiva de esta problemática, con el objetivo de transparentar la información de la generación de la Política Pública de Rehabilitación Social a la ciudadanía y a otros organismos nacionales e internacionales. De esta forma será posible dimensionar la gravedad de la situación y el impacto de las soluciones que se han encontrado ante la actual crisis carcelaria que se vive en Ecuador.
Datos:

  • El 28 de septiembre de 2022 se cumplirá un año de la mayor masacre carcelaria registrada en Ecuador. Al menos, 125 personas privadas de la libertad perdieron su vida ese día en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil.
  • La Alianza contra las Prisiones -actualmente- es una coalición de ocho organizaciones que fue formada tras la primera masacre carcelaria, registrada el 23 de febrero del 2021.

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