Por Sebastián Puruncajas *
El 26 de marzo, fue un día ajetreado para un voluntario del INREDH, pero con una misión clara, verificar lo que verdaderamente sucedió en la comunidad San Martín. Tras conocerse que se haría el “Festival por la Vida y la Paz”, convocado por la Alianza por los Derechos Humanos y otras organizaciones sociales, el INREDH organizó una pequeña comitiva que tendría la responsabilidad de acompañar a la comunidad y recoger testimonios, tal como lo habían despuesto quienes organizaron el festival. El objetivo era claro, hacer una investigación profunda de como sucedieron los hechos en la comunidad, recoger los testimonios de las personas implicadas como los dueños de las fincas bombardeadas y las personas que fueron amenazadas y torturadas por los militares ecuatorianos.
El viaje empezó en la noche desde Quito hacia Lago Agrio, donde nos encontraríamos con las demás organizaciones participantes de esta misión. La amabilidad de las personas de Sucumbíos se sintió desde el inicio, ya que al llegar nos recibieron con desayuno antes de partir hacia la frontera. Al encontrarnos ya todos los integrantes de la misión, embarcamos en un bus para ir directo a la “vereda” ecuatoriana en la frontera. Al llegar, en la orilla del río San Miguel, fue el momento de presentarnos todos los integrantes de esta misión para el festival, así se evidenció la presencia de varias organizaciones sociales: Alianza de Derechos Humanos, Quito Sin Minería, Clínica Ambiental, CROPECO e INREDH, junto a 2 artistas culturales. También la presencia de diferentes medios locales, destacando a Ecuavisa, listo para sacar un reportaje.
Para llegar a la comunidad de San Martín, donde fueron los hechos, se debe hacer un viaje de una hora río arriba por el río San Miguel, que separa a Ecuador y Colombia, ya que por tierra no se puede por la falta de acceso para automóviles. Pero por cuestiones climáticas, el río tenía escases de agua para que las lanchas puedan hacer un viaje tan largo y con tanto equipaje y tripulantes. Por esta razón, la alternativa fue cruzar hacia el lado colombiano y hacer un viaje que nos dejaría en frente de la comunidad San Martín. Sin embargo, tras la decisión del gobierno ecuatoriano de cerrar el puente internacional de San Miguel, el paso para llegar a Colombia, tanto para personas como para mercancía, era a través de lanchas que se movían de una “vereda” a la otra. El viaje era corto, 5 min se demoran las lanchas en ir de un país a otro, lo interesante era ver la cantidad de productos que se movían en estas lanchas: ropa, comida, gas doméstico y hasta motocicletas eran transportadas por lanchas de máximo 6 metros de largo.
Es así como nace una cuestión, ¿qué tan efectivo fue cerrar el puente internacional con el pretexto de la lucha contra el contrabando? Cerrar este puente sólo inclinó a que los comerciantes tengan la necesidad de trasladar sus productos por estas vías sin control estatal, lo que ha dado paso al nacimiento de 14 cruces informales. Nos subimos a las lanchas, tambaleándose de un lado al otro, y cruzamos hacia Colombia. Ahí, nos esperaban camionetas que brindaban servicios de taxis a las personas. De igual manera, en la orilla colombiana había personas que ofrecían cambio de monedas, tours por el Putumayo, hasta incluso una barcaza tipo discoteca para diversión de los habitantes. Después de transbordar de la canoa a la camioneta, emprendimos el viaje de una hora en tierra colombianas para llegar en frente a la comunidad San Martín. En este viaje pudimos observar bastantes novedades para nosotros. Por un lado, en territorio del departamento Putumayo, la vida cotidiana de las personas no es muy diferente a la de Ecuador.
