El Tribunal de Garantías Penales publicó este 24 de febrero la sentencia por el caso de Los Cuatro Niños de Las Malvinas, en la que reconoce la existencia del delito de desaparición forzada y establece responsabilidades, en un fallo que marca un precedente en materia de derechos humanos en el Ecuador.
La decisión judicial, emitida dos meses después de la audiencia, determina que los niños eran sujetos de especial protección por parte del Estado y que las alegaciones de desconocimiento de derechos humanos o de cumplimiento de órdenes no son admisibles en un Estado constitucional de derechos y justicia.
En rueda de prensa convocada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el equipo jurídico enfatizó que la reparación integral no puede condicionarse a la ejecutoría formal de la sentencia.
“El Gobierno no tiene que esperar a que exista una sentencia ejecutoriada para reconocer algo que desde el primer día se sabía y se negaba: que los niños son inocentes y que son víctimas de desaparición forzada”, señaló Fernando Bastias, Abogado del CDH. Además, advirtió: “Si el Gobierno vuelve a escudarse en la ejecutoría de la sentencia como un supuesto límite para ofrecer disculpas públicas o para resarcir el daño causado, estaría nuevamente revictimizando a las familias”.
El equipo legal también sostuvo que “es intolerable que, después de un año, todavía tengamos que seguir preguntándonos quién o quiénes están detrás de la muerte de los cuatro niños”, subrayando que el derecho a la verdad no puede seguir postergándose.
Durante la rueda de prensa, Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, tomó la palabra y expresó: “Esta sentencia nos da la razón. Desde el inicio defendimos a nuestros hijos, porque conocíamos sus valores, sus principios, lo que eran como personas”.
En su testimonio también afirmó: “Nosotros queremos llegar a la verdad. Queremos que todas las personas que juzgaron a nuestros hijos, a los cuatro de La Malvinas, sin saber, sin conocerlos, todavía están a tiempo de enmendar ese error. De reconocer que hicieron mal. Porque no solo dañaron la memoria y el honor de nuestros hijos, sino también el de nuestra familia. Se encargaron de destruirnos, de señalarnos, de lastimarnos profundamente”.
Para las familias y las organizaciones acompañantes, la sentencia representa un paso fundamental, pero el acceso a la verdad, la justicia y la reparación no se limita a la publicación del fallo, sino a la ejecución efectiva de las medidas de reparación integral y al esclarecimiento total de los hechos.
El CDH y las familias reiteraron su compromiso de defender la sentencia y sus efectos hasta las últimas instancias, y exigieron que el Estado cumpla con las obligaciones derivadas de esta decisión judicial.
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