Siete horas lleva la audiencia por terrorismo en Bolívar

  Siete horas lleva la audiencia por terrorismo en Bolívar

Más de 30 testigos se presentarán en la audiencia de juzgamiento de  Manuel Trujillo y Manuela Pacheco acusados del presunto delito de terrorismo organizado, según el art. 160.1 del antiguo Código Penal. La sanción que establece es de 4 a 8 años de prisión con una multa de $1.767 a $4.018

Los dos dirigentes de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar son acusados de terrorismo por los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto de 2012, donde se produjeron enfrentamientos entre los habitantes de la comunidad y los miembros de la Policía que resguardaban a los trabajadores de la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El Tribunal de Garantías Penales de Guaranda constituido por Edison Vicente Albán Monar, Luis Eduardo Ganan Paucar y Vladimir Alexander Salazar Betancourt instaló la audiencia cerca de las 09:30 este martes 19 de enero de 2016.

La primera en tomar la palabra fue la  Fiscal Jenny Vázquez, quien presentó 19 testigos: 17 policías, un médico y un perito de la Policía Judicial. A las 15:30 se suspendió temporalmente la audiencia  por ausencia del perito. Tras 20 minutos aproximadamente se reinstaló la audiencia.

Mientras un grupo de comuneros de San Pablo de Amalí, miembros del movimiento indígena, ecologistas y activistas de derechos humanos realizan un plantón en los exteriores del Tribunal. El objetivo: exigir que se haga justicia, dijo Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

A eso de las 12:00, los protestantes participaron en una marcha por el centro histórico de la ciudad de Guaranda para denunciar que Manuela, de 47 años, y Manuel, de 51 años, son defensores de la vida y del agua y por eso han sido procesados.

¡No somos terroristas, somos campesinos! gritaban los comuneros. Luego Kathy Betancourt, dirigente de la mujer de la Conaie, informaba a los curiosos que Manuel y Manuela, dos campesinos, podrían ser condenados a 8 años de prisión.

Manuel y Manuela son habitantes y defensores de derechos humanos de la comunidad de San Pablo de Amalí, lugar donde se encuentra la empresa Hidroeléctrica Hidrotamabo S.A que en octubre de 2013 desvió el río Dulcepamba. En marzo del año anterior, el río creció y al tener un cauce desviado este desbordó hacia la comunidad ocasionando la muerte de tres personas y pérdidas de casas y hectáreas de tierras.

Dato:
Manuel Trujillo ha sido procesado 42 veces por el delito de sabotajes y supuestos actos violentas. Por esos mismos delitos ha sido procesada 14 veces Manuela Pacheco.  

Estás personas procesadas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante Resoluciones de marzo y julio de 2008, que indicaban: “Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal”.