Organizaciones sociales exigen al Estado ecuatoriano acudir a la audiencia de mujeres ante la CIDH

Este miércoles, 7 de febrero de 2018,  cuatro organizaciones de derechos humanos y de mujeres exhortaron al Estado ecuatoriano a participar en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador” que se desarrollará el próximo 28 de febrero en Bogotá, en el período de sesiones 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ana Vera, directora de Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos  (Surkuna), indicó en su intervención que “estas audiencias son importantes y son vinculantes, pero es necesario que el Estado esté presente, para que conozca la problemática y pueda comprometerse en qué va hacer para tomar medidas que garanticen que las mujeres accedamos de forma efectiva a la justicia”.

Con ella coincide, Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que asegura que es fundamental la presencia del Estado ecuatoriano, sin embargo, señala que en los últimos 5 años el Estado se ha negado asistir a  las audiencias temáticas de la Comisión. “Al estar en nuevo régimen –dice Flores – instamos a que el gobierno asista y escuche a las mujeres para que nos dé otra respuesta que no sea el silencio”.

La problemática a abordarse en la audiencia se refiere a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en Ecuador en casos de desapariciones, violencia sexual, mujeres LGBTI y femicidio;  así como la criminalización de mujeres por aborto y parto.

Del universo de desapariciones en Ecuador,  el 67% corresponde a mujeres entre 11 a 22 años de edad, en la provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos, Manabí y El Oro. Para Gabriela Flores, asesora Legal de Inredh, pese a que estos datos son alarmantes, el Estado ecuatoriano no ha realizado un análisis estadístico integral y eficiente que permita atacar y prevenir el cometimiento de estos hechos.

Más aún, enfatiza la jurista, que no existe normativa que regule la respuesta estatal frente a las desapariciones involuntarias y, por ello, son tratadas como un acto administrativo, es decir, que se las investiga de la misma forma que la pérdida de un vehículo o  un revenido químico.

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida el 7 de julio de 2012, dice que por su caso han pasado 12 fiscales retardando las investigaciones. Además, denuncia que desde el inicio hubo errores en el proceso. “No se recogió las versiones de amigas, familiares y de los sospechosos, no se investigaron números de teléfonos, ni se hizo cruce de llamadas – dice Elizabeth-. Dejaron pasar 2 años y medio para realizar la reconstrucción de los hechos”.

Igual situación vivió Yadira Labanda, quien buscó incansablemente a su hija Angie Carrillo desaparecida desde el 2014. 27 meses después encontró las osamentas de su hija, enterradas a dos cuadras del domicilio de su ex novio. Ella cuenta que, durante todo el proceso ella lo señaló como el responsable de los hechos, sin embargo, Fiscalía no hizo caso a la familia de investigarlo desde el inicio. El caso fue tratado como femicidio pero luego se cambió la figura penal.

En el país, cada 55 horas una mujer es asesinada, así lo registra el Colectivo Geografía Critica.  Para Miriam Ernest, miembro de la Coalición Nacional de Mujeres, las mujeres entre 18 y 20 años son las más propensas a convertirse en víctimas de este delito.

Ernest, dice que es importante la reciente Ley aprobada para erradicar la violencia contra las mujeres, pero señala que con frecuencia las leyes se quedan en el papel y no se cumplen, por eso ella exhorta al Estado a que implemente de forma efectiva esta ley.

Otras de las problemáticas que asechan a las mujeres son la violencia sexual y la judialización del aborto. Según Vera, 6 de cada de 10 violaciones en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes y  el 90% ocurre en el círculo familiar, lo cual dificulta la denuncia. Este escenario, según la jurista, es empeorado por el cuestionamiento constante a los testimonios dados por las víctimas quienes, además, son obligados a rendir sus versiones más de dos veces. “Los estándares internacionales dicen que el testimonio de la víctima es fundamental, pero en Ecuador se cuestiona
a la víctima. Hay procesos de revictimización”.

Por su parte Cayetana Salao, de Taller de Comunicación Mujer, dijo que las mujeres lesbianas son víctimas de las clínicas de deshomosexualización en Ecuador, en donde se les imponen terapias correctivas victimizantes, con la anuencia de la familia. “El Estado ha intervenido 7 clínicas donde se práctica el delito de odio contra mujeres lesbiana – dijo Salao-, pero por este delito nos hay personas sancionadas”.

Las mujeres trans también han sido víctimas de prácticas correctivas, de maltratos, torturas e, incluso, asesinatos. Además, han sido discriminadas y  violentadas históricamente. “En la década de los 90 las mujeres trans fueron asesinadas y torturadas – dice la abogada Gabriela Flores – , sin embargo, el Estado no ha hecho nada para repararlas”.

Estás situaciones serán expuestas en la audiencia temática donde los comisionados podrán escuchar a la víctimas y a sus abogados. Se espera que el Estado acuda a la audiencia que se efectuará este 28 de febrero, desde las 9:00 a 10:00 en Bogotá.

Escucha aquí: el conversatorio con medios 

Cayetana Salao, Taller de Comunicación Mujer; Yadira Labanda y Elizabeth Rodríguez.