Esta tarde, 29 de marzo de 2018, Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh); Telmo Pacheco, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos en Ecuador (Asfadec); y Clara Merino, del Comité de Víctimas de graves violaciones de derechos humanos,
se reunieron con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).
Saavedra, habló de la necesidad de evaluar al Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Corte Constitucional por su accionar en los últimos años. Dijo, que la Defensoría es una institución básica para la protección y promoción de los derechos humanos; sin embargo; ha realizado acciones contra la misma sociedad civil. Por ejemplo, la Acción de Protección en contra de Diario La Hora o la Acción de Protección para impedir la circulación del libro «Una tragedia ocultada», que relata los hechos de la masacre entre indígenas amazónicos. Además, precisó que la Defensoría no ha activado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, por ejemplo en la cárcel Turi, en Cuenca.
Por su parte, Merino habló sobre los casos que registra la Comisión de la Verdad y señaló que la Ley de Víctimas promovida por esta entidad es una burla para los familiares, ya que no tomó en cuenta sus observaciones. También, precisó que el tipo de reparación inmaterial que ofrece la Defensoría es como el derecho que tiene cualquier ciudadano y no como una víctima de graves violaciones de derechos humanos.
De derecha a izquierda, Clara Merino, Luis Saavedra y Telmo Pacheco.
Otra, de las organizaciones que presenta queja contra esta entidad es Asfadec, que dijo que el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira propició e impulso la creación de otra organización paralela. Además, informó que existe ausencia de vigilancia del debido proceso en varios casos de personas desaparecidas.
Para Merino y Pacheco, el sistema judicial debe ser evaluado y no solo las dos entidades mencionadas, sino también la Fiscalía por el tema de la investigación y judialización de los casos.
Respecto, al Consejo de la Judicatura, Saavedra precisó que esta entidad debe dar cuenta no solo de las acusaciones de tráfico de influencias, presión a los jueces para que emitan resoluciones favorables al gobierno, intercambio de correos que dan cuenta de la dependencia que tenía este Consejo con el gobierno, sino también para evaluar el proceso sistemático de persecución y hostigamiento a las autoridades indígenas y sus sistemas de justicia ancestral.
Saavedra entregó durante la reunión el informe “La justicia indígena en San Pedro de Cañar, un video que registra el accionar del defensor del Pueblo y una misiva. Los demás elementos de prueba se presentarán durante las mesas de trabajo que se realizarán en los próximos días.
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