Pronunciamiento
Estado ecuatoriano no asistió a Audiencia Temática de la CIDH sobre perfilamiento racial
Las organizaciones firmantes expresamos nuestro profundo rechazo y preocupación ante la inasistencia del Estado ecuatoriano a la audiencia temática prevista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 195° período de sesiones, en la que se abordaría el impacto de las políticas de seguridad en Ecuador y el perfilamiento racial como una de sus consecuencias más graves.
A tan solo dos días de la realización de la audiencia, el Estado ecuatoriano comunicó a la CIDH que no asistiría ni de forma presencial ni virtual, alegando una supuesta falta de notificación adecuada y solicitando la reprogramación del espacio. Esta decisión resulta particularmente grave si se considera que la delegación de INREDH y de las organizaciones sociales ya se encontraban en la ciudad de Guatemala para participar en este mecanismo internacional de rendición de cuentas.
Esta ausencia no constituye un hecho aislado. Se suma, por el contrario, a una preocupante práctica reiterada del Estado ecuatoriano de evadir espacios internacionales de diálogo, supervisión y monitoreo en materia de derechos humanos, debilitando así los compromisos asumidos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En distintas ciudades del país donde habita una importante población afrodescendiente —como Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Quito e Ibarra, entre otras— se vive cotidianamente el racismo sistémico, estructural e institucional. Una de sus expresiones más violentas es la práctica del perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
La configuración de la necropolítica siempre requiere un actor con poder que determine quién vive y quién muere. En ese escenario, el silencio del Estado termina transformándose en complicidad y en parte de una gobernanza pública que administra la vida y la muerte de poblaciones históricamente racializadas. El racismo mata. Y el perfilamiento racial es una de sus expresiones más evidentes.
En estos territorios, las intervenciones estatales suelen partir de la sospecha permanente y de la construcción de narrativas que presentan a estos espacios como territorios de criminalidad o como escenarios de disputa entre el Estado y grupos armados. En medio de estas narrativas y de estas realidades, quienes resultan mayormente afectados son las comunidades afrodescendientes, particularmente las mujeres y niñas negras, sobre quienes recae una carga extrema de cuidado en contextos de abandono estatal, precarización y estigmatización.
Estas poblaciones enfrentan múltiples violencias. Por un lado, la presencia y presión de grupos criminales; y por otro, la violencia que proviene del propio Estado, ya sea a través de acciones desproporcionadas o mediante la ausencia de respuestas estructurales. Esta realidad nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de presencia estatal existe realmente en nuestros territorios?
La histórica omisión y abandono, la falta de transparencia en las políticas económicas, y la ausencia de acceso efectivo a educación, oportunidades laborales y políticas públicas integrales han dejado a miles de jóvenes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En ese contexto, las organizaciones criminales encuentran terreno fértil para la captación. Así, comunidades enteras se ven obligadas a sobrevivir en condiciones que, en muchos casos, se asemejan a escenarios de guerra no declarada.
En medio de esta realidad, los cuerpos negros terminan situados en la línea de fuego: son los más expuestos a la violencia, los más vigilados y los más fácilmente convertidos en sospechosos. Sin investigaciones rigurosas ni garantías de debido proceso, muchas personas son señaladas públicamente como delincuentes y condenadas socialmente a partir de prejuicios raciales.
Esta lógica reproduce y legitima una forma de violencia estructural que deshumaniza a las personas afrodescendientes y normaliza la vulneración sistemática de sus derechos.
No negamos que el Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad. Sin embargo, esa crisis no puede ser utilizada como justificación para implementar políticas que criminalizan a comunidades enteras ni para convertir a una generación de jóvenes afrodescendientes en sospechosos permanentes.
Nuestros jóvenes no son enemigos internos. Son ciudadanos con derechos, con proyectos de vida y con el legítimo anhelo de vivir en paz. Las comunidades afrodescendientes demandamos seguridad con justicia, sin racismo y con pleno respeto a los derechos humanos.
Ante la cancelación de la audiencia temática, las organizaciones sociales mantuvimos una reunión privada con la CIDH, en la cual presentamos información sobre casos de perfilamiento racial, datos del informe país y los impactos de la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, evidenciando cómo determinadas políticas de seguridad están profundizando prácticas de discriminación y violencia institucional.
Reiteramos que el perfilamiento racial y el racismo sistémico no son problemas aislados, sino expresiones estructurales que afectan de manera desproporcionada a la población afroecuatoriana. Seleccionar personas para ser perseguidas, detenidas o violentadas únicamente por su apariencia, su edad o el territorio en el que viven no puede seguir siendo una práctica tolerada en un Estado que se declara constitucional de derechos y justicia.
Por ello, instamos al Estado ecuatoriano a comparecer de manera responsable ante los organismos internacionales de derechos humanos, a respetar los compromisos asumidos en el marco del Sistema Interamericano, a rendir cuentas de manera transparente sobre la situación real de los derechos humanos en el país y a revisar con urgencia las políticas de seguridad que están produciendo efectos discriminatorios y graves violaciones a derechos fundamentales.
La ausencia del Estado en estos espacios de diálogo y supervisión internacional no solo debilita los mecanismos de protección de derechos humanos, sino que también envía un mensaje preocupante a las víctimas y a las comunidades que viven cotidianamente situaciones de violencia, estigmatización y discriminación. Comparecer, escuchar y responder es parte esencial de las obligaciones de un Estado que se reconoce democrático y comprometido con el respeto a la dignidad humana.
Finalmente, reafirmamos que el compromiso de quienes defendemos los derechos humanos debe sostenerse desde una perspectiva antirracista y anticolonial. La lucha contra el racismo estructural es una tarea urgente para construir una sociedad verdaderamente democrática. No puede haber justicia ni seguridad real mientras persistan prácticas institucionales que reproducen desigualdades históricas y que colocan a determinados cuerpos y territorios bajo sospecha permanente.
El perfilamiento racial no es un problema exclusivo de las comunidades afrodescendientes. Es un problema que interpela a toda la sociedad ecuatoriana y a todas las personas que creemos en un Estado de derecho.
Cuando se estigmatizan territorios, se criminaliza a comunidades enteras y se normaliza la violencia estatal contra ciertos grupos sociales, lo que se debilita no es solo la convivencia social, sino la propia legitimidad del Estado.
Perder vidas, violentar la dignidad humana y tratar a poblaciones enteras como enemigas internas no es seguridad. Es la expresión de una lógica de necropolítica que, bajo discursos de miedo, legitima la violencia racializada y protege a quienes ejecutan abusos, torturas y tratos degradantes contra corporalidades negras y empobrecidas.
El Estado ecuatoriano no puede seguir ignorando la existencia del racismo y del perfilamiento racial en sus políticas y prácticas institucionales. Negar este problema solo profundiza las brechas de desigualdad y perpetúa la impunidad.
Las comunidades afrodescendientes, las organizaciones sociales y quienes defendemos derechos humanos continuaremos denunciando estas prácticas y exigiendo transformaciones estructurales.
El Estado ecuatoriano debe escuchar, reconocer y actuar.
El Estado ecuatoriano debe responder.
Y debe hacerlo ahora.
Organizaciones firmantes:
– INREDH
– Fundación Nía Kali
– Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Guayas
– Colectivo Mujeres de Asfalto