Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU emite informe con 44 recomendaciones a Ecuador

La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas emitió hoy, 13 de septiembre de 2019, un informe con 3 conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos  vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas del país.

En su Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, la comisionada especial los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, concluye que “la Constitución de 2008 proporciona una buena base para avanzar hacia un nuevo modelo de Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, en la pasada década no se produjo la necesaria adecuación de las leyes y políticas del país a los derechos colectivos reconocidos en la misma y consagrados internacionalmente. Más aún, se redujo la participación directa de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones sobre el futuro común, se profundizó en un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales sin consulta adecuada y aumentó la violencia y la criminalización contra los pueblos indígenas del Ecuador”.
En ese sentido, la relatora recomienda que “teniendo en cuenta las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas derivadas de la imposición inconsulta de muchos proyectos extractivos, se recomienda que no se realicen nuevas concesiones sin consulta adecuada y el libre consentimiento informado previo de los pueblos indígenas”.
Además, le recuerda al Estado que no debe procederse a ningún traslado de los pueblos indígenas de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado. Por lo cual,  recomienda que debe  investigarse los desalojos forzosos realizados en las comunidades de Cascomi, Tundayme, Nankints y otros casos similares y garantizar la sanción de las posibles infracciones cometidas, la reparación para las víctimas y la no repetición.
 Respecto a la coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia, la relatora especial muestra su preocupación por la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones.
Señala que la “falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto, e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar”. Recordamos que la Relatora visitó a las autoridades indígenas detenidas en la cárcel de Turi, en Cuenca.
El informe fue realizado a partir de la información recibida por la Relatora Especial durante su visita al país entre el 19 al 29 de noviembre de 2018, de la investigación independiente, las observaciones realizadas por sus predecesores en 2006, 2008 y 20091, las comunicaciones emitidas por el mandato y las recomendaciones de otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Durante su visita, la relatora especial se reunió representantes de instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, academia, así  como con comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. También realizó visita in situ a la cárcel Turi, a los proyectos extractivos en Tundayme, entre otros.
Para Michelle Erazo, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) es indispensable que el Estado ecuatoriano tome e implemente estas recomendaciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Cabe resaltar que para Inredh  es de suma preocupación el sistema de criminalización y extorsión generado en el Cañar en contra de las autoridades indígenas de San Pedro; más aún cuando el pasado lunes, 9 de septiembre, se detuvo al señor Luis Calle Peñafiel, autoridad indígena que se había mantenido prófugo y en la que recaen acusaciones infundadas de secuestro extorsivo.