¿Qué son las graves violaciones a los derechos humanos?
Son las conductas que contravienen los derechos inderogables de las personas tales como la vida, la integridad personal, la dignidad, la libertad reconocidos por los tratados internacionales y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos asiente en que graves violaciones se producen cuando “Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan son las que producen o propician los actos violentos, (…) [o] Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes (…) en obtener el respeto a las garantías individuales”.
Con la reforma del Código Orgánico Integral Penal del 2014, en el Ecuador, se reconoce a los siguientes delitos contra la humanidad: genocidio, etnocidio, delitos de lesa humanidad, exterminio, esclavitud, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid y agresión, como graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario.
Dentro de la sentencia del caso Herzog y otros vs. Brasil, se determina que las graves violaciones a los derechos humanos no son únicamente las vulneraciones que califiquen como crímenes internacionales; y, por otra parte, que las prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas pueden obtener dicha calificación independientemente de si son cometidas como parte de un patrón sistemático o generalizado, debido al nivel de repudio que merecen dichos actos en sí mismos.
Tipos de graves violaciones a los derechos humanos
La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento; o los grupos armados organizados, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
La funcionaria o el funcionario público, agente del Estado que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia: la ejecución extrajudicial; la esclavitud; el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos; la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y prostitución forzada; inseminación no consentida, esterilización forzada; y la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.
Fuente: Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador
¿Qué pasa con las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas públicas?
Impunidad se refiere a cuando una persona que ha cometido algún tipo de delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar, o en su defecto, si la recibe, la misma no es proporcional al daño causado con su acción.
En el caso de las fuerzas públicas, es decir, Policía Nacional o Fuerzas Armadas del Ecuador, la impunidad judicial se refiere a cuando personas han sufrido vulneración de sus derechos humanos por parte de uno o más miembros de las instituciones antes mencionadas, y la justicia no ha respondido en un acto de reconocimiento o reparación de los daños.
Judicialización de casos en Ecuador
Frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Ecuador desde 1984 a 2008 se logró la instalación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, con el fin de investigar los hechos, identificar a las víctimas y a los posibles perpetradores que cometieron estas nefastas acciones.
La Comisión registró 118 casos y 456 víctimas de graves violaciones de derechos humanos: privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. Otros 18 casos también fueron recogidos por la Comisión de la Verdad, pero no fueron publicados en el “Informe sin verdad no hay justicia” que salió a la luz en el 2010.
Este informe estaba dividido en cinco tomos con una serie de recomendaciones de índole legal, administrativa y social; y la redacción de una propuesta de Ley de Reparación Integral. Y según este escrito, de los 118 casos publicados en el Informe, el 68% de las violaciones de derechos humanos corresponden al período del gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).
Por su parte, la Fiscalía General del Estado a partir de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad inició los procesos de judicialización de los casos, pero hasta la fecha de hoy, solo existe dos sentencias en firme respecto a los casos de graves violaciones de derechos humanos mientras la mayoría de los casos siguen congelados y rezagados.
Byron Guatatuca
Kichwa amazónico, de 42 años, falleció el 21 de junio a causa de un impacto de bomba lacrimógena a la altura de su rostro lanzada por la Policía Nacional en el contexto de las manifestaciones por el paro nacional 2022.
José Chaluisa
José Daniel se sumó a la jornada de manifestaciones. Ese día, 7 de octubre de 2019, José estaba protestando cuando fue acorralado por miembros de la Policía Nacional que los reprimió con elementos motorizados de la institución.
Henry Quezada
Quiteño de 39 años, murió el 23 de junio de 2022 tras ser abatido por el impacto de perdigones en su cuerpo que le causaron una laceración pulmonar, en el contexto del paro nacional de junio de 2022.
Edison Mosquera
Edison Mosquera Amagua, de 29 años de edad, falleció el 13 de octubre de 2019 luego de ser impactado por un proyectil de arma de fuego en las protestas sociales en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno.
Andrés Padilla
Andrés Padilla, joven imbabureño de 26 años, murió por un impacto de bala disparada por el policía David Velastegui, miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), mientras Andrés se encontraba de espalda, durante un operativo policial ocurrido el 23 de agosto de 2018 en Mascarilla, provincia de Imbabura.
Jimmy Ocles
Jimmy Ocles, afroecuatoriano de 30 años. El pasado 10 de diciembre de 2021 sufrió una detención arbitraria por parte de un guardia de seguridad y dos policías vestidos de civiles.
Christopher Santacruz
Christopher regresaba a su casa luego de clases. En la estación de La Ofelia, al norte de Quito, fue abordado de forma violenta por miembros de la FFAA, quienes se encontraban realizando un operativo de control en ese lugar.