El día 11 de marzo del 2025, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el contratista internacional de defensa Erik Prince, anunciando un dialogo para una “cooperación/ayuda internacional” sobre asuntos de seguridad. Sin embargo, esto debe ser causa para el seguimiento y vigilancia de la ciudadanía, por las siguientes razones:
En primer lugar, si bien la situación de seguridad a nivel nacional es un tema que nos concierne a todos y todas, Erik Prince es el fundador de una empresa contratista militar que ha sido ampliamente cuestionada a nivel mundial por su historial en materia de derechos humanos. ¿Qué tipo de seguridad puede garantizar una empresa cuya propia actividad ha puesto en riesgo la vida de muchas personas?
En segundo lugar, los Estados tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza porque sirven a la ciudadanía y sus agentes están sometidos jerárquicamente a autoridades civiles elegidas en las urnas. Además, existen normas y procedimientos que nos permiten identificar qué agentes cometen excesos o abusan de la confianza pública. Las empresas militares privadas, operadas por mercenarios no tienen ese tipo de control. Sus operaciones son oscuras, sus miembros suele ser personal extranjero que no se queda por mucho tiempo en el país de manera que eluden el escrutinio público y de la acción investigativa de la fiscalía. El uso de estos agentes demostraría una intensión manifiesta de evitar los controles internacionales, constitucionales y legales con el fin de iniciar acciones que ilícitas en el combate al crimen organizado. Menos control a este tipo de actividades tiene la potencialidad de que los casos como los de Ismael, Nehemías, Josué y Steven se multipliquen.
Las operaciones de Blackwater y sus sucesoras, como Academi y Constellis, han estado involucradas en múltiples incidentes que violan las normas internacionales y los derechos humanos. Uno de los casos más notorios es la masacre de la plaza Nisour en 2007, donde empleados de Blackwater dispararon contra civiles iraquíes, resultando en 17 muertos y 20 heridos. La presencia de estas empresas en países, bajo la premisa de mantener el orden público no ha logrado una pacificación social efectiva. Por el contrario, han exacerbado los conflictos, perpetuando su necesidad y asegurando sus ingresos a expensas del sufrimiento de las poblaciones locales. Estas prácticas evidencian que sus operaciones no constituyen una cooperación genuina, sino transacciones comerciales que tratan la guerra y la muerte como negocios lucrativos. El actuar de las empresas de Erik Prince pone en riesgo la soberanía, la seguridad jurídica y la democracia. No es cooperación, es una transacción por un servicio, pues son empresas que manejan la muerte como un negocio.
Estamos de acuerdo que el país requiere desarrollar estrategias claras para enfrentar la crisis de seguridad respetando los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional. La cooperación internacional debe darse entre Estados y enfocarse en diversas aristas para que la seguridad deje de ser un discurso político populista y se transforme en una realidad. Rechazamos que el Estado reciba directrices de un perfil cuestionado por irrespeto a los derechos fundamentales y que los efectos de sus intervenciones sean el terror en sus lugares de acción; sin ninguna garantía de que aporte en la solución a la crisis de seguridad que atravesamos.
Las soluciones aparentemente fáciles, rápidas y costosas no solo son insuficientes, sino que también pueden agravar los niveles de violencia en el país. Un claro ejemplo de ello es la propuesta de otorgar indultos a los agentes de control que «disparen», lo que generaría un efecto bola de nieve que seguirá creciendo en términos de mayor violencia, inseguridad y un aumento en el número de víctimas fatales. No debemos olvidar que la violencia solo engendra más violencia.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por discursos políticos populistas y a exigir acciones verdaderamente eficaces para enfrentar la inseguridad, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, instamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse vigilantes y a pronunciarse frente a los hechos de violencia y criminalidad que puedan ocurrir en el contexto actual.
Firman:
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE)
Fundación Regional de Derechos Humanos INREDH