Luego de más de diez años de lucha y tras agotar todos los recursos judiciales en Ecuador, la familia de Ángelo Ayol Barros, joven víctima de tortura policial en 2014, presentó este 12 de junio de 2025 una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción busca obtener justicia a nivel internacional, ante la negativa del Estado ecuatoriano de reconocer y reparar adecuadamente una grave violación a los derechos humanos.
La familia Ayol Barros interpuso en 2014 una denuncia por el delito de tortura contra varios miembros de la Policía Nacional, en el contexto de graves vulneraciones a los derechos fundamentales de su hijo. Luego de más de una década de búsqueda incesante de justicia, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante resolución del 12 de diciembre de 2024, con cinco votos a favor y cuatro votos salvados, resolvió desestimar la Acción Extraordinaria de Protección presentada por la familia.
La demanda constitucional tenía como objetivo impugnar la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, en la que los jueces, actuando de oficio, recalificaron el delito imputado, sustituyendo el tipo penal de tortura (art. 151 del COIP) por el de extralimitación en un acto de servicio (art. 293 del COIP). Esta recalificación implicó la declaratoria de inocencia de uno de los procesados y una reducción drástica de la pena impuesta al otro: de cinco años de privación de libertad a tan solo 107 días.
Con la desestimación de la acción constitucional, la familia Ayol Barros agotó todos los recursos legales disponibles a nivel interno, consolidando una decisión judicial que trivializa la gravedad del delito de tortura y socava el acceso efectivo a la justicia. La resolución de la Corte Constitucional ha sido cuestionada por su falta de congruencia con los estándares internacionales sobre la prohibición absoluta de la tortura y la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente estos crímenes.
En la Acción Extraordinaria de Protección se argumentó que la Corte Nacional vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica, al modificar los hechos y la calificación jurídica del delito. No obstante, la Corte Constitucional consideró que no existió extralimitación de funciones.
Con esta resolución se cerró la última puerta dentro del sistema judicial ecuatoriano. Ángelo Ayol, quien en 2014 tenía 17 años, fue víctima de una violenta agresión policial cuando salía de clases y se dirigía a su domicilio en el barrio San Juan. Aunque no participaba en ninguna manifestación, ese día se desarrollaban protestas en el centro histórico de Quito, cerca del Instituto Nacional Mejía, donde él estudiaba. La Policía, al reprimir a los manifestantes, también arremetió contra Ángelo, atentando contra su integridad sin justificación alguna.
Ante este escenario, la familia, con el acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición individual contra el Estado ecuatoriano, solicitando que el caso sea admitido y procesado en el ámbito internacional.
Este paso representa no solo una búsqueda de justicia para Ángelo y su familia, sino también un llamado urgente a la comunidad internacional frente a la falta de garantías en el sistema judicial ecuatoriano para proteger a las víctimas de violencia estatal, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
La Fundación INREDH reitera su compromiso con los derechos humanos y hace un llamado al Estado ecuatoriano para que asuma su responsabilidad, garantice la no repetición de estos hechos y avance hacia una verdadera reparación para quienes han sido víctimas de sus propias instituciones.
Contexto del caso
El 17 de septiembre de 2014, Ángelo Ayol Barros, estudiante de 17 años del Instituto Nacional Mejía, fue brutalmente agredido y torturado por miembros de la Policía Nacional en el centro de Quito. Mientras salía del colegio, fue interceptado por un operativo policial, atropellado por motocicletas, golpeado con cascos y toletes, gaseado y llevado inconsciente y a la fuerza a la Unidad de Policía Comunitaria de La Basílica, donde permaneció detenido ilegalmente.
En ese centro de privación de libertad se ejecutaron más actos de violencia y tortura. El adolescente fue brutalmente agredido por parte de miembros de la fuerza pública, quienes le propinaron múltiples golpes y patadas. Como consecuencia de las patadas en la cabeza, Ángelo perdió dos muelas; además, los agresores le ocasionaron heridas profundas en el cuero cabelludo utilizando un esferográfico que introducían con violencia en su piel, provocándole desgarros e intenso dolor.
Estas graves violaciones de derechos humanos ocurrieron sin justificación alguna y constituyen un alarmante caso de tortura policial contra un adolescente.
Contacto Comunicación
+593 99 205 8210