Billas, discotecas, plantaciones de cacao y verde, vida silvestre y comerciantes era lo que más había en el trayecto que tuvimos. Por otro lado, nos sorprendió ver la cantidad de casas que vendían combustibles, hasta petróleo así a secas. También, resaltaban bastante las plantaciones de coca, al aire libre, las cuales las podías ver en todas sus formas: recién plantadas, creciendo, para cosechar y quemadas. Después de un viaje de 1 hora, pasando por la localidad de La Hormiga, llegamos otra vez a la frontera, ahora en la vereda colombiana. Nos esperaban ya otras canoas para dejarnos en las puertas de la comunidad San Martín. Es aquí donde conocemos al vicepresidente de la comunidad, el cual nos recibe para poder instalarnos en el sector de la casa comunal de San Martín. Tras recibir el desayuno, empezó la jornada, de dos días, con entrevistas a las personas afectadas. Estas entrevistas sirvieron para aclarecer cada punto de lo sucedió y se logró trazar una línea de tiempo con todos los eventos. Es difícil recordar y no desmoronarse internamente, ya que las personas afectadas se quebraron por todo el terror interno que tienen al haber pasado tantos escenarios que afectaron su vida cotidiana. Se pudo entrevistar a ciertos dueños de las viviendas afectadas, a algunos trabajadores de las fincas afectadas y a moradores de la comunidad que intentaron entablar conversaciones con los militares ecuatorianos.
Primero, el domingo 1 de marzo, el Ejército Ecuatoriano sobrevoló en el límite de la comunidad con helicópteros, militares aterrizaron e hicieron excursiones a dos casas deshabitadas por cuestiones personales de los dueños. Después de inspeccionar el lugar, los militares prendieron fuego a toda la vivienda con bidones de gasolina. Este suceso fue alertado a la comunidad en la noche. El lunes 2 de marzo, una delegación viajo al límite de la comunidad, para constatar los hechos donde se quemaron viviendas con cultivos. El martes 3 de marzo, una avioneta del ejército ecuatoriano bombardeó las dos casas previamente quemadas, terminando así por completo todo tipo de productos que se cosechaban en estas casas.
Seguido esto, helicópteros de la armada aterrizaron en la ribera del río San Miguel, donde bajaron alrededor de 15 militares y se aproximaron a la finca de Miguel G.. Entraron a la finca, donde se encontraban 5 personas trabajando dentro de ella, con armas desenfundadas y pidiendo a las personas que salgan con los brazos en la cabeza. Apresaron a 4 trabajadores y soltaron a uno, ya que era adulto mayor, y los interrogaron en el lugar pidiendo que den la información de “caletas” y las armas que “tienen” escondidas. Los trabajadores negaron la existencia de dichos elementos y dijeron que solo era una granja lechera y agrícola. Por esta razón, tras no encontrar nada en la finca de Miguel G quemarían por completo toda la finca, exceptuando un cuarto con las máquinas de trabajo para arar la tierra y pastar a los animales. Los militares se llevaron a los trabajadores atados de manos y cubiertos la cara, los comuneros fueron alertados de este suceso y fueron a supervisar lo que estaba pasando. Cuando los comuneros se estaban acercando al helicóptero militar para pedir explicaciones, los militares comenzaron con disparos de disuasión hacia la población civil, lo que hizo que las personas se dispersen y retrocedan.
Tras este suceso, los jóvenes detenidos fueron trasladados a un campamento militar y torturados intensamente hasta horas de la madrugada del siguiente día. Tras los testimonios dados en las entrevistas, las torturas fueron con baldes de agua, asfixia con su propia ropa, culatazos, maltrato físico y descargas eléctricas al cuerpo directo. Todos estos métodos para sacar información del grupo Comandos de la Frontera y de Alias “Mono Tole” que, bajo palabras de los afectados, no conocían. En la madrugada del martes 4 de marzo, dos personas vestidas de civil se acercan a la celda donde estaban los afectados y dicen: si ves, aquí están. Después de pasar unas horas de esa visita, los militares suben a una camioneta a los 4 detenidos y los llevan, con bolsas en la cabeza, hacia un centro de salud y los dejan tirados en la vereda y les dicen: “si les volvemos a ver en Ecuador, los matamos” bajo versión de un implicado. Consecuente a este hecho, el miércoles 4 de marzo, la directiva de la comunidad de San Martín se dirigió a la defensoría del pueblo de Lago Agrio para presentar una denuncia por los hechos suscitados, sin embargo, la entidad gubernamental dijo que ese caso no podía asumir ellos. Así, el estado se desvinculo totalmente de responder a los actos de violación a los derechos humanos de la comunidad.
