Hoy, 9 de noviembre de 2023, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) junto con otras 23 organizaciones de derechos humanos, participó en una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia tuvo como tema central el uso de la fuerza en el marco de las protestas. El evento se desarrolló en Washington D.C., Estados Unidos.
Las intervenciones de las organizaciones se dividieron de la siguiente manera:
CELS – Introducción y tendencias: Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, destacó la problemática de uso de armas «menos letales» en estallidos sociales, pues su principal característica está diseñada a producir daño o sufrimiento y, señaló que, su impacto en dispersar manifestaciones en América ha ocasionado graves afectaciones a la salud y los derechos humanos, incluso la muerte de manifestantes. Enfatizó atención a la falta de regularización en la fabricación, innovaciones y comercio.
UFRO – Tipo de armas menos letales, regulaciones y prácticas: Javier Velásquez Valenzuela del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Chile, habló sobre la necesidad de una perspectiva interdisciplinaria para comprender el uso de armas menos letales. Destacó que algunas de estas armas pueden ser letales y que su diseño orientado a provocar dolor intenso plantea serias preocupaciones. Aseguró que en Chile 460 manifestantes han terminado con trauma ocular y 80 de ellas ciegas. Además, expuso que el uso permitido de gas lacrimógeno en celdas cerradas se opone a lo establecido en la Convención Contra la Tortura.
ILEX – Violaciones de derechos humanos derivadas del uso de armas menos letales: En esta sección, se resaltaron las distintas problemáticas relacionadas con el uso discriminatorio dentro de un fenómeno creciente de perfilamiento racial en relación al uso indiscriminado de armas menos letales en la región; de lo cual devienen daños que pueden constituir tortura o tratos crueles. Expuso como en muchos casos las represiones se ven motivadas por prejuicios hacia grupos históricamente discriminados causando su criminalización y cito casos de varios países, incluyendo Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Estados Unidos.
CAJAR – Impunidad y acceso a la justicia: Se discutió la falta de acceso a la justicia para las víctimas de uso de la fuerza policial en la región, así como la impunidad en muchos casos. Se citaron ejemplos de Chile, Colombia y Argentina, donde las investigaciones han concluido sin establecer responsabilidades en la mayoría de los casos. De esta manera haciendo que subsista una preocupación regional por la falta de atención integral y reparación a las víctimas.
Alicia Tapuy Santi – Caso Byron Guatatuca: Alicia Tapuy, viuda de Byron Guatatuca, compartió su experiencia personal y familiar tras el homicidio de su esposo en una protesta en Ecuador. Destacó la importancia de buscar justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Además de enfatizar la afectación a su proyecto de vida, en cuanto a la situación de sus hijos, vivienda y vida laboral después de la vulneración causada por la fuerza pública en el paro de 2022.
Amnistía Internacional – Petitorio: Se presentó un petitorio a la CIDH, que incluye la solicitud de un plan de trabajo colaborativo sobre el uso de armas menos letales en protestas, instaron a los Estados a involucrarse en la discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre regulación de estas armas, y la posibilidad de crear una relatoría especial sobre seguridad y derechos humanos.
En resumen, la audiencia resaltó la preocupación por el uso abusivo de armas menos letales en protestas en la región y la necesidad de regulación y rendición de cuentas. Las organizaciones instaron a la CIDH a tomar medidas concretas para abordar esta problemática, además de determinar una política regional que guíe un equilibrio entre el orden público y la protección de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas.
Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe Letalidad Encubierta 2. En el documento, se evidencian los impactos de las armas menos letales usadas durante las protestas y se cuestiona la fabricación, uso y comercialización de este tipo de armamento.
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