El 1 de marzo de este año se cumplen 15 años desde que una brigada del Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba en territorio ecuatoriano, en la zona de Angostura, provincia de Sucumbíos.
La denominada operación ‘Fénix’, que tenía como objetivo la detención de Édgar Devia, alias Raúl Reyes de las FARC, dejó como resultado la muerte de 25 personas, entre ellas Soren Avilés, Fernando Franco, Juan González y Verónica Velásquez, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes junto a Lucía Morett (sobreviviente) se encontraban en el lugar de los hechos para investigar sobre grupos sociales insurgentes, como parte de su tesis de posgrado.
Tras 15 años, –explican las y los familiares de los jóvenes mexicanos– “nuestras demandas continúan siendo las mismas, exigimos justicia para nuestros hijos y el castigo de los culpables, exigimos se reivindique su memoria ya que fueron difamados y criminalizados, en la misma medida del daño que causaron a su memoria es que deben repararlo”.
“Pedimos ante los gobiernos de Colombia, Ecuador y México el reconocimiento de la masacre de Sucumbíos como un crimen de Estado y que se reconozca a nuestros hijos en su calidad de víctimas al ser civiles que fueron violentados en el más importante de los derechos, el del respecto a la vida”, concluye la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador (APFVSE) en su comunicado.
Asimismo, mencionan que, en febrero de 2023, recibieron comunicaciones por parte del presidente Gustavo Petro buscando un acercamiento tras 15 años. “Leímos en un comunicado enviado por el Gobierno de Colombia, en el que lamentaban los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2008 donde fueron asesinados nuestros hijos”.
El ataque que se produjo durante la madrugada del 1 de marzo de 2008, con misiles de precisión y alto poder involucra la responsabilidad de tres países: Colombia, quien ejecutó el ataque; Ecuador, país en el que se desarrollaron los hechos; y México, país de origen de las cinco víctimas. Y considerando aspectos de este ataque, se lo tipifica como un delito de crimen de guerra y lesa humanidad, así como la violación de la frontera y bombardeo en territorio de un país limítrofe.
Y ante la falta de respuesta e inoperancia frente a esta grave violación a los derechos humanos, el 25 de marzo 2014, las familias presentaron una petición de admisión del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos por parte del Estado ecuatoriano, colombiano y mexicano al no otorgar una respuesta certera frente a la exigencia de reparación integral, verdad, justicia y memoria.
Esta petición fue aceptada por la CIDH en febrero de 2021. Entre los derechos vulnerados en este caso se contempla el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial y el derecho a la libertad de expresión.
Actualmente, los tres países involucrados se encuentran en etapa de fondo dentro de la CIDH. En el 2021 y 2022, las organizaciones peticionarias aportaron con información correspondiente a los hechos generales y particulares ocurridos en cada país; las investigaciones y los informes de las tres naciones; las vulneraciones a los derechos, y varios informes de trabajo social sobre los proyectos de vida, desgaste mental y/o físico.
Se prevé que la CIDH evalúe si existió o no la vulneración de los derechos alegados y remita un informe de fondo, en el que existan recomendaciones para los Estados involucrados.
Dato:
En 2022 el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia, bajo un enfoque de análisis del conflicto armado de Colombia, incluyó el caso de Angostura. En este informe se recolectaron alrededor de 30.000 testimonios, incluyendo el de algunas víctimas indirectas de la también denominada ‘Masacre de Sucumbíos’.
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