Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con el fin de evidenciar la preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias dadas en diversas regiones del mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 65/209 emitida en el año 2010, declaró al 30 de agosto para conmemorar a las víctimas y exhortó a los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a observar este día. En palabras de la Asamblea, “la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo”. Es por esto que, en ese mismo año, se creó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas con el objetivo de descubrir la verdad acerca de estos casos y garantizar que los supervivientes y familiares obtengan verdad, justicia y reparación.
Se entiende como desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad bajo la acción de agentes del Estado o personas con la autorización, apoyo o aquiescencia del mismo. Se caracteriza por la negación de sus acciones y el ocultamiento del paradero o información acerca de la persona desaparecida, lo cual provoca que el desaparecido no esté bajo el amparo de la ley.
El derecho a la libertad y seguridad; a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la verdad, a la salud, a la vida y otros derechos conexos son vulnerados cuando una persona es desaparecida.
Para la ONU, la desaparición forzada se usa como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, ya que la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes cercanos del desaparecido, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Además, enfatiza que antes las desapariciones fueron principal producto de las dictaduras militares, pero hoy día se perpetran en situaciones complejas de conflicto interno.
Según este organismo, de los 10 países que esta entidad clasifica con mayores desapariciones forzadas desde 1980, siete están en América Latina. “Esto se debe a que los grupos al margen de la ley, o los mismos gobiernos, imponen control mediante el miedo, usando el secuestro o la desaparición como estrategia para reducir a comunidades enteras”, precisa el organismo.
Se calcula que en las últimas dos décadas al menos 200.000 personas han desaparecido en la región y aunque el número es alarmante, esto solo contiene los registros oficiales no los subregistros. El país que, hasta 2018, encabeza la lista es Colombia con 82.998 desapariciones, seguido de México con 36.265, luego vendría Guatemala, Perú, El Salvador, Chile y Argentina
Ecuador no es la excepción. Según el Informe de la Comisión de la Verdad publicado en el 2010, en Ecuador se registraron 17 desapariciones forzadas entre 1984 a 2008. A esto suma las “desapariciones involuntarias”, denominadas así ya que son cometidas por personas particulares. Desde el 2012, el gobierno ecuatoriano ha sido criticado por no manejar un registro único oficial sobre el número de desapariciones en el país desapariciones.
Por otra parte, el Ministerio de Gobierno emitió un reporte en el que señaló que desde 1947 hasta el año 2019 han existido 57.397 denuncias de desapariciones. El 98% han sido localizados, mientras que 1.392 casos siguen en investigación. Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) ha denunciado inconsistencias tanto en las cifras emitidas por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) y la Fiscalía.
De enero a mayo de 2020, 2287 personas han desaparecido, el 58% de los casos responden a mujeres. Así lo reporta el Ministerio de Gobierno. De este universo, 100 personas aún continúan desaparecidas y se suman a las 1392 reportadas hasta el 2018. Según la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la desaparición forzada y se lo considera un delito de lesa humanidad. Además, tiene como sanción la pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
La desaparición involuntaria también se encuentra tipificada en el artículo en el artículo 163.1 del COIP, que establece: “La persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.
Esta pena puede aumentar de 10 a 13 años cuando la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días; la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada, persona con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida; si se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar o de poder o autoridad sobre la víctima; o si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica. Si se produce la muerte de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
La desaparición de una persona afecta las víctimas que muchas veces son torturadas y viven temerosas de perder la vida y afecta a los familiares de la persona desaparecida que no saben la suerte corrida por sus seres queridos, cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen, precisa la ONU.
Para Amnistía Internacional, organización no gubernamental, “buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia. Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, muchas familias viven en una situación de absoluta incertidumbre” – Así lo recoge su portal web –
Es por esto que, la desaparición forzada no solo es una problemática alarmante en el mundo, sino que también es usada para difundir terror en los ciudadanos, lo que ha provocado que defensoras y defensores de los derechos humanos, familiares y conocidos de los desaparecidos se mantengan en silencio por miedo a ser perseguidos o intimidados, esto medio de que las entidades de justicia no realizan las acciones necesarias para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Contacto de prensa:
Comunicación Inredh – 099 205 821