El jurista Enrique Herreru00eda se encuentra en la lista de los jueces a la Corte Constitucional. Foto: medium.com
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) impugnará la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional por falta de probidad del candidato al haber sido parte de una estructura de represión acusada de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrido en la década de los ochenta y noventa.
Enrique Herrería fue Intendente de Policía en Guayas durante la administración presidencial de Rodrigo Borja que continuó con la estructura de represión, montada desde el gobierno social cristiano de León Febres Cordero. Herrería, en ese entonces, firmó ilegalmente órdenes de detención contra adversarios políticos, los que fueron documentados en el Informe de la Comisión de la Verdad, dado a conocer en el año 2010, la cual, recopiló graves violaciones a los derechos humanos comprendidas en el periodo 1983 – 2008. En este informe se documentó la participación de Herrería en el caso denominado María Banchón y otros (C 75), en el tomo 4, página 38, en donde se identifica y documenta tres víctimas de tortura y ejecución extrajudicial. Herrería aparece como el “Intendente que firmó la orden de captura contra María Banchón un día después de ser capturada”, siendo esta acción totalmente ilegal e ilegítima, por lo que Herrería no tiene “probidad notoria”, que es uno de los requisitos fundamentales para acceder al cargo de juez constitucional.
Ver informe: aquí
INREDH valora el proceso de reinstitucionalización del Estado llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; sin embargo, cree firmemente que de dar paso a esta candidatura, este proceso se verá opacado por intereses políticos que pueden estar detrás de la candidatura de Herrería y que pueden coartar el deseo de la sociedad ecuatoriana de buscar verdad y justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado y con ello se corre el riesgo de que estos hechos vuelva a repetirse.
INREDH recuerda al Estado ecuatoriano que, al reconocer su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentados en el Informe de la Comisión de la Verdad, tiene la obligación de reparar los daños provocados a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición de hechos similares, lo cual fue recogido por la Asamblea Nacional en la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Por ello, como organización de derechos humanos nos preocupa que, dentro de la lista a jueces para la Corte Constitucional, máxima instancia de interpretación de la Carta Magna, se pueda nombrar a uno de los posibles perpetradores de las atroces vulneraciones a los derechos humanos señaladas en este informe. Su designación enviaría un mensaje de injusticia e impunidad a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en general y se mostraría contrario al mandato de un Estado constitucional de derechos.
La impugnación respectiva será presentada en el periodo que sea indicado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y se la fundamentará en la audiencia pública que deberá convocarse para tal efecto.