Fiscal de la Comisión de la Verdad pide nulidad del proceso en caso Turi

Audiencia de apelación en la Corte Provincial de Azuay. Foto: Christian Sánchez.

En la audiencia de apelación que se desarrolló hoy, 6 de octubre de 2017, en la sala de la Corte Provincial de Azuay, el fiscal de lesa humanidad de la Comisión de la Verdad, Andrés Cabrera, solicitó a la Corte anular el proceso penal que se sigue por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en contra de 15 policías que participaron en el operativo de requisa, donde más de 200 personas privadas de la libertad del Pabellón de Mediana Seguridad JC fueron víctimas de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos cometidos por miembros de la Policía Nacional, el pasado 31 de mayo de 2016.

El fiscal Cabrera dijo en su alegato que lo sucedido en la cárcel Turi responde a un delito de tortura. Por ello, solicitó a la Corte Provincial declarar nulo la causa, pues enfatizó que no hubo imparcialidad durante todo el proceso de investigación, pues la mayoría de las diligencias fueron realizadas por el mismo Departamento de Criminalística de la Policía Nacional como son la reconstrucción de los hechos y los peritajes de audio y video, es decir, que los imputados eran investigados por el delito y a su vez eran los investigadores.

Frente a esta petición de nulidad, la defensa de los policías señaló que en la audiencia de apelación no se debe discutir la validez del proceso, sino el sobreseimiento de los 15 policías emitido por el juez el pasado 10 de agosto del año en curso. Con este argumento discrepó David Ayala, defensor público y abogado de las personas privadas de la libertad, que aseguró que en esta audiencia sí se puede solicitar la nulidad del proceso, ya que el juez de primera instancia no analizó la nulidad de la causa.

Ayala por su parte también solicitó a la Corte declarar nulo el proceso desde la instrucción fiscal, ya que explicó que la falta de imparcialidad en la investigación generó que el fiscal del caso en ese entonces, Adrián Arpi, tras el informe de reconstrucción de los hechos, reformulé el delito de tortura al extralimitación en la ejecución de un acto de servicio dejando en la impunidad el caso.

Además, el defensor recordó que si el Estado ecuatoriano no actúa bajo derecho afectará el derecho acceder a la verdad de las víctimas y será el responsable de que el caso quede en la impunidad, lo que puede generar responsabilidad internacional para el Estado. Recordamos, por ejemplo, que el Comité contra la Tortura durante el examen a Ecuador el año pasado, exigió al Estado que mantenga informado al Comité sobre el seguimiento del caso.

A las 13:00, la audiencia se suspendió y los jueces fueron a deliberar. La audiencia se reinstalará este miércoles, 11 de octubre de 2017, a las 11:00, en la sala de la Corte Provincial de Azuay.

Dato:

Por los hechos de tortura fueron procesados 49 personas: dos funcionarios del sistema penitenciario y 47 policías. De ello, 34 recibieron un dictamen abstentivo y 15 fueron sobreseídos.