El lunes 20 de mayo, la Comunidad Ancestral de Salango compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una audiencia pública celebrada en Guatemala. La delegación estuvo conformada por comuneros y representantes del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Humanos y Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDHN-PUCE), además del acompañamiento político y organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su presidente Leonidas Iza.
La audiencia Comunidad Ancestral de Salango vs. Ecuador visibilizó los graves impactos que ha enfrentado esta comunidad del linaje Manteño-Huancavilca, tras la apropiación ilegal de más de 34 hectáreas de su territorio comunal, incluyendo playas, manglares, caminos ancestrales y espacios de uso colectivo.
Durante su testimonio, el comunero Robinson Arcos relató cómo este proceso afectó profundamente a su familia y a la comunidad entera. “Mis hijos aprendieron a nadar en esa playa. Hoy mis nietos ya no tienen acceso al mar porque está privatizado”, afirmó. También denunció que fue acusado de terrorismo por defender su territorio y se vio obligado a huir, dejando atrás su hogar y su familia. “El Estado ecuatoriano permitió que se antepongan deseos mezquinos y nos quitó a nosotros lo que es la vida, la playa, la arena, el mar”, dijo ante la Corte.
Arcos también recordó el caso de Policarpio Carvajal, comunero que estuvo presente en la audiencia junto con una delegación en representación de Salango. Robinson mencionó que su compañero fue detenido arbitrariamente y torturado por las fuerzas del Estado. “Le metieron corriente. Eso han hecho a la Comunidad de Salango”, declaró.
En su intervención como perito, el antropólogo Florencio Delgado reafirmó la pertenencia ancestral de Salango, así como la relación cultural y espiritual que mantiene con el mar. “Una parte fundamental del territorio de Salango es el mar; al no permitirles acceder, se les niega la práctica de actividades ancestrales”, explicó. Además, enfatizó que el etnocidio, entendido como la destrucción cultural de un pueblo, no aplica únicamente a pueblos en aislamiento voluntario, como lo sostiene erróneamente el Estado ecuatoriano.
Por parte del equipo jurídico desde el CDHN-PUCE, la abogada Alejandra Montero Riofrío señaló que diversas instituciones públicas y funcionarios estatales interpretaron de forma incorrecta la legislación ecuatoriana, lo que derivó en la negación de los derechos colectivos de Salango. Amanda Mosquera, también abogada del caso desde INREDH, enfatizó que el Estado falló al reconocer la personalidad jurídica del pueblo ancestral y permitió decisiones arbitrarias por parte de autoridades judiciales y administrativas. “El Estado no garantizó las condiciones jurídicas mínimas para el ejercicio de sus derechos colectivos”, afirmó.
Diana León, abogada de INREDH, resaltó el largo camino recorrido por la comunidad: “Hoy en esta sala está la comitiva de la Comunidad Ancestral de Salango. Han resistido por más de 25 años y viajaron miles de kilómetros para que se conozca y reconozca su dignidad, su vida y su memoria”.
La representación del Estado ecuatoriano, encabezada por el Procurador General del Estado, sostuvo que la comunidad habría transferido voluntariamente parte de su territorio a un tercero, argumento desmentido por la comunidad y por el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había determinado que existieron violaciones a derechos como la personalidad jurídica, los derechos culturales y el derecho al territorio.
Durante la audiencia, los representantes del Estado enfatizaron que todas las playas en Ecuador son públicas, pero también reconocieron que el único acceso terrestre a Playa Dorada atraviesa una propiedad privada, y que actualmente no existe un paso peatonal libre para la comunidad.
La CIDH ratificó sus observaciones sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos de la Comunidad Ancestral de Salango y recordó que esta mantiene una organización propia y una autodefinición indígena que debe ser protegida conforme al derecho internacional.
Finalmente, después de casi 10 horas de declaraciones, peritajes y contrainterrogatorios, la Corte IDH cerró la sesión del Caso Salango vs. Ecuador. La Corte ordenó la presentación de los alegatos finales por escrito hasta el 19 de junio de 2025, etapa crucial que antecede al fallo definitivo.
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