Como día último de los atentados del ejercito contra la comunidad, el 6 de marzo volverían los sobrevuelos de avionetas y helicópteros. Un helicóptero aterriza en un sector de la comunidad, desembarcan los militares y hacen una especie de operativo, donde entran a las casas de los comuneros y los amenazan para que les den información de integrantes del Comando de la Frontera. Las personas no dan respuesta porque no tiene información alguna sobre estos temas de la guerrilla colombiana. Los militares salen de las casas y a uno de los comuneros le dicen que: “tienen que agradecer a Vicente Garrido por todo lo que está pasando, vamos a ir por él”. Esta amenaza era directa para el vicepresidente de la comunidad, el que fue a denunciar a la defensoría los hechos violentos causados por los militares ecuatorianos, Vicente Garrido, el hombre que ha estado enfrente de la comunidad para darle una voz y enfrentar al gobierno autoritario de Noboa.
En simultaneo de estos eventos, una avioneta del ejército ecuatoriano sobrevuela la finca ya incinerada de Miguel G, donde fueron retenidos los 4 obreros, y comienza a bombardearla. Este suceso es el que se marca a nivel nacional ya que el gobierno ecuatoriano subiría el video del bombardeo a la finca de Miguel G a las redes sociales, alardeando que habían destruido un campamento de “entrenamiento de grupos armados”. Afirmación totalmente errada e inventada por parte del gobierno de Daniel Noboa junto a sus ministros Reimberg y Loffredo, ya que se pudo constatar que lo que había ahí era una finca con granja lechera y con cultivos para la subsistencia diaria de Miguel G. Toda esta línea de tiempo sea ha construido con los testimonios recibidos de víctimas directas del accionar militar.
Puntos para rescatar sobre los testimonios hay varios. Uno de los dueños de las dos primeras casas bombardeadas, comentó que en esa casa no vivía nadie porque era muy lejana al centro de la comunidad, por lo que solo le dedicaba tiempo para sembrar y cultivar alimentos para vender y poder tener un ingreso extra. Lo que, gracias al bombardeo del ejército, perdió ese ingreso para subsistir en su día a día. El trabajador que cuidaba la otra casa destruida dijo que la dueña vivía fuera de la comunidad y que le pedía al trabajador que le “eche” un ojo periódicamente y que pueda supervisar los cultivos que tenía sembrado. De igual forma, este trabajador pudo aclarar un tema peculiar que había sido controversia y noticia nacional: la bomba encontrada en Colombia.
El lunes 16 de marzo, se avisaría a las autoridades colombianas que se encontró los restos de una bomba en el departamento Putumayo, la frontera con Ecuador, la cual no había explotado y se partió en dos partes. El gobierno colombiano verifico el código de serie y dijo que no es parte de su armamento, por lo que se concluyo que era una bomba ecuatoriana. La primera resolución fue que, durante los bombardeos a la comunidad San Martin, una de las bombas “rebotó” desde el lado ecuatoriano hacia el lado colombiano. Esa fue la conclusión de parte de los dos gobiernos, con un sentido de no escalar más el conflicto entre estas dos naciones gracias a los aranceles puestos por Daniel Noboa. El testimonio de esta persona dice que, desde el lado colombiano dos personas pudieron ver como las avionetas ecuatorianas cruzaron el rio por cielo y soltaron dos bultos negros y se fueron. Es así como el gobierno de Noboa quiere incentivar un conflicto a gran escala con Gustavo Petro, cuando en nuestro país no hay dinero ni para abastecer los centros de salud.
Otro testimonio fue el de la persona de tercera edad que los militares dejaron irse de la finca antes de apresar y torturar a los 4 trabajadores. El señor supo explicar que ese día estaban los 5 trabajando en la finca, como un día normal, y los militares entraron con las armas apuntando y le dijeron a el que corra para que no pase nada. Seguido de esto, el día 6 de marzo, el vuelve a la hacienda quemada para limpiar y recoger lo que se podía salvar, y comienza a escuchar los helicópteros por lo que sale corriendo con el miedo de que los militares lo agarren esta vez. Tras correr por todo el monte, ya que el helicóptero lo estaba siguiendo, se lanza a una quebrada y se quita la ropa para que no le puedan identificar. El trauma que genera este episodio en una persona de tercera edad es lamentable y sumamente preocupante, pero el ejército ecuatoriano actúa con impunidad total. Para terminar con los testimonios, se pudo conversar con ciertos trabajadores que fueron apresados y torturados, no están todos en Ecuador porque bajo las amenazas, prefirieron regresar a Colombia para estar a salvo.
Es totalmente indignante escuchar los métodos de tortura de los militares ecuatorianos para sacar información y humillar a 4 obreros que trabajan dignamente para dar un plato de comida para sus familias. La manera en que las fuerzas armadas del Ecuador violentan los derechos de las personas es increíble, sentir ese poder que les da portar un uniforme es igual a generar un abuso contra la población, la cual juraron proteger. Toda esta impunidad se las otorga el propio gobierno, el cual autoriza estos ataques sin un previo estudio, autoriza la intervención a casas de población civil y autoriza las prisiones en campamentos militares sin un control humanitario. Sin embargo, el papel del militar no es solo obedecer, tienen la suficiente moralidad en realizar o no sus actos excesivos como simplemente golpear con su arma a una persona que ya está apresada. Una de las frases que más puedo resaltar de los testimonios es: “no podía creer que en Ecuador no existieran los Derechos Humanos porque en Colombia no pasa esto, los militares respetan los derechos de cada persona, aun así, estando en la frontera”.
Para finalizar la visita al territorio, se presentó un mural elaborado por la comunidad junto al artista que nos acompañó. Esta obra representó a San Martín: una comunidad asentada a la orilla del río, que anhela vivir en paz. Sin embargo, es una población que enfrenta cotidianamente el asedio tanto del ejército ecuatoriano como de las bandas criminales que transitan por la zona. Se trata de un territorio profundamente abandonado por el Estado, al que no se puede acceder por vía terrestre y donde las brigadas médicas llegan, “coincidentemente”, después de seis años, para atender a sus habitantes. Los niños cruzan el río para asistir a la escuela en Colombia; los adultos adquieren sus víveres en ese mismo país, hasta el punto de que, en esta comunidad ecuatoriana, la moneda de uso más frecuente es el peso colombiano. Resulta indignante que la presencia estatal se reduzca prácticamente a operativos militares que, lejos de garantizar seguridad, reproducen prácticas de intimidación y violencia. Quienes deberían proteger el territorio y a sus habitantes terminan vulnerando sus derechos, incluyendo denuncias de tortura contra trabajadores que sostienen la vida comunitaria.
Sebastián Puruncajas
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional del Ecuador. Sus intereses académicos se centran en el análisis de la política exterior, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con énfasis en los procesos históricos que han influido en la proyección internacional de las potencias. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos académicos tales como el Laboratorio de Relaciones Internacionales- IRLAB como asistente de investigación, formó parte de la Misión de Observación Electoral de la UIDE y cuenta con formación como defensor de DDHH. Orienta su trabajo a una lectura crítica de la dinámica internacional y sus impactos en contextos periféricos. Actualmente es voluntario en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH.