La audiencia se realizará este lunes, 3 de octubre de 2022, a las 08:00, donde el juez del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, Cesar Fernando Pesantez, escuchará a todos los sujetos procesales, Fiscalía, Defensoría Pública, defensa de las víctimas y de los procesados. Además de que se practiquen, las pruebas testimoniales, periciales y documentales de las diferentes partes procesales. Se prevé que la audiencia de juicio se extienda por varias semanas debido al gran número de procesados y víctimas.
Para esta nuevo llamado a la audiencia de juicio se presentarán 32 procesados, entre ellos están miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), policías de camuflaje y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes son acusados de torturar a cerca de 200 personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur -Turi-, en Cuenca. Este hecho ocurrió en mayo de 2016 y actualmente continúa en investigación.
Esta diligencia se ha intentado realizar desde el 5 de abril de 2021, fecha del primer llamado a las partes procesales; sin embargo, no se garantizaron las medidas de bioseguridad y el juez Pesantez decidió no instalar la audiencia y estableció que la audiencia se instalaría en enero del 2022.
Después de esos 8 meses de suspensión, la audiencia que debía instalarse el 10 de enero de 2022 se declaró fallida. Cayo Cabrera, juez de la causa, la declaró así dado que dos de los tres de los jueces que conforman el tribunal dieron positivo a COVID 19. Luego, a través de una notificación, se estableció la nueva fecha para el 3 de octubre de 2022.
Para Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), judicializar por el delito de tortura permitiría sancionar y reparar a las víctimas, además de generar un precedente, mediante los elementos probatorios que podrían esclarecer esta vulneración a los derechos de vida e integirdad, incluso en el ambito del uso de la fuerza en el contexto penitenciario.
“Este proceso podría ser el inicio de la construcción de justicia en cárceles para superar la normalización de arbitrariedades en la funciones de la fuerza pública, en específico de las fuerzas policiales encargadas de los centros de privación de libertad”, concluyó Bolaños.
Contexto
El 31 de mayo de 2016 se realizó el “Operativo de Control de Requisa en las diferentes celdas del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del CDP del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur -Turi-. En el que participó el Grupo de Intervenciones y Rescate -GIR- y la Unidad del Mantenimiento del Orden -UMO- a cargo del Mayor Rene C. Durante este operativo alrededor de 200 personas privadas de libertad fueron torturadas por los agentes del Estado.
Ellos fueron golpeados, pateados, rociados con gas pimienta en sus rostros e inclusive expuestos a descargas eléctricas sobre sus cuerpos.
En materia penal, a pesar de que Fiscalía inició el proceso penal por el delito de tortura, el 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 policías imputados a 106 días y 16 horas, cambiando el delito al de Extralimitación en el acto de servicio.
Esta sentencia fue apelada y en marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad del proceso desde la etapa de juicio. Los argumentos fueron que se violentó el principio de congruencia porque Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
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