Fiscalía suspendió reconstrucción de los hechos por tortura y detención ilegal

La falta de miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para suspender el tráfico en la calle Antonio Ante y Luis Vargas Torres frente al Colegio Mejía y la ausencia de dos motos que servirían para dramatizar el atropello que sufrió Alexander A., joven menor de edad que fue golpeado y detenido en las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, fueron las causas para suspender ayer, 3 de septiembre de 2016, la reconstrucción de los hechos por el delito de tortura y detención ilegal.

“No hay las garantías necesarias para realizar la diligencia”, dijo la fiscal del caso Marilyn C. que lleva el proceso de investigación por el delito de tortura y detención ilegal cometida por la Policía en contra de un joven del 17 años, estudiante del Colegio Mejía, que se dirigía a su casa mientras se desarrollaba una jornada de protestas convocado por algunos sindicatos y grupos sociales en contra de las políticas laborales del Gobierno de Ecuador.

Ayer, alrededor de las 19:30, la fiscal inició la reconstrucción de estos hechos con la presencia de Alexander A. y los testigos del caso. Los 9 policías (cabos, subtenientes y capitán) implicados en la detención ilegal y la tortura del joven no asistieron a esta diligencia.

A la reconstrucción de los hechos acudió Alexandra Loayza de la Defensoría del Pueblo para realizar la vigilancia del debido proceso.

Tras 10 minutos de la instalación de la reconstrucción, ante la falta de la AMT y de las motos, la diligencia fue suspendida. Para Alicia Barros, madre del joven, es preocupante que se haya suspendido la reconstrucción. “Nos preocupa y nos decepciona que no se haya dado – dice Barros – esperamos que se haga justicia”.

En octubre se cumple dos años de los hechos. Se espera que la fiscal del caso formule cargos en contra de los policías por el delito de tortura y detención ilegal. Tras de ello, se podría iniciar la etapa de instrucción fiscal que dura 90 días. Ver aquí denuncia:

El delito de tortura está tipificado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una  pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en caso que sea cometido por un o una funcionaria pública.   

A la reconstrucción de los hechos, acudieron amigos, familiares y simpatizantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) para respaldar al joven víctima de tortura.

Dato: 

La diligencia se iba a realizar en los exteriores del Colegio Mejía, la Unidad Policial Comunitaria (UPC) de la Basílica y la Unidad de Flagrancia con la finalidad de reconstruir los sucesos ocurridos aquel día.