Tortura e impunidad en Ecuador: sociedad civil informa grave situación ante Comité de la ONU

El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; el Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron un informe  alternativo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que examinará a Ecuador el próximo mes de noviembre, cuando el Estado presente su septenio informe periódico.  El Comité es el órgano supervisor del Art. 19 de la Convención contra la tortura y otros tratos, penas, crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas (ONU).

El informe de 15 hojas enviado el 17 de octubre al Comité de Tortura de Naciones Unidas tiene como objetivo exponer tres situaciones que evidencian la falta de cumplimiento efectivo de las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación que el Ecuador asumió al ratificar la Convención contra la tortura.   Las situaciones fueron analizadas a la luz de las recomendaciones realizadas al Estado ecuatoriano en el sexto período del año 2011.

En Ecuador,  pese que se ha impulsado reformas en la política penitenciaria, estas solo  se han dirigido a mejorar las condiciones de infraestructura de los centros de rehabilitación social más no en su estructura interna de funcionamiento ni en la actitud y trato de los funcionarios de seguridad frente a las personas privadas de libertad.

En el informe se presentó como ejemplo del contexto, los siguientes casos.

Caso Angelo Ayol: Tortura y detención ilegal a estudiante menor de edad del Instituto Nacional Mejía durante una protesta estudiantil el 17 de septiembre de 2014. Este caso se encuentra en encuentra indagación previa

Caso Turi: el 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 09:45, ingresaron un grupo de cerca 80 policías, de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur-Turi para realizar un supuesto operativo policial de requisa. Ese día los internos fueron víctimas de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Por estos hechos, la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Cuenca acepta la acción de habeas corpus y dicta varias medidas de reparación a favor de los internos.

Comisión de la verdad: en su informe del año 2010 registró 118 casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008 con un total de 456 víctimas, ellas 269 víctimas de privación ilegal de la libertad, 365 de tortura, 17 de desaparición forzada, 86 de violencia sexual, 17
de desaparición forzada, 68 de ejecución extrajudicial y 26 de atentado contra la vida. Ese mismo año, la CV entregó la información recabada a la Fiscalía General del Estad, la misma que creó la Unidad Especializada, que tiene a su cargo un total de 136 casos. De estos, a la fecha se han judicializado 6 de los 136 casos que tiene a cargo, es decir, que el 96% de los casos continúa en etapa de indagación previa y por ende en impunidad.

Caso Tibi: Daniel Tibi fue arrestado el 27 de septiembre de 1995, sin una orden judicial, fue enviado a Guayaquil donde fue recluido en una cárcel y quedó detenido ilegalmente, durante veintiocho meses. En ese tiempo Tibi fue torturado, golpeado, quemado y asfixiado para obligarlo a confesar su participación en un supuesto caso de narcotráfico. El 16 de julio de 1998 se llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 25 de junio del 2003 la misma sometió la demanda ante la Corte IDH contra el Estado ecuatoriano. Sin embargo, las medidas dictadas por la Corte no se han cumplido. No se han realizado las diligencias debidas para identificar a los autores de los hechos.

Caso Hermanos Jiménez: Los hermanos Líder Efrén, José Raúl, Miguel Ángel, Manuel Antonio y Anter Óliver Jiménez Jiménez de 28, 27, 25, 23 y 18 años de edad respectivamente, el 12 de octubre de 1998 fueron interceptados por militares en un supuesto operativo. Fueron detenidos de forma ilegal y arbitraria para luego ser torturados por miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. A la fecha, el caso continúa en la impunidad y se encuentra en etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, se reportaron otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado contra la sociedad civil como:

Caso Francisco Cajigas: Joven que desapareció el 17 de noviembre de 2015 y habría sido visto por última vez en custodia de agentes policiales. Dos semanas más tarde su cadáver fue encontrado.

Caso Freddy Taish: Ejecución extrajudicial de indígena shuar a manos de militares en la Provincia de Morona Santiago, durante operativo de la Agencia de Regulación y control Minero en 2013. Este caso se encuentra en indagación previa. 

Por lo anterior, entre otras peticiones,  solicitaron al  Honorable Comité recomiende Estado ecuatoriano:

 -Establecer un sistema adecuado para la evaluación y monitoreo de la efectividad de los programas de capacitación para los agentes del orden y, de ser el caso, modificarlos para que alcancen su objetivo: la prevención de tortura y otros tratos, crueles, inhumano y degradantes en el Ecuador. 

-Asignar presupuesto para la creación de unidades especializadas e independientes de la Policía Nacional para la investigación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en todo el país.

Leer informe alternativo completo aquí: