Este viernes 26 de abril de 2024, a partir de las 09:00, se instalará de forma telemática la audiencia oral y pública de acción de protección que impugna el registro de pastores, pastoras, líderes religiosos, ministros y ministras de culto. El registro forma parte de la reparación integral del dictamen del Tribunal de Garantías Penales que encontró culpable a Jonathan C., por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde.
Esta medida de reparación entró en vigencia como parte del cumplimiento de la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2019 y ratificada por la Corte Provincial en mayo de 2020. Las organizaciones religiosas tenían un plazo de 60 días, contados desde el 15 de febrero, para cumplir con el registro ante la Dirección de Registro de Movimientos Sociales, Culto, Creencia y Conciencia del Ministerio de Gobierno. Frente a esta disposición, grupos religiosos evangélicos interpusieron una acción de protección alegando discriminación y persecución religiosa, entre otras presuntas vulneraciones a derechos constitucionales.
Catalina Reinoso Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) comentó que espera que se instale la audiencia sin irregularidades, puesto que la misma se ha suspendido dos veces: una por falta de convocatoria a la defensa técnica de Elizabeth Rodríguez pese a que la audiencia versa sobre una medida de reparación del caso, y también por la declaratoria de feriado energético.
Para la abogada Reinoso Flores esta audiencia es fundamental para demostrar que la medida de registro de pastores no conlleva ningún tipo de discriminación, ni persecución contra organizaciones religiosas, más bien lo que busca es garantizar el cumplimiento de una de las medidas de reparación del caso estipulado en la sentencia que, además, es un derecho adquirido de las víctimas.
Contexto
Juliana Campoverde desapareció el 7 de julio de 2022 a los 18 años, en el sur de Quito. Tras seis años de investigación, la Fiscalía detuvo a Jonathan C., pastor evangélico, como principal sospechoso de la desaparición. Fue procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte y el 18 de noviembre de 2019, el Tribunal de Garantías lo declaró culpable en calidad de autor directo del delito de plagio con resultado de muerte.
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