La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentó hoy, 27 de noviembre de 2025, cinco peticiones ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador para que un grupo de sobrevivientes de las graves violencias documentadas en el caso “Nueva Coccinelle” sea incorporado al Programa de Reparación por Vía Administrativa.
Estas solicitudes representan un paso decisivo en reconocimiento del Estado de la verdad, memoria y justicia para las víctimas del caso “Nueva Coccinelle”, que durante décadas, fueron objeto de persecución; agresiones físicas y sexuales; tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias, discriminación; y, estigmatización por parte de agentes estatales.
Las personas solicitantes son sobrevivientes directas de los hechos registrados por la Comisión de la Verdad y actualmente son víctimas dentro de la investigación que lleva Fiscalía por el presunto delito de lesa humanidad. Varias de ellas son adultas mayores y viven con enfermedades y discapacidades directamente relacionadas con las violencias sufridas en aquellos años. Lo que se busca es una reparación integral colectiva.
Sus testimonios dan cuenta de un patrón de brutalidad policial, violencia sexual como mecanismo de “correctivo”, operativos dirigidos específicamente a personas de diversidades sexo-genéricas y tratos crueles que dejaron secuelas profundas en sus cuerpos, su salud mental y sus condiciones de vida.
La presentación de los oficios busca garantizar que reciban medidas de reparación acordes a su condición actual, incluyendo atención médica y psicológica especializada, reconocimiento oficial de su calidad de víctimas, medidas colectivas de memoria, garantías de no repetición, inclusión económica y acciones institucionales que permitan restituir su dignidad.
Las solicitudes también subrayan la necesidad de que la Defensoría del Pueblo ejerza una rectoría clara en la implementación de medidas de reparación inmaterial y de memoria histórica, así como la conformación de una veeduría especializada que dé seguimiento a la investigación penal en curso, hoy a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Esta investigación, que permanece abierta desde 2019, constituye el primer expediente penal que da cuenta de manera integral los patrones de violencia estatal contra personas LGBTIQ+ durante las décadas de los ochenta y noventa.
Amanda Mosquera, abogada de INREDH, señala que estas graves violaciones de derechos humanos fueron producto de prácticas sistemáticas e institucionalizadas por parte de los agentes de control. Varias víctimas ya han fallecido, por lo que esta vía administrativa busca garantizar que quienes aún viven accedan a una reparación integral en vida. Se trata de una deuda histórica del Estado con todas las sobrevivientes, quienes en la actualidad continúan enfrentando las consecuencias materiales y emocionales derivadas de ese abandono e invisibilización.